El PP denuncia que el Cabildo de Gran Canaria concede casi 600.000€ a la ONG investigada por la Fiscalía por presuntos delitos de trata de personas y explotación laboral de menores migrantes

El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha denunciado que el proyecto de Presupuestos 2025 de la Institución insular aprobado la semana pasada en Consejo de Gobierno por el gobierno de NC y PSOE vuelve a asignar casi 600.000 euros en subvenciones ‘a dedo’ a la entidad Oportunidades de Vida, cuyo junta directiva, con el empresario y pastor evangelista Rafael Hernández al frente, está siendo investigada por la Fiscalía provincial de Las Palmas por presuntos delitos de trata de personas en concurso con explotación laboral de menores migrantes y falsedad documental.

“No alcanzamos a entender por qué razón el Cabildo de Gran Canaria, a través de hasta cuatro Consejerías diferentes, sigue un año más concediendo subvenciones ‘a dedo’ a una entidad que tiene en el paro a todos sus trabajadores y cuyo presidente está bajo la lupa de la justicia por la presunta comisión de varios delitos graves”, señala la portavoz adjunta del Grupo Popular, Pepa Luzardo.

En concreto, el Plan Estratégico de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria para el próximo ejercicio incluye hasta seis ayudas directas a Oportunidades de Vida por un importe total de 588.000 euros, una cifra ligeramente inferior a la consignada en el presupuesto todavía en vigor, que superó los 700.000 euros para financiar los mismos proyectos.

De nuevo, la partida de mayor cuantía que recibe la asociación Oportunidades de Vida en el Presupuesto 2025 procede de la Consejería de Política Social, 200.000 euros para actuaciones de emergencia social destinadas a familias vulnerables. El área de Solidaridad Internacional le otorga otros 200.000 euros a través de dos ayudas, de 180.000 y 20.000 euros para varios proyectos de cooperación al desarrollo en distintas partes del mundo.

La Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, por su parte, reserva un año más una subvención nominada de 118.000 euros a Oportunidades de Vida para el proyecto Canal Social, una iniciativa promovida durante la pandemia por la institución insular para intentar reducir la crisis del sector de la agricultura mediante la adquisición de producto local que luego se destina a familias en situación de exclusión social.

Asimismo, la Consejería de Presidencia incluye en las Cuentas del próximo año dos subvenciones directas más a la asociación que dirige Rafael Hernández por importe de 30.000 y 40.000 euros para financiar, respectivamente, el campamento de verano que la entidad celebra todos los años –pese a que aún están pendiente de justificación las ayudas concedidas en los años 2021, 2022 y 2023- y la participación de Oportunidades de Vida en el evento Gran Canaria Solidaria que organiza el Cabildo insular.

Por otra parte, la Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas (COAG-Canarias) que también preside Rafael Hernández obtiene de los presupuestos 2025 una ayuda directa de 93.000 euros cuyo fin es la contratación de técnicos para la asistencia a agricultores sobre el sistema de producción integrada a través del proyecto Cumbre Vive.

De forma sorprendente, la concesión de nuevo en el ejercicio 2025 de este volumen de ayudas directas del Cabildo de Gran Canaria a las entidades que dirige Rafael Hernández se produce al mismo tiempo que el área de Presidencia le reclama el reintegro de otros 177.802,23 euros (más 27.781,60 euros en intereses de demora) que le otorgó en el año 2020 –hace más de cuatro años- para la reforma y ampliación de la sede de la Iglesia Evangélica de Las Palmas, de la que es pastor.

Cabe recordar que el Grupo Popular viene denunciando desde el primer mandato de Antonio Morales al frente de la Institución insular, en el año 2015, la concesión año tras año de subvenciones millonarias ‘a dedo’ por parte del gobierno insular, entre ellas las concedidas a la asociación Oportunidades de Vida (que es la tercera entidad que más recursos recibe del Cabildo grancanario por detrás de Cáritas y Cruz Roja), y exigiendo que todas las ayudas públicas, salvo las estrictamente excepcionales, por concurrencia competitiva para garantizar el principio de igualdad y no discriminación.