La Cámara reclama ajustar las licitaciones públicas a los costes reales para que se ejecuten las inversiones previstas

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife considera que el principal reto de la inversión pública en Canarias no pasa únicamente por aumentar los recursos destinados a nuevas actuaciones, sino por conseguir que esas inversiones puedan convertirse en obras ejecutadas en los plazos previstos y en unas condiciones que permitan a las empresas asumir los proyectos.

En una nota, el presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Sesé, señala que la evolución del sector de la construcción durante el segundo trimestre muestra que existe actividad y capacidad empresarial para responder a una mayor inversión, pero también pone de manifiesto la necesidad de mejorar las condiciones en las que se plantean las licitaciones públicas.

"Las empresas pueden asumir determinados riesgos, pero no pueden comprometerse durante varios años con unos precios que desconocen si podrán mantener", ha explicado Sesé, quien considera necesario introducir mecanismos de flexibilidad, revisión y actualización de los contratos que permitan responder a posibles variaciones de los costes durante la ejecución de las obras, especialmente en proyectos de larga duración.

La Cámara ha recordado que una licitación representa la salida de una obra al mercado, pero no significa que esa inversión vaya a ejecutarse: "Para que el proyecto llegue a materializarse tiene que existir interés empresarial, presentarse ofertas, producirse la adjudicación y finalmente ejecutarse la obra", aseveran.

Asimismo, cuando una licitación queda desierta porque ninguna empresa presenta una oferta que considere viable, el resultado es que una inversión inicialmente prevista no llega a convertirse en una actuación real. Para la institución cameral, esta cuestión adquiere especial importancia en Canarias, donde existen necesidades pendientes en ámbitos como la vivienda, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, el agua o la energía.

EL CASO DE TENERIFE SUR

Uno de los ejemplos más recientes, detalla la Cámara, es la remodelación integral del aeropuerto Tenerife Sur, cuya primera licitación quedó desierta después de que ninguna empresa presentara oferta. El contrato, promovido por Aena, partía de un presupuesto de 464,1 millones de euros, sin impuestos, y contemplaba un periodo de ejecución de 96 meses, ocho años.

La Cámara considera especialmente significativo que una actuación de esta dimensión y relevancia estratégica no haya encontrado inicialmente respuesta empresarial. De este modo, defiende, el plazo de ejecución, la evolución que pueden experimentar los costes de materiales y mano de obra durante un periodo tan prolongado y las condiciones establecidas en el procedimiento son elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar este tipo de contratos.

"No basta con disponer de una dotación económica importante. Hay que diseñar las condiciones de contratación de manera que exista un equilibrio razonable entre el riesgo que asume la Administración y el que asume la empresa", ha señalado Sesé.

La institución recuerda que esta situación no es exclusiva de esta actuación, ya que también se han producido en Canarias procesos de contratación que habrían tenido que ser replanteados o vueltos a licitar al no encontrar suficiente respuesta empresarial, mientras que en determinadas actuaciones de vivienda pública las empresas habrían trasladado igualmente su preocupación por unas condiciones económicas que no siempre reflejan la evolución real de los costes de construcción.

Sesé considera que el objetivo de introducir mecanismos de actualización no debe interpretarse como una petición para eliminar el riesgo empresarial de los contratos públicos, sino para repartir de una manera "más equilibrada" aquellos riesgos que ninguna de las partes puede controlar, especialmente en obras de larga duración y en un contexto de elevada volatilidad de costes.

SOBRE LOS DATOS

Los datos del Boletín de Coyuntura de la construcción del segundo trimestre elaborado por el Servicio de Estudios de la entidad cameral reflejan un incremento de la licitación oficial de obra pública, con un aumento del 30,4% respecto al mismo periodo del año anterior y del 26,7% respecto al trimestre precedente. Sin embargo, esta evolución está muy concentrada en la edificación, cuyo presupuesto licitado creció un 112,2% interanual, mientras que la obra civil descendió un 40,4%.

Para la Cámara, estos datos deben interpretarse teniendo presente que el volumen de obra que sale a licitación y el volumen de inversión que finalmente se ejecuta no son necesariamente equivalentes. La primera cifra refleja las actuaciones que las administraciones ponen en el mercado; la segunda depende de que esas actuaciones puedan adjudicarse y materializarse.

"Más licitación no significa necesariamente más inversión efectiva. Tenemos que conseguir que los proyectos salgan a concurso en unas condiciones que permitan que las empresas puedan concurrir, que las adjudicaciones se produzcan y que las obras finalmente se ejecuten", ha señalado Sesé.

La institución considera que los retrasos en la ejecución de infraestructuras, las licitaciones que quedan desiertas o los procesos que tienen que volver a plantearse terminan afectando tanto a la actividad de las empresas como a la capacidad de Canarias para transformar su crecimiento económico