José Cristóbal García: "Los subsidios públicos tienen que estar vinculados a políticas activas, no pasivas"

El vicepresidente ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, ha puesto sobre la mesa algunos de los principales problemas que, a su juicio, condicionan el desarrollo económico de Canarias y de España. Durante una entrevista en el programa "Primera Clave" de Politican.es, el representante empresarial abordó cuestiones como el absentismo laboral, la huelga general, las políticas de subsidios, la presión fiscal, la inversión pública y la crisis de acceso a la vivienda.

El absentismo laboral preocupa al empresariado canario: el 80% de las propuestas de alta se rechazan

Uno de los asuntos centrales de la entrevista fue el absentismo laboral, después de conocerse un informe de Adecco que situaba la tasa de absentismo en Canarias en el 9,6% durante el segundo trimestre de 2026, según los datos trasladados por el entrevistador.

José Cristóbal García considera que el archipiélago presenta una situación especialmente preocupante y distingue entre las bajas médicas justificadas y aquellas ausencias que, desde su perspectiva, responden a un uso inadecuado del sistema.

Para explicar la dimensión del problema, aportó un dato que considera fundamental: el 70% de los trabajadores no causa ninguna baja laboral. En este sentido, quiso diferenciar a la mayoría de empleados que cumplen con sus obligaciones de aquellos casos en los que, según denunció, se produce una utilización reiterada de los mecanismos de incapacidad temporal. "No todos los trabajadores son absentistas, el 70% de los trabajadores no cogen ninguna baja", afirmó.

El vicepresidente de la CCE centró buena parte de sus críticas en la gestión de las bajas por contingencias comunes y, especialmente, en el procedimiento para tramitar las altas médicas. Según explicó, las mutuas pueden formular propuestas de alta cuando consideran que un trabajador está en condiciones de reincorporarse, pero la decisión corresponde al servicio público de salud.

García aseguró que el 80% de las propuestas de alta realizadas por los médicos de las mutuas son rechazadas en Canarias, frente a una media nacional del 40%, según los datos que expuso durante la entrevista.

A su juicio, el problema no estaría necesariamente en los profesionales sanitarios, sino en el funcionamiento administrativo del sistema. Por ello, reclamó una mayor coordinación entre el Servicio Canario de la Salud y las mutuas, así como una actuación más eficaz de la inspección sanitaria.

El representante empresarial defendió incluso que las mutuas pudieran tramitar directamente las altas en las contingencias comunes, una medida que considera que ayudaría a reducir los tiempos de espera y facilitaría la reincorporación laboral.

Subsidios vinculados al empleo y recuperación de la cultura del esfuerzo

Otro de los bloques destacados fue el de las prestaciones públicas y las políticas de empleo. García se mostró partidario de vincular las ayudas económicas a programas efectivos de formación, reciclaje profesional y búsqueda de trabajo.

Durante la conversación se hizo mención a la propuesta del Partido Popular de unificar el ingreso mínimo vital y distintos subsidios en una renta de activación condicionada a la búsqueda de empleo. Aunque reconoció que no conocía en profundidad la iniciativa, expresó su respaldo a que las prestaciones tengan una finalidad de incorporación al mercado laboral. "Tienen que estar vinculados los subsidios públicos a políticas activas, no pasivas", defendió.

El representante empresarial recordó que Canarias cuenta con aproximadamente 146.000 personas desempleadas, según la cifra que manejó durante la entrevista, y apuntó que prácticamente todas reciben algún tipo de ayuda o prestación.

A su entender, las prestaciones deben servir como apoyo temporal para superar una situación complicada, pero no convertirse en una solución permanente desvinculada de la actividad laboral. "Los subsidios no son para toda la vida, son para ayudar en un proceso y una transición", afirmó.

García defendió que las administraciones deben facilitar oportunidades de formación, ayudar a encontrar empleo y respaldar iniciativas de emprendimiento. También reivindicó el papel de los autónomos como generadores de actividad económica y puestos de trabajo.

En este contexto, advirtió de que la falta de exigencia y seguimiento puede perjudicar especialmente a los jóvenes y a su relación con el esfuerzo, la responsabilidad y el empleo.

Más inversión, menos burocracia y una solución real para la vivienda en Canarias

La fiscalidad y los presupuestos públicos ocuparon también una parte importante de la entrevista. García cuestionó que el incremento de la recaudación no se traduzca en una mayor capacidad de inversión y defendió que parte de los recursos públicos podría revertir directamente en los contribuyentes. "Yo soy partidario de que el dinero está en manos de los contribuyentes, no solo en manos de la Administración", explicó.

El vicepresidente de la CCE mostró su preocupación por la reducción de la inversión pública y por el desequilibrio que, en su opinión, existe entre el gasto corriente y los recursos destinados a infraestructuras y actividad productiva.

También cuestionó que se presente el incremento del gasto social como un indicador suficiente de buena gestión, cuando considera que la economía necesita empresas sólidas, inversión y sectores productivos capaces de generar ingresos.

En materia de vivienda, fue especialmente crítico con la falta de soluciones estructurales. García recordó que, según los datos presupuestarios que mencionó, la inversión destinada a vivienda en las cuentas autonómicas analizadas era de 38 millones de euros, una cantidad que considera insuficiente ante la dimensión del problema.

Su planteamiento pasa por incrementar la construcción de viviendas, agilizar los procedimientos administrativos y facilitar la colaboración entre las administraciones y el sector privado.

"La solución está en construir vivienda", afirmó, rechazando que las restricciones sobre los propietarios o los controles sobre los alquileres puedan resolver por sí solos la falta de oferta.

Además, señaló que los retrasos administrativos representan un obstáculo importante para desarrollar nuevos proyectos. Por ello, reclamó reducir los trámites, facilitar la actividad constructora y garantizar que las viviendas se ejecuten con los niveles de calidad necesarios.

Entrevista completa: