por Politican
La portavoz de Derechos Sociales del Grupo Parlamentario Socialista, Elena Máñez, ha reclamado este miércoles en el Pleno de la Cámara regional un mayor compromiso del Gobierno autonómico con el voluntariado, mediante el refuerzo de la financiación, la dotación de personal especializado y la mejora de los instrumentos de apoyo a las entidades sociales.
Durante el debate de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE y rechazada por los grupos políticos, ha advertido que la actualización del marco normativo debe ir acompañada de recursos suficientes para garantizar su aplicación efectiva.
Máñez ha destacado el papel fundamental del voluntariado en la cohesión social, la participación ciudadana y la respuesta a los desafíos comunitarios, ambientales y territoriales del Archipiélago.
Según los datos del Gobierno de Canarias, a 5 de diciembre de 2025 existían 570 entidades acreditadas en la Oficina de Información y Asesoramiento del Voluntariado. Además, el informe La acción voluntaria 2023, de la Plataforma del Voluntariado de España, estimaba en 185.196 las personas voluntarias en Canarias, con una tasa de participación del 9,18%.
Para la diputada socialista, estas cifras evidencian la dimensión de una actividad que necesita mayor respaldo institucional. Sin embargo, ha señalado que la memoria económica del anteproyecto de Ley del Voluntariado contempla 485.000 euros en el capítulo 4 y 65.000 euros en el capítulo 2, un total de 550.000 euros para el conjunto de las actuaciones.
A su juicio, esta cantidad resulta insuficiente para atender las necesidades de las entidades y garantizar el impulso público que requiere el sector.
Máñez también ha denunciado la falta de medios humanos de la Oficina de Información y Asesoramiento del Voluntariado, y ha advertido que este servicio no está creado orgánicamente, pese a lo establecido en la normativa vigente, y cuenta con una sola persona para toda Canarias, procedente de otro centro directivo y próxima a jubilarse.
Para la diputada socialista, esta situación ha obligado a externalizar actividades que deberían desarrollarse desde la propia Oficina.
También ha criticado que el anteproyecto legislativo no contemple un incremento de personal ni la creación de puestos específicos para reforzar este servicio, y ha alertado que la futura presencia territorial en las ocho islas, prevista mediante convenios con cabildos, ayuntamientos y entidades acreditadas, carece de una dotación económica concreta que garantice su desarrollo.
En este sentido, ha defendido la necesidad de prestar especial atención a las islas no capitalinas. Estudios anteriores ya señalaban la concentración de más del 83% de las entidades en Tenerife y Gran Canaria, así como las dificultades de financiación y la falta de personal técnico que limitan la capacidad de las organizaciones para desarrollar sus proyectos.
La iniciativa socialista plantea cinco medidas para corregir estas carencias. Entre ellas, crear formalmente la Oficina de Información y Asesoramiento del Voluntariado, dotarla de recursos humanos y materiales y elaborar, junto con la Federación Plataforma de Entidades de Voluntariado de Canarias y las universidades públicas, un estudio actualizado sobre la situación del sector y el perfil de las personas voluntarias por isla, sexo, edad y ámbito de actividad.
Asimismo, propone revisar las bases de las subvenciones para adaptarlas a las necesidades reales del tejido asociativo, establecer convocatorias con carácter indefinido y aumentar su financiación en los presupuestos de 2027. La PNL incluye una nueva línea presupuestaria específica para el desarrollo del voluntariado, en colaboración con la FECAM y la FECAI, con especial atención a las islas no capitalinas.
Por último, reclama convocar la Comisión Intersectorial de Voluntariado y renovar la representación de las entidades y las personas voluntarias, cuyos cargos tienen una duración de tres años.
Máñez ha recordado que el Parlamento de Canarias aprobó el 9 de junio de 2026 una iniciativa de apoyo a la Federación Plataforma de Entidades de Voluntariado de Canarias y ha instado al Ejecutivo a cumplir los compromisos adquiridos. Para la diputada, fortalecer el voluntariado exige pasar de las declaraciones a medidas concretas que reconozcan su contribución social y democrática.