Lola García: "Hay que empezar a ser valientes y hablar de la Ley de Residencia"

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha puesto sobre la mesa uno de los debates más candentes de los últimos años en la isla: la necesidad de una Ley de Residencia que regule el crecimiento poblacional y turístico. Esta propuesta surge como respuesta al impacto que la afluencia masiva de turistas y la llegada constante de nuevos residentes está teniendo sobre las infraestructuras, los servicios básicos y la calidad de vida de la población local. Con una postura firme, García ha manifestado en el programa "A Buenas Horas con José Luis Martín" que es necesario ser valientes y afrontar la realidad de una isla que ha alcanzado su capacidad máxima.

Crecimiento poblacional y turístico: Una isla al límite

Fuerteventura ha experimentado en las últimas décadas un crecimiento demográfico sin precedentes. Según datos ofrecidos por la presidenta del Cabildo, la isla ha pasado de 65.000 habitantes en el año 2000 a más de 128.000 personas censadas en la actualidad. Este aumento ha coincidido con el incremento de la llegada de turistas, que solo en el último año ha superado los 2,5 millones de visitantes, lo que supone una carga adicional sobre las infraestructuras y servicios. A todo esto se le suma que el aeropuerto de Fuerteventura contabilizaba en enero un 8,1% más de pasajeros, lo que significa que estamos hablando de más de medio millón de turistas solo en ese mes.

Este ritmo de crecimiento ha llevado a que la isla se enfrente a serios problemas para garantizar los servicios básicos, como el abastecimiento de agua, las infraestructuras educativas, sanitarias y viarias. “Nosotros decimos que no podemos seguir creciendo al mismo ritmo...necesitamos mejorar la calidad, no la cantidad”, subrayó García.

La propuesta de la Ley de Residencia

La propuesta de una Ley de Residencia para Fuerteventura nace como una solución para frenar el crecimiento descontrolado que está afectando a la isla. Esta iniciativa pretende limitar la llegada de nuevos residentes hasta que las infraestructuras y servicios básicos puedan adaptarse al volumen de población existente.

“Hay que ser valientes y empezar a hablar, no podemos seguir creciendo al mismo ritmo”, afirmó la presidenta, destacando que esta regulación no solo beneficiaría a los residentes actuales, sino también al sector turístico al mejorar la calidad de los servicios ofrecidos.

La propuesta se inspira en modelos similares aplicados en otros destinos turísticos de gran afluencia, como Baleares o algunas regiones de Italia, donde se han implementado restricciones a la residencia para preservar la calidad de vida y proteger el medio ambiente.

El agua y las infraestructuras básicas

Uno de los problemas más acuciantes que enfrenta Fuerteventura es el abastecimiento de agua. A pesar de que las principales zonas turísticas de la isla, como Antigua, Pájara y La Oliva, cuentan con servicios de agua privatizados que no dependen del Consorcio Insular, la demanda creciente ha agravado la escasez de este recurso.

“La parte turística no nos afecta directamente, pero sí nos afecta el crecimiento poblacional que ha sufrido Fuerteventura que afecta a las infraestructuras básicas”, explicó García.

Además, el aumento del tráfico, la necesidad de ampliación de los centros de salud y la falta de viviendas asequibles son otros de los desafíos que la presidenta del Cabildo ha señalado como prioritarios.

Vivienda digna: Un derecho en peligro

El crecimiento demográfico ha disparado los precios del alquiler y ha generado una auténtica emergencia habitacional en la isla. La escasez de viviendas ha provocado que algunas personas se vean obligadas a recurrir a infraviviendas o asentamientos ilegales en suelo rústico y protegido.

“Estamos viendo cómo empiezan a proliferar instalaciones no autorizadas en suelo rústico, eso no es legal y pueden venir sanciones de entre 600 y 300.000 euros”, advirtió García.

El Cabildo, en colaboración con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, está trabajando en la construcción de viviendas de protección oficial y en la rehabilitación de viviendas antiguas para paliar esta crisis. No obstante, la presidenta reconoce que aún queda mucho por hacer para garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los habitantes de la isla.

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