Fierro acusa al Gobierno de “desatender” a las familias canarias: “El 45,4% de las personas que viven de alquiler están en riesgo de pobreza y tres años después no hay solución”

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha denunciado este martes en el Pleno de la Cámara regional que 704.000 personas continúan en riesgo de pobreza o exclusión social en las islas, y cuestionó al vicepresidente del Gobierno autonómico y líder del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, si reducir la vulnerabilidad de los hogares constituye realmente una prioridad para el Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular.

Fierro recordó los datos del informe AROPE, que reflejan un empeoramiento de distintos indicadores sociales durante el último año. 

En este sentido, alertó que ha aumentado la pobreza infantil, ha crecido considerablemente la vulnerabilidad de las personas mayores de 65 años, más hogares tienen dificultades para afrontar gastos imprevistos y también se ha incrementado la pobreza energética.

Para la diputada socialista, estas cifras evidencian que una parte importante de la población canaria sigue afrontando dificultades para cubrir sus necesidades básicas, mientras el Gobierno autonómico no está ofreciendo respuestas suficientes para revertir esta situación. 

En este contexto, señaló especialmente el impacto de la vivienda sobre la economía familiar y advirtió de que el acceso a un hogar se ha convertido en un factor determinante de desigualdad.

La presidenta del Grupo Socialista denunció de que el 45,4% de las personas que viven de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, y recordó que 293.000 personas tienen retrasos en el pago del alquiler o de la hipoteca. 

Asimismo, subrayó que casi una de cada dos personas que alquila una vivienda a precio de mercado en Canarias está en riesgo de pobreza o exclusión.

“La vivienda no es solamente una consecuencia de la pobreza: se está convirtiendo en una de sus principales causas”, afirmó, y reclamó al Ejecutivo autonómico que pase de los anuncios a la adopción de medidas concretas para facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible.

Tres años sin medidas para la vivienda

También preguntó a Domínguez cuándo comenzará el Gobierno a contribuir de manera efectiva a resolver el problema habitacional y a intervenir en el mercado para contener los precios, y criticó que, tras tres años de gestión, el Ejecutivo siga sin impulsar las medidas de limitación de precios que reclama su formación para aliviar la presión económica que soportan miles de familias.

Fierro también cuestionó el discurso del Gobierno sobre las cuentas públicas y anticipó que el Ejecutivo volverá a presentar sus próximos presupuestos como los más altos de la historia, con más recursos que nunca para las políticas sociales y ajustados a la realidad de Canarias. “¿Realistas para quién?”, preguntó, comparando esos mensajes con unos indicadores sociales que, según señaló, han empeorado en el último año.

“La única realidad es que sus presupuestos, al igual que sus políticas, no le sirven a la inmensa mayoría de la gente”, sostuvo. 

Para la presidenta del Grupo Socialista, el aumento de los recursos presupuestarios debe traducirse en mejoras tangibles en las condiciones de vida de la ciudadanía, especialmente de quienes destinan una parte creciente de sus ingresos al alquiler, la alimentación y otros gastos esenciales.

Además, criticó otras políticas que afectan directamente a la economía de los hogares, y reclamó “medidas valientes” para afrontar el encarecimiento de la cesta de la compra, defendiendo la actualización anual de las pensiones “frente a las propuestas de recortes y privatización del PP”.

También cuestionó que Canarias mantenga elevados niveles de privatización sanitaria pese al volumen de recursos públicos disponibles y extendió sus reproches a la situación de las universidades. A su juicio, estas políticas no responden adecuadamente a las necesidades de la población más vulnerable.

Para Fierro, las explicaciones del vicepresidente Domínguez no alteran los indicadores expuestos, y emplazó al Gobierno de Canarias a situar la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad económica en el centro de su acción política, con medidas concretas que permitan mejorar la vida de las familias canarias.