La alcaldesa de Hermigua, Solveida Clemente (ASG), renuncia al cargo tras su condena por prevaricación

La alcaldesa de Hermigua, Solveida Clemente (ASG), ha anunciado este martes su renuncia al cargo tras la condena por prevaricación administrativa por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a raíz de la licitación de un quiosco en la zona de El Pescante.

En una carta publicada en la página web del consistorio afirma que ha alcanzando un acuerdo con la Fiscalía y aceptado los hechos y su correspondiente responsabilidad penal con una sentencia de conformidad por la que se le inhabilita a 21 meses para ejercer cargo público.

La regidora detalla que los hechos se remontan a enero de 2008 con motivo de unas obras de acondicionamiento del acceso al Pescante para su apertura permanente y definitiva durante todo el año y firmó junto con el resto de asistentes un "acta de confrontación" en la que la Demarcación de Costas realizaba advertencias de que no autorizaría la puesta en funcionamiento de los servicios mientras no se realizaran obras de aseguramiento del acceso por el riesgo de desprendimientos en la vía.

En todo momento, indica, "consideré que esta advertencia se limitaba a una apertura permanente, no a aperturas de temporada de verano en la que se limpiaba y acondicionaba acceso, zonas de baño y solárium, como cada verano".

A partir de ahí, apunta, tanto el que fuera secretario del Ayuntamiento, Pedro Bondía, destituido de su cargo de secretario del Ayuntamiento por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, como familiares del concejal afecto por la sentencia de alcance contable dictada por el Tribunal de Cuentas que condenó a Paco Rodríguez Cruz y Juan Ignacio Mora Hernández, aprovecharon este documento para usarlo en su contra por la apertura de las instalaciones del Pescante de Hermigua en el verano de 2008.

Así, en 2011, tras ser condenados por el Tribunal de Cuentas a devolver 7.516,15 euros al Ayuntamiento, se presenta la denuncia en Fiscalía y posteriormente se presenta una querella como acusación popular en el juzgado en la que acusan a Clemente de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, solicitando penas de prisión y de suspensión de empleo y cargo público.

La alcaldesa admite que fue advertida de los hechos por la Demarcación de Costas pero deja claro que su "conciencia" se limitaba a obras permanentes porque El Pescante y sus accesos se acondicionaban y aseguraban por el Ayuntamiento cada año que se abría, como ocurrió en 2008.

"Mi decisión se basa también en no someterme a un juicio penal y no poner en juego lo que todos buscan, por rencor o venganza, que es mi puesto de trabajo --la suspensión de empleo--. Trabajo y seguiré trabajando por Hermigua, ayudaré a mis compañeros del equipo de gobierno, ya que para querer a Hermigua no hace falta tener el cargo de alcaldesa. Agradezco el apoyo recibido y lamento profundamente no poder terminar proyectos que tenemos en curso, pero esta es una decisión que he de tomar, aunque me parezca injusta, por mi bien y el de mi familia", concluye.