Canarias refuerza la coordinación para mejorar la inspección de centros para dependientes y personas mayores

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias busca mejorar la coordinación entre los distintos actores que intervienen en el Servicio de Inspección y Acreditación de Centros con el objetivo de incrementar la capacidad seguimiento y evaluación de los resultados del control establecido tanto en centros públicos como privados del Archipiélago.

A tal efecto, esta semana ha tenido lugar una reunión en la que han participado tanto los servicios de inspección de la propia Consejería como miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria, Fiscalía, el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil y la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, según ha informado la Consejería en una nota de prensa.

Esta reunión, además, ha servido como lanzamiento de las propuestas para el Plan Anual de Inspección, que se pondrá en marcha el próximo 1 de enero, y que exigirá la planificación de al menos 400 inspecciones anuales.

La reunión se produciría en un contexto de "intensa actividad inspectora" en Canarias, con actuaciones que se desarrollarían "de forma continuada y visitas periódicas" a centros residenciales, de día y otros recursos sociales destinados a personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia.

"Queremos consolidar un modelo de inspección más sistemático, con mayor capacidad de análisis, seguimiento y verificación de las condiciones reales de atención que reciben las personas usuarias", ha señalado Candil, quien también ha destacado la apuesta por una inspección orientada no solo a verificar el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, sino también a evaluar la calidad real de la atención que reciben las personas.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

En la reunión se ha verificado el funcionamiento de un sistema con indicadores comparables, seguimiento de planes de mejora y una mayor capacidad de evaluación de los resultados tras la puesta en marcha del servicio de apoyo técnico a la inspección que habría permitido mejorar la calidad de las actuaciones, reforzar la verificación de estándares organizativos y disponer de información más completa para la toma de decisiones.

Este apoyo se ha centrado en tareas complementarias como la revisión documental, la asistencia en visitas, el análisis de indicadores, el seguimiento de planes de mejora y la organización de la información derivada de las actuaciones inspectoras.

Asimismo, se han puesto en común los datos aportados por la empresa que vigila indicadores como higiene o grado de satisfacción de los usuarios y familiares, de tal manera que cualquier demanda o denuncia se traslada al servicio de Inspección.

"La potestad inspectora la sigue teniendo la Administración autonómica, y la propuesta de medidas correctoras o sancionadoras siguen siendo su competencia", ha asegurado el viceconsejero. "Estos contratos están permitiendo aumentar la capacidad técnica de la Administración para realizar inspecciones, evaluar el funcionamiento de los recursos y asegurar que los centros y servicios del SAAD mantienen los niveles de calidad exigidos por la normativa, contribuyendo así a proteger los derechos de las personas usuarias y a consolidar un sistema de atención más eficiente, transparente y orientado a la mejora continua", ha añadido.

La actividad inspectora se desarrolla en coordinación con el Cuerpo General de la Policía Canaria, en virtud del acuerdo de colaboración suscrito en marzo de 2024, así como con la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias, reforzando así los mecanismos de protección de los derechos de las personas atendidas en los centros sociales.