por Politican
La crisis migratoria sigue siendo uno de los temás de debate y discusión entre Canarias y el Gobierno de España que no se acaba de solucionar. Jacob Qadri, coordinador general del Partido Popular en Canarias y alcalde de Barlovento, ha expresado su opinión sobre este y otros asuntos en el programa "A Buenas Horas con José Luis Martín".
Canarias sigue recibiendo un número significativo de inmigrantes, muchos de ellos menores no acompañados. El Partido Popular, del cual Jacob Qadri forma parte, ha abogado por una reforma urgente de la Ley de Extranjería. Como explica Qadri: “Desde el minuto uno, el Partido Popular ha dicho que sí a la reforma de la Ley de Extranjería, y comunidades autónomas gobernadas por el PP han aceptado recibir menores migrantes de Canarias”.
Sin embargo, este apoyo no ha estado exento de desafíos políticos. Uno de los principales escollos es la falta de financiación adecuada por parte del Estado. Qadri argumenta que el Gobierno central debe garantizar la financiación para las comunidades autónomas que reciben a estos menores, ya que el mantenimiento de la infraestructura para su acogida le ha costado al Gobierno de Canarias 165 millones de euros solo en el último año.
Además, el alcalde de Barlovento propone declarar la emergencia migratoria para agilizar la contratación de servicios y habilitación de centros de acogida, y así aliviar la presión sobre las islas. Actualmente, Barlovento cuenta con un centro de menores habilitado en una infraestructura que estaba en desuso. Según Qadri, el centro alberga a 20 menores, quienes han logrado integrarse en la comunidad escolar y en actividades extraescolares.
No obstante, advierte que la reforma de la Ley de Extranjería no será la solución definitiva al problema migratorio. Para Qadri, la clave está en evitar la salida de migrantes ilegales de sus países de origen: “Las reformas de la extranjería pueden generar efectos llamada si no se manejan con cuidado”.
El futuro de las Islas Canarias no solo depende de la regulación de la vivienda vacacional y la gestión de la crisis migratoria, sino también de los Presupuestos Generales del Estado. Recientemente, el techo de gasto ha sido motivo de debate en el Parlamento, generando incertidumbre sobre la financiación de algunos beneficios esenciales para Canarias, como la gratuidad del transporte público.
Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, advertía esta semana que algunos beneficios podrían desaparecer en 2025 si no se aprueban los presupuestos. Ante esto, Jacob Qadri es contundente al señalar la responsabilidad del Gobierno central: “Estamos ante un gobierno inoperante, no es capaz de aprobar absolutamente nada, y eso afecta negativamente a Canarias”.
El bloqueo político a nivel nacional también ha generado tensiones entre el Gobierno y la oposición. Desde el Partido Popular, Qadri subraya que su partido no es responsable del fracaso en la aprobación de los presupuestos: "¿Desde cuándo la oposición es culpable de las acciones que realiza el gobierno?", se pregunta retóricamente. Según Qadri, el Partido Socialista debe asumir su responsabilidad y negociar con todas las fuerzas políticas si quiere sacar adelante un presupuesto que beneficie a todas las comunidades autónomas.
El crecimiento exponencial de la vivienda vacacional en Canarias ha puesto en jaque a las autoridades. El Gobierno regional ha tenido que afrontar un difícil equilibrio entre el crecimiento del turismo y las necesidades habitacionales de la población. Según Jacob Qadri, "la consejera Jessica de León ha dejado claro desde que asumió la Consejería de Turismo que hay que regular esta actividad, buscando calidad y excelencia en el sector".
Uno de los principales problemas que señala Qadri es la compatibilidad entre el turismo y la atención habitacional, especialmente en los núcleos poblados. En este sentido, la preocupación no es solo sobre la cantidad de viviendas que se destinan al alquiler turístico, sino también sobre los precios disparatados del alquiler de larga duración. En palabras del propio coordinador del PP: “Hay que conjugar esos tres factores —calidad del turismo, precios asequibles y atención habitacional— y sacar una ley que regule el turismo sin perjudicar a los residentes”.
La actual propuesta del Gobierno de Canarias busca establecer normas claras, pero el temor a las repercusiones legales ha sido una constante. Algunas voces han advertido de posibles multas millonarias que podrían enfrentar las autoridades si interfieren en la propiedad privada. A lo que Jacob Qadri responde con claridad: “Cada uno en su propiedad no puede hacer lo que quiera, yo no puedo vender comida en mi casa o criar gallinas porque esas actividades están reguladas por ley, lo mismo debe suceder con la venta de camas alojativas”.
El turismo es sin duda una de las principales fuentes de ingresos para las Islas Canarias. Sin embargo, la percepción de saturación turística en ciertas zonas ha generado una creciente tensión entre los residentes. Para algunos, la falta de control sobre la vivienda vacacional ha exacerbado la escasez de viviendas asequibles, afectando tanto a locales como a profesionales que se desplazan a las islas por razones laborales.
Qadri, como alcalde de Barlovento, comparte una experiencia directa que refleja este problema: “En mi municipio no hay viviendas de alquiler, los maestros que vienen a trabajar en nuestras escuelas están viviendo a 40 o 50 kilómetros de distancia porque no encuentran alojamiento más cerca”. Esta situación no es exclusiva de Barlovento, sino que afecta a muchos municipios en Canarias, donde el alquiler de larga duración se ha vuelto prohibitivo.
Este fenómeno no solo es perjudicial para los residentes, sino que también tiene un impacto negativo en la economía local. Qadri advierte que sin una oferta habitacional adecuada, no se puede generar crecimiento económico ni proporcionar los servicios necesarios para la población: "Si no tiene oferta habitacional, no vas a generar economía, no van a regresar aquellos estudiantes jóvenes que se fueron a estudiar porque no van a tener donde vivir".
La construcción de nuevas viviendas parece ser una de las soluciones más viables, pero no es una respuesta inmediata. Los procesos constructivos pueden tardar varios años, y según Qadri, la iniciativa privada en la construcción está prácticamente parada debido a los altos costos de los materiales y la mano de obra. Mientras tanto, la vivienda pública, aunque necesaria, no será suficiente para cubrir la creciente demanda.
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