por Politican
El economista y director de consultoría en Corporación 5, José Miguel González, analiza en el programa "Primera Clave" de Politican.es el impacto económico de la vivienda, la falta de oferta, la burocracia y las consecuencias sociales que está provocando la dificultad de acceso a un hogar en Canarias. Durante la entrevista también aborda el coste de una huelga general, las pensiones, las elecciones y la evolución de los precios.
José Miguel González considera que la crisis de la vivienda en Canarias ha dejado de ser únicamente un problema inmobiliario para convertirse en una cuestión económica, social y demográfica de primer orden. Su diagnóstico es contundente: “Esta es la soga que va a ahorcar una generación”.
El economista vincula directamente el acceso a una vivienda con la independencia de los jóvenes y con la evolución demográfica. A su juicio, la emancipación de una generación resulta esencial para las condiciones demográficas, pero la dificultad para acceder a un hogar está retrasando decisiones vitales como abandonar la vivienda familiar o tener hijos.
González advierte además de un posible choque generacional si los jóvenes tienen que esperar al fallecimiento de sus padres para poder acceder a una vivienda. “Las mujeres cada día tienen a edades más tardías la maternidad. Los jóvenes cada día esperan más a irse de la vivienda parental”, señala.
El problema tampoco se limita al tamaño de las familias. El economista apunta que las viviendas son cada vez más pequeñas y recuerda que los registradores de la propiedad han señalado tanto el aumento del precio como el incremento del plazo medio de amortización de las hipotecas hasta 26 años.
Para José Miguel González, el origen del problema está relacionado con una cuestión básica de mercado: la insuficiente construcción de nuevas viviendas durante años.
El economista recuerda que en 2008 se construían en Canarias alrededor de 10.000 viviendas anuales, de las que aproximadamente un 10% eran protegidas y un 90% correspondían al ámbito privado. Tras la crisis de las hipotecas subprime, la cifra cayó hasta unas 1.000 viviendas, lo que supuso que desaparecieran alrededor de 9.000 unidades de la promoción anual.
Aunque en 2025 Canarias habría incrementado la construcción hasta unas 4.000 o 5.000 unidades, González considera que el déficit acumulado sigue siendo relevante. Sitúa el stock de vivienda en unas 100.000 unidades en 2018 frente a unas 140.000 en la actualidad, en un contexto en el que la población también ha aumentado.
Su conclusión parte de una lógica económica: cuando existe escasez, el mercado tiende a corregir el déficit mediante incrementos de precios. Por ello cuestiona que las soluciones centradas exclusivamente en la vivienda existente puedan resolver por sí mismas el problema.
En este punto también alerta sobre las consecuencias de determinadas políticas de control del alquiler. Según explica, en los lugares donde se ha declarado un mercado tensionado y se ha limitado el precio, se ha producido una expulsión de oferta, ya sea porque la vivienda deja de resultar rentable para el propietario o porque aumenta la percepción de inseguridad jurídica.
Frente a las soluciones simples para un problema complejo, González defiende aumentar la oferta. “La vivienda se soluciona construyendo más viviendas”, afirma, aunque advierte de que el proceso requiere actuaciones de las distintas administraciones.
En su opinión, los ayuntamientos tienen un papel fundamental a la hora de habilitar suelo para construir viviendas. También considera necesario agilizar los procedimientos administrativos porque, según señala, actualmente se tarda más en autorizar una vivienda que en construirla.
La propuesta no pasa por eliminar los controles, sino por simplificarlos manteniendo la seguridad jurídica. “La administración pública lo que tiene que hacer es simplificar sin perder seguridad jurídica, simplificar al máximo los trámites existentes”, sostiene.
Durante la entrevista, José Miguel González también calcula el impacto potencial de una huelga general. Si se produjera una paralización completa del país, estima un efecto económico equivalente al 0,27% del PIB, aunque matiza que una situación de paralización total no se produciría debido a los servicios mínimos y a las actividades que deben mantenerse operativas.
En cuanto a las pensiones, considera que el problema del sistema no es nuevo y está relacionado con el cambio de la pirámide poblacional. Explica que existe una tensión cuando el número de personas que aportan y las cuantías aportadas son inferiores al número de perceptores y a las cantidades que reciben.
Para González, una de las claves pasa por aumentar el número de personas trabajando. También recomienda analizar con atención los productos privados de ahorro y, especialmente, sus consecuencias fiscales antes de contratar o recuperar un plan de pensiones.
El economista reclama igualmente mayor rigor en las propuestas electorales. Pone como ejemplo las promesas de reducción de impuestos: “Yo te puedo decir, voy a bajar impuestos, pero yo lo que te tengo que preguntar es de dónde vas a recortar”.
Finalmente, sobre la evolución de los precios, González anticipa que Canarias seguirá conviviendo con precios elevados durante, al menos, todo 2027, en un contexto internacional condicionado por los conflictos y por la evolución de los mercados energéticos. También sostiene que el Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés.
Entrevista completa: