Morales exige al Gobierno de España una respuesta urgente y proteger los intereses de Canarias ante la retirada de Naciones Unidas del Sáhara

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reclamado al Gobierno de España y a la Unión Europea una respuesta urgente ante el nuevo escenario abierto en el Sáhara Occidental tras el fin del mandato de la misión de Naciones Unidas (MINURSO) y sus posibles consecuencias para Canarias. A través de dos artículos de opinión y de sus declaraciones públicas, ha advertido de los riesgos que supone la desaparición de este mecanismo de observación internacional y ha exigido medidas para preservar la estabilidad de la región, defender el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y garantizar que Canarias participe en las decisiones que afectan directamente a su seguridad y a sus intereses estratégicos.

“No se trata de alarmar. Se trata de no llegar tarde”, sostiene el presidente insular, para quien la estabilidad del entorno atlántico constituye una cuestión de primer orden para el futuro económico, social e institucional de las islas. Lo que ocurre en el Sáhara, advierte, no puede considerarse un asunto lejano ni ajeno al Archipiélago, por sus implicaciones sobre los espacios marítimos, la gestión aérea, la actividad portuaria y los movimientos migratorios.

Mantener la vigilancia internacional y defender la autodeterminación

Morales pide que España promueva en Naciones Unidas la creación de un mecanismo de verificación que dé continuidad a la labor de observación de la MINURSO y evite que la ausencia de supervisión internacional pueda favorecer una escalada de las hostilidades. Reclama, asimismo, que se oponga a cualquier intento de sacar el Sáhara Occidental de la agenda del Consejo de Seguridad y de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, encargada de los asuntos de descolonización.

El fin de la misión, sostiene, no puede significar el abandono de los derechos del pueblo saharaui ni una renuncia a las responsabilidades internacionales sobre el territorio. En este contexto, cuestiona la falta de pronunciamientos de los gobiernos de España y de Canarias que denuncia en sus artículos y exige una posición pública acorde con la trascendencia de la situación. “El silencio no es neutral. Cuando quien tiene responsabilidades históricas y jurídicas calla, otros ocupan el espacio”, afirma.

Pero las consecuencias de este nuevo escenario, insiste Morales, no se limitan al futuro del Sáhara Occidental. También afectan a la posición de Canarias en el Atlántico y a su capacidad para defender sus propios intereses. Por ello, plantea que el Estado garantice que el Archipiélago sea informado y escuchado en todas las decisiones relacionadas con sus aguas, su espacio aéreo y su seguridad.

Esta participación debe ir acompañada, a su juicio, de garantías jurídicas y políticas para los intereses de Canarias en la delimitación marítima y en el entorno del monte Tropic, así como del mantenimiento de la gestión de la seguridad aérea que se presta desde Gran Canaria.

La protección de estos espacios exige también reforzar la vigilancia marítima y aérea y garantizar la seguridad de infraestructuras esenciales, como puertos, aeropuertos, cables submarinos y sistemas energéticos. En este sentido, Morales considera necesario que la Unión Europea impulse una estrategia atlántica en la que Canarias participe en las decisiones que condicionan su presente y su futuro, en lugar de quedar al margen de ellas.

Protección de los puertos y autonomía energética

La dimensión económica ocupa también un lugar destacado entre las preocupaciones del presidente insular. Morales alerta de que la inestabilidad regional podría afectar a la confianza de las navieras y a la actividad del Puerto de La Luz y de Las Palmas, una infraestructura estratégica para la conectividad, el abastecimiento y la economía del Archipiélago.

En este contexto, reitera su oposición a la entrada de la empresa pública marroquí Marsa Maroc en Boluda Maritime Terminals y reclama paralizar una operación que considera especialmente sensible por sus implicaciones para el control de infraestructuras portuarias estratégicas. Asimismo, defiende que Gran Canaria mantenga la gestión del control aéreo sobre el Sáhara Occidental y advierte de la necesidad de prestar especial atención al nuevo escenario que se abre en relación con la delimitación de los espacios marítimos y la defensa de los intereses de Canarias en el entorno del Monte Tropic.

A la seguridad marítima y portuaria suma otro elemento que considera decisivo: la autonomía energética. El presidente defiende que la apuesta por las energías renovables y la eólica marina no debe entenderse únicamente como una cuestión ambiental o económica, sino también como una herramienta para reducir dependencias y reforzar la seguridad de Canarias.

Morales insiste, no obstante, en que la defensa de los intereses del Archipiélago es plenamente compatible con el mantenimiento de unas relaciones de cooperación y buena vecindad con Marruecos. Sus planteamientos, precisa, no responden a una posición de hostilidad hacia el país vecino ni hacia su población, con la que defiende preservar los vínculos históricos, comerciales y humanos. “La cooperación es imprescindible; la dependencia, no”, señala.

Desde esa posición, reivindica la responsabilidad de las instituciones canarias de anticiparse a los riesgos y defender el papel que corresponde a las islas en su entorno geográfico. “Defender nuestra posición en el Atlántico no es una cuestión ideológica, es una obligación institucional y como presidente del Cabildo de Gran Canaria no voy a dejar de ejercerla”.