CEOE-Tenerife dice que el "colapso administrativo" en los ayuntamientos lastra la inversión en Canarias

CEOE-Tenerife afirmó este pasado lunes que el "colapso administrativo" que hay en los ayuntamientos de Canarias lastra la inversión en Canarias ya que la administración local "está hipertrofiada normativamente", es "lenta operativamente, insegura jurídicamente y cada vez más incapaz de ejecutar".

La patronal detalla en una nota que el municipio se ha convertido en el lugar donde los proyectos "mueren lentamente" y no lo hacen "por corrupción, por mala fe o por ausencia de funcionarios comprometidos" sino porque hay un sistema "diseñado para bloquear".

En esa línea expone que hay pequeños ayuntamientos obligados a gestionar procedimientos diseñados para grandes capitales europeas.

"La legislación es prácticamente la misma para un municipio de miles de habitantes que para una gran ciudad con enormes capacidades técnicas y jurídicas, el sistema simplemente no escala y cuando un sistema administrativo no escala, colapsa", comenta.

Así, insiste en que la administración española "ha evolucionado hacia un modelo obsesionado con el control preventivo, donde cada expediente atraviesa capas infinitas de informes, fiscalizaciones, autorizaciones y revisiones cuyo objetivo ya no parece ser resolver, sino protegerse".

No en vano, apunta que "el sistema deja de premiar la resolución y empieza a premiar la no decisión, firmar se convierte en un riesgo, interpretar una norma se convierte en un peligro, resolver rápido se percibe como una amenaza profesional".

La patronal tinerfeña sostiene que el urbanismo en Canarias está "paralizado", algo que afecta especialmente a la construcción de vivienda, pues hay planes generales "eternos, informes sectoriales multiplicados, competencias fragmentadas, duplicidades administrativas, recursos constantes e inseguridad interpretativa".

De esta forma cree que "el problema ya no es fiscal, es administrativo" y aunque haya incentivos fiscales derivados de la ZEC, la RIC o el REF, la burocracia "se ha convertido en un coste económico oculto".

"Muchos municipios están atrapados en una paradoja destructiva, suben presión fiscal porque no tienen recursos, pero no tienen recursos porque son incapaces de ejecutar, la lentitud administrativa está reduciendo directamente la capacidad financiera de las propias administraciones locales", señala.

Ante este escenario, los empresarios solicitan una "simplificación normativa radical", aplicar un silencio administrativo positivo, diferenciar la legislación según tamaño municipal, profesionalizar la gestión pública, una reforma profunda de la contratación pública, fomentar la cogestión público-privada, implantar un sistema de evaluación por resultados y acometer auditorías de eficiencia y planes de transformación municipal.

"Canarias tiene potencial para ser una de las regiones más dinámicas del Atlántico medio, pero necesita entender algo esencial: el siglo XXI no se gana solo con incentivos fiscales, se gana con instituciones eficientes", comenta.