Víctor García: "La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria no se va a sumar a las jornadas voluntarias de Carnaval porque el decreto presentado no está negociado y está impuesto"

El conflicto laboral que mantiene la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria con el Ayuntamiento ha emergido con especial notoriedad durante la celebración del Carnaval, una de las festividades más importantes para la ciudad. Sin embargo, la disputa entre los agentes y la administración no se circunscribe únicamente a la cobertura de los grandes eventos festivos, sino que refleja una problemática mucho más amplia que afecta al desempeño cotidiano de los cuerpos de seguridad municipales.

Víctor García, portavoz de la Unión Sindical de la Policía y Bomberos (USPB), denunció en el programa "A Buenas Horas con José Luis Martín" la falta de negociación y la precariedad que atraviesa el cuerpo desde hace meses. "La realidad es que nosotros no estamos en conflicto por una jornada del carnaval, los ciudadanos tienen que entender que esto es una reivindicación mucho más amplia que tiene que ver con el trabajo que hacemos diariamente, no solamente en las fiestas del carnaval", afirmó García.

Falta de personal y jornadas extraordinarias

Uno de los principales ejes de las reivindicaciones policiales radica en la falta de personal, una situación que, según los sindicatos, pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Desde septiembre de 2024, los agentes han denunciado la insuficiencia de efectivos para cubrir los servicios ordinarios y extraordinarios, una carencia que se ha hecho más evidente durante la celebración del Carnaval.

"Estamos hablando de falta de personal, de una nueva convocatoria de 47 plazas de policía local que están ofertadas y que queremos que convoquen este año", explicó Víctor García, destacando que los recursos humanos actuales son insuficientes para garantizar la seguridad en eventos de gran afluencia.

Además, los sindicatos critican la deuda acumulada en horas extraordinarias, que desde septiembre de 2024 hasta diciembre de ese mismo año no ha sido abonada. Esta situación, según García, no se resolverá hasta 2026 debido al límite del 10% establecido por la normativa estatal para el pago de horas extra.

Instrucción horaria obsoleta

Otro punto clave de la disputa es la instrucción horaria prorrogada desde 2021, que regula la jornada laboral de los agentes. A pesar de las reiteradas demandas sindicales, el Ayuntamiento ha pospuesto hasta finales de marzo de 2025 el inicio de las negociaciones para actualizar este marco regulador.

"Nos emplazaron para finales de marzo para empezar a negociarla, quizás tenía que haber sido esta propia semana", criticó García, enfatizando la falta de voluntad política para abordar una problemática que afecta directamente a la organización y calidad del servicio policial.

La respuesta del Ayuntamiento: Un decreto sin consenso

En un intento por garantizar la presencia policial durante las jornadas clave del Carnaval, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria emitió un decreto que regula el pago de los servicios extraordinarios a través del complemento de productividad. Esta decisión, lejos de apaciguar el conflicto, ha generado desconfianza entre los agentes.

"Es un decreto que no está negociado y está impuesto", declaró Víctor García. "Nosotros no podemos decir ni que sí ni que no, porque el decreto lo ha firmado la alcaldesa sin ni siquiera negociarlo".

Los sindicatos cuestionan la unilateralidad de la medida, así como la falta de garantías sobre el pago de las jornadas. La desconfianza se agrava por la experiencia previa del plan navideño, cuyo decreto fue anulado por la intervención municipal apenas dos semanas después de su publicación.

Seguridad privada como alternativa

Ante la negativa de los agentes a realizar refuerzos voluntarios, el Ayuntamiento ha recurrido a la seguridad privada para cubrir algunos eventos, una práctica que los sindicatos consideran irregular y peligrosa. "Hemos tenido que presentar denuncias tanto a la Delegación de Gobierno como incluso a la Fiscalía en algunos supuestos donde se han hecho usurpaciones públicas", denunció García.

La falta de efectivos también ha obligado al cierre de parques municipales, una medida que, según los sindicatos, atenta contra la seguridad de los ciudadanos. "Se está normalizando el cierre de parques por falta de bomberos, los agentes de movilidad están en la misma situación de precariedad que la policía local", advirtió el portavoz sindical.

Negociaciones a finales de marzo

A pesar de la tensión acumulada, los sindicatos valoran positivamente la reciente disposición de la alcaldesa para iniciar una negociación con las fuerzas de seguridad. "Entendemos que es el paso para poder empezar a resolver el problema, lo que no entendimos es que haya hecho este decreto sin negociar", reconoció García.

Sin embargo, los representantes policiales insisten en la necesidad de abordar el conflicto desde una perspectiva integral, que contemple no solo la cobertura de eventos festivos, sino la mejora estructural de las condiciones laborales. "Nosotros estamos intentando resolver un problema, y no es un problema para las tres jornadas del carnaval que vienen la semana que viene", subrayó el portavoz de USPB.

Una seguridad digna para la ciudadanía

El objetivo final de las reivindicaciones policiales es garantizar una seguridad pública de calidad, sostenida en el tiempo y ajena a improvisaciones. La solución pasa por la contratación de nuevos efectivos, la actualización de las condiciones retributivas y la modernización de la organización del servicio.

"Estos eventos, si se desarrollan, se tienen que hacer con muchísima solvencia en materia de seguridad, y que la gente venga a divertirse con la garantía de que aquello está cubierto perfectamente por las autoridades", concluyó Víctor García.

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