sábado 27 de julio de 2024 - Edición Nº361

Parlamento

Parlamento de Canarias

Los grupos parlamentarios registran una Proposición de Ley para modificar la regulación de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas canarias

La nueva norma busca fortalecer la gobernanza universitaria y promover una mayor participación y transparencia en el sistema educativo


por Politican


Los grupos parlamentarios del PSOE, Coalición Canaria, Partido Popular, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y Mixto (AHI), han registrado en el Parlamento de Canarias una Proposición de Ley (PPL) para modificar la normativa que regula los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Canarias.

 

La iniciativa, impulsada por Coalición Canaria, surgió en abril de 2023, cuando entró en vigor la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario -B.O.E. núm. 70, de 23/3/2023- (más conocida como la LOSU) y un informe de la Conferencia de Consejos Sociales español titulado “Las Comunidades Autónoma y los Consejos Sociales Universitarios ante el desarrollo autonómico de la Ley Orgánica 2/2023 de 22 de marzo del Sistema Universitario (LOSU)”. 

 

La propuesta, planteada por Coalición Canaria y trabajada en aras de alcanzar el máximo consenso parlamentario, podrá ser enriquecida por el resto de formaciones políticas durante su trámite legislativo. 

 

Esta proposición de Ley (PPL), tiene como objetivo modernizar y fortalecer a los Consejos Sociales, como órganos colegiados, en línea con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Su actualización, se traduce en una mejora del funcionamiento de los Consejos y busca hacer hace frente a las demandas actuales de participación de la sociedad y el proceso de rendición de cuentas en el ámbito universitario a la sociedad, por ser quien mantiene y financia a las universidades públicas de Canarias.

 

La proposición de Ley, ajusta los procedimientos de designación de los miembros de los Consejos Sociales, ahora bajo la responsabilidad del Parlamento de Canarias, con el fin de garantizar una representación diversa y equitativa de los diferentes sectores de la sociedad, lo que permitirá fortalecer la legitimidad y la transparencia de estos órganos.

 

En el apartado relativo a las competencias, la propuesta de Proposición de Ley amplía y clarifica las funciones de los Consejos Sociales, abarcando áreas como la planificación y promoción de actividades universitarias, la supervisión económica y de rendimiento de servicios, y la promoción de relaciones con agentes sociales y económicos del entorno. Se introducen nuevas responsabilidades derivadas tanto de la legislación estatal como de las necesidades específicas de la comunidad canaria, con el objetivo de fortalecer el papel de estos órganos como mecanismos de participación ciudadana y control institucional.

 

Asimismo, la proposición de Ley mantiene las competencias atribuidas actualmente a los Consejos Sociales incorporando las nuevas funciones establecidas en la LOSU, así como otras de acuerdo con las competencias de Canarias sobre desarrollo legislativo y la ejecución en materia de enseñanza universitaria previstas en el artículo 134 del Estatuto de Autonomía de Canarias (aprobado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias), que abarcan, en todo caso, el régimen jurídico de la organización y el funcionamiento de las universidades públicas, incluyendo los órganos de gobierno y representación, como es el caso de los Consejos Sociales.

 

La propuesta legislativa también recoge la creación de una comisión delegada en el Consejo Universitario de Canarias para agilizar la toma de decisiones en asuntos relacionados exclusivamente con las universidades públicas como fórmula para mejorar la coordinación y eficiencia de las políticas universitarias en el ámbito regional.

 

En definitiva, la nueva norma busca fortalecer la gobernanza universitaria y promover una mayor participación y transparencia en el sistema educativo de Canarias. La PPL, recoge, además, las disposiciones transitorias para garantizar una transición suave hacia el nuevo marco normativo, todo ello dentro del marco de las competencias autonómicas de Canarias en materia de enseñanza universitaria, conforme a su Estatuto de Autonomía.