por Politican
La entrada en un proceso electoral amenaza con ralentizar la actividad política y administrativa, así lo explica, en el programa "Primera Clave" de Politican.es, Narvay Quintero quien insiste en que Canarias mantiene asuntos pendientes que no pueden quedar aparcados. Entre ellos, coloca en primer lugar el denominado Posei adicional, cuya deuda cifra actualmente en unos 25 millones de euros para más de 7.000 agricultores y ganaderos de las islas.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias recuerda que esta obligación fue aprobada en 2018, incrementada por el Gobierno de Canarias en 2022 y posteriormente ratificada por el Ejecutivo central y Europa. Sin embargo, sostiene que el Estado no ha abonado las cantidades correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
“No es un acuerdo político, no es un acuerdo puntual o no es una solicitud de Canarias, es una ley que hay que cumplir”, afirma Quintero, que reclama que se ejecute directamente el pago pendiente.
Para Narvay Quintero, una de las principales dificultades a las que se enfrenta el sector primario de las islas es que las ayudas estatales no siempre tienen en cuenta las particularidades de Canarias.
El consejero pone como ejemplo las medidas destinadas a compensar el incremento de los costes. Según explica, mientras el Estado puede anunciar ayudas globales para el sector, la cantidad que finalmente llega a Canarias resulta muy inferior porque los cálculos no incorporan adecuadamente los costes derivados de la insularidad.
“No contemplan la realidad de Canarias”, sostiene. El problema, añade, está relacionado con que productos como los fertilizantes tienen un coste diferente en el Archipiélago debido al transporte, las aduanas y los fletes.
La misma situación se reproduce, según Quintero, en la alimentación animal. “La alimentación animal en Canarias es un 45% más cara que en la Península”, señala, al tiempo que cuestiona que los decretos estatales no recojan suficientemente esa diferencia.
Su planteamiento se resume en una idea: “No es la igualdad, es la equidad la que hace una sociedad más justa”. A su juicio, se trata de proporcionar a cada territorio los recursos necesarios para garantizar unas condiciones similares y evitar que la lejanía y la fragmentación territorial penalicen a los productores canarios.
Quintero pone incluso un ejemplo concreto: si un fertilizante cuesta 50 céntimos por hectárea en la Península, en Canarias debería contemplarse un coste superior porque el producto tiene que recorrer una distancia mucho mayor. “Nosotros estamos a 3.000 kilómetros y encima somos islas alejadas y fragmentadas entre sí”, explica.
Uno de los asuntos que Quintero destaca durante la entrevista es la comercialización del tomate. El consejero considera que no es normal que productos procedentes de otros territorios puedan presentarse comercialmente con referencias que induzcan a pensar que son canarios, aunque reconoce que actualmente determinadas prácticas pueden ajustarse a la legalidad si se identifica correctamente el origen. “No es normal. Es verdad que es legal, pero no es normal”, afirma.
La respuesta pasa por la tramitación de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) para el tomate tipo Canarias. Quintero explica que el Gobierno autonómico trabaja con el sector y con el Cabildo de Gran Canaria para culminar un procedimiento que lleva aproximadamente tres años.
El objetivo es que, una vez obtenida la protección, nadie pueda utilizar en Europa la denominación asociada al tomate canario para productos que no hayan sido cultivados en las islas. “Solo el tomate que se produce en Canarias”, recalca.
La cuestión adquiere especial relevancia, añade, cuando los productores canarios deben competir con mercancías procedentes de terceros países que no están sometidas a las mismas condiciones fitosanitarias, sanitarias, laborales o ambientales. “Si ellos tuvieran que cumplir lo mismo que nosotros, seríamos competitivos. Sí, muy competitivos y la calidad muchísimo mejor”, afirma.
La presencia de Canarias en Fruit Attraction permite, según Quintero, mostrar una agricultura que va más allá de los cultivos tradicionales. El plátano y el tomate mantienen su protagonismo exportador, pero la papaya y la pitaya han ganado peso en los últimos años.
El consejero destaca especialmente la evolución de la papaya: “La producción se ha triplicado en los últimos 6 años de papaya y el 90% va a la exportación”.
También destaca la aparición de empresas tecnológicas capaces de aportar soluciones al sector mediante inteligencia artificial, automatización y aplicaciones destinadas a facilitar trámites, detectar enfermedades y plagas o calcular las necesidades hídricas de las explotaciones.
Para Quintero, las ferias profesionales tienen precisamente esa doble función: vender y aprender. Sirven para consolidar contratos, buscar nuevos clientes e intercambiar información sobre cultivos, sistemas de riego, nuevas plagas o tecnologías.
La otra gran cuestión que Narvay Quintero sitúa sobre la mesa es el futuro marco financiero europeo. Tras meses de trabajo conjunto con las regiones ultraperiféricas, Francia, España y Portugal, el consejero considera que todavía queda una negociación decisiva. “Estamos casi en la recta final, en un momento clave”, señala sobre el nuevo marco financiero plurianual.
Entre sus prioridades está mantener el POSEI y su reglamento específico, evitar que los fondos queden integrados en grandes bolsas nacionales y conseguir una actualización de la ficha financiera.
Quintero recuerda que la compensación actualmente vigente procede de 2007 y considera que ha quedado desfasada ante el incremento de los costes. Según explica, los informes técnicos y jurídicos han acreditado que los sobrecostes de las regiones ultraperiféricas han aumentado más de un 60% en los últimos 19 años.
En paralelo, la Consejería afronta la elaboración del presupuesto autonómico. Quintero asegura que su departamento ha cerrado ya su propuesta con Hacienda y que su objetivo es no reducir el presupuesto. En 2026, explica, la Consejería habrá incorporado más de 20 millones de euros adicionales respecto al presupuesto inicial.
El consejero considera que tan importante como disponer de recursos es ejecutarlos. El año anterior, apunta, la ejecución alcanzó el 94%, una cifra que espera mantener. Para el próximo ejercicio, la Consejería plantea alrededor de 147 millones de euros para el sector gestionado directamente por el departamento y más de 505 millones para el conjunto del sector primario.
Entrevista completa: