Elliot Martín (ATA Canarias) reclama menos trabas y más protección para los autónomos de Canarias

Canarias atraviesa un momento de crecimiento en el número de trabajadores autónomos. Así lo explica, en el programa "Primera Clave" de Politican.es, Elliot Martín, secretario general de ATA Canarias, quien sitúa la cifra actual en torno a 148.700 autónomos, un récord histórico para las islas. Además, por primera vez, el número de trabajadores por cuenta propia supera al de desempleados.

El dato refleja un crecimiento superior al 2% en el último año, con más de 3.200 nuevos autónomos. Sin embargo, Martín considera que quedarse únicamente con esa cifra sería insuficiente. El verdadero desafío, sostiene, está en analizar qué ocurre con esos negocios una vez que comienzan su actividad. “No solamente la cantidad, sino la calidad de los autónomos. Y ese es el reto y ese es el objetivo”, señala.

La supervivencia empresarial, el gran desafío

Uno de los principales problemas que identifica ATA Canarias es la duración de los negocios. Según los datos citados durante la entrevista, aproximadamente el 50% de los negocios supera los cinco años de antigüedad, lo que significa que la otra mitad no alcanza ese periodo.

Para Martín, reducir esa tasa de desaparición empresarial debe convertirse en una prioridad. “Reducir la tasa de mortalidad empresarial, no la física, es el objetivo”, afirma.

Emprender no puede ser una decisión basada únicamente en las ayudas

El momento especialmente delicado aparece después de los primeros años de actividad. Martín apunta que las políticas de emprendimiento concentran buena parte de sus apoyos durante los primeros dos o tres años, con medidas como la cuota cero o las subvenciones destinadas a la promoción del empleo autónomo.

A partir de ahí aparecen las dificultades. Por eso, desde ATA Canarias defienden que las ayudas deben acompañar a un proyecto empresarial sólido, pero no ser el motivo para emprender.

“No hay que emprender porque haya ayudas, no hay que emprender porque haya políticas favorecedoras, sino porque tenga una idea de negocio con un plan de viabilidad, con un estudio de mercado”, explica.

El planteamiento implica estudiar previamente la inversión necesaria, el momento en que se recuperará, los flujos de caja y las necesidades de personal. Para Martín, emprender por intuición no es suficiente.

“Tenemos que hacer un planteamiento, un estudio, un análisis, hacerlo bien acompañado”, sostiene, al tiempo que reivindica la importancia del asesoramiento para evitar que el autónomo afronte en solitario las dificultades de su actividad.

Relevo generacional: negocios viables que pueden desaparecer

El futuro de muchos negocios pasa también por resolver uno de los problemas que ATA considera estructurales: el relevo generacional. Martín alerta de que existen numerosos negocios que son perfectamente viables, con clientes y una actividad consolidada, pero que pueden terminar cerrando porque su titular alcanza la jubilación y no encuentra a una persona que continúe con el proyecto.

La solución que plantea ATA pasa por comenzar a preparar el relevo con antelación. La propuesta consiste en que durante los cinco años anteriores a la jubilación el autónomo pueda incorporar a una persona que vaya asumiendo progresivamente la actividad.

Y no tendría por qué tratarse de un familiar. “No creemos que por ser familia ya va a heredar y ya va a gestionar”, apunta Martín. La alternativa permitiría que un trabajador con experiencia dentro del propio negocio pudiera dar el paso y continuar con la actividad. Según explica, esa fórmula permitiría conservar empresas y puestos de trabajo y, al mismo tiempo, mejorar la situación del autónomo que se jubila.

Pensiones y poder adquisitivo

La jubilación constituye otro de los grandes asuntos pendientes. Martín recuerda que durante años muchos autónomos cotizaron por la base mínima, una decisión que posteriormente tiene consecuencias sobre la pensión.

El dato que aporta durante la entrevista resulta especialmente significativo: la pensión media de los autónomos es un 30% inferior a la de los trabajadores.

La entrada en vigor del sistema de cotización por ingresos reales abre, a su juicio, la necesidad de analizar sus efectos y realizar las modificaciones que sean necesarias. Pero advierte de que sus consecuencias completas no podrán comprobarse inmediatamente.

El problema afecta también a los ingresos actuales. Según Martín, el 60% de los autónomos tiene ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Por eso, insiste en que el objetivo no debe ser únicamente crear más autónomos, sino conseguir “autónomos viables”, con capacidad económica para hacer crecer sus negocios y contratar trabajadores.

Menos trabas y más protección para el autónomo

La presión fiscal, los costes laborales, la incertidumbre y la carga administrativa aparecen entre las preocupaciones señaladas por ATA Canarias. Martín reclama un modelo con mayor flexibilidad, bonificaciones e incentivos a la reinversión.

La idea es que una parte mayor de los recursos permanezca en el negocio para favorecer el consumo, la inversión y la creación de empleo.

En materia de protección social, destaca además una reivindicación concreta: mejorar el acceso de los autónomos al cese de actividad. Según el dato citado en la entrevista, siete de cada diez autónomos que solicitan esta prestación ven denegado el acceso por no cumplir los requisitos.

Para Martín, es necesario facilitar una segunda oportunidad real. “Lo que necesita es cerrar ese modelo de negocio, estar protegido socialmente para analizar y para luego probablemente volver a reemprender”, afirma.

Verifactu y la factura electrónica: evitar duplicidades

Otro de los asuntos abordados es la digitalización de la facturación. Martín valora el retraso de la entrada en vigor de Verifactu hasta 2028 y reclama que su aplicación se coordine con la facturación electrónica.

La razón es evitar que los autónomos tengan que adaptar varias veces sus sistemas. Según explica, un autónomo pierde alrededor de 20 horas al mes en trámites administrativos. Si se calcula sobre un coste medio de 50 euros por hora, representa un impacto de unos 1.000 euros mensuales en tiempo y recursos.

ATA reclama, por tanto, que las diferentes obligaciones se implanten de forma coordinada y no generen duplicidades.

Entrevista completa: