Beatriz Calzada sobre los desahucios del Muelle Deportivo: "Estamos llevando a cabo los procedimientos administrativos tal como establece la ley"

El Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra en el centro de la polémica tras la reciente decisión de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de enviar cartas de desalojo a un grupo de personas que residen en embarcaciones en la zona. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, ha señalado en el programa "A Buenas Horas con José Luis Martín" que esta medida no es nueva y responde a una problemática que ha ido acumulándose a lo largo de los años.

Según la presidenta, la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante es clara respecto a los usos permitidos en este tipo de instalaciones, y la residencia permanente en embarcaciones no está contemplada dentro de ellos.

Beatriz Calzada ha insistido en que la Autoridad Portuaria está actuando conforme a la ley, asegurando que el procedimiento se lleva a cabo con la mayor responsabilidad y respeto hacia las personas afectadas. “Sabemos que es un tema muy delicado, un tema muy sensible que afecta a personas y lo queremos llevar con todo tipo de responsabilidad y respeto hacia esas personas. Estamos llevando a cabo los procedimientos administrativos tal como establece la ley”, subrayó.

La Autoridad Portuaria distingue entre amarre de base y amarre en tránsito, siendo este último el que se permite dentro del muelle deportivo. Calzada explica que los navegantes en tránsito no residen en sus barcos de forma permanente, sino que su estancia es temporal mientras continúan su ruta marítima.

“En los puertos deportivos existe lo que es el amarre de base y el amarre en tránsito, el tránsito está regulado en la ley y permite que haya personas que llegan a un puerto, piden el amarre y a lo mejor están en ese puerto uno, dos o tres meses, pero esas personas no residen, no están empadronados, no tienen un propósito de permanencia”, aclaró.

Posibles excepciones y la intervención de los servicios sociales

Uno de los puntos más sensibles de esta medida es la situación de aquellas personas que habitan en embarcaciones por necesidad, al no contar con una alternativa habitacional. La Autoridad Portuaria ha señalado que estos casos se estudian de manera individual y se canalizan a través de los servicios sociales.

“También somos conscientes que en todo este proceso pueden aflorar situaciones de emergencia habitacional. En este caso, obviamente nosotros lo que hacemos es dar traslado a los servicios sociales porque entendemos que una situación de emergencia habitacional es demasiado grave, demasiado dura para una familia y que, desde luego, no puede ser solventada con un barco que no cumple ninguna condición de habitabilidad”, manifestó Calzada.

Asimismo, la presidenta ha señalado que no se han emitido cartas de desalojo de forma masiva, sino que se han analizado caso por caso para confirmar que las embarcaciones en cuestión están siendo utilizadas como viviendas permanentes.

Club Naútico

El conflicto en el Muelle Deportivo no es un caso aislado, sino parte de una problemática más amplia en la gestión portuaria. Al mismo tiempo que se lleva a cabo este proceso de regulación, la Autoridad Portuaria sigue avanzando en proyectos como la electrificación de los muelles para reducir la contaminación acústica y ambiental, además de la instalación de barreras anticontaminación para contener posibles vertidos, como la última adquirida.

“Tenemos un puerto muy seguro, la incidencia en vertidos es mínima. Aunque cuando hay algún episodio de vertidos, aunque sea pequeño, se arma una pequeña escandalera si me permiten decirlo así. Pero realmente tenemos un puerto muy seguro”, afirmó Calzada.

Otro tema en el que la Autoridad Portuaria ha estado trabajando es la venta de una parcela al Real Club Náutico de Gran Canaria. Tras años de negociaciones, el precio de tasación ha sido establecido en 6,8 millones de euros, a pesar de que en su momento el club había ofrecido una cifra menor.

“La tasación es de 6,8 millones. El Club Náutico en su día había hecho una tasación más baja, pero el puerto tiene que hacer su propia tasación a través de una empresa especializada y eso es lo que ha determinado”, explicó Calzada. Ante eso, explicó la presidenta, la Autoridad Portuaria de Las Palmas se centra en el precio tasado por lo que, en ese sentido, no hay posibilidad de negociación.

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