Gobierno de España
martes 29 de septiembre de 2026 - Edición Nº1155
Cabildos | 29 sep 2026
Cabildo de Tenerife
El Cabildo de Tenerife denunciará ante la Justicia los hechos ocurridos en la depuradora de Punta Brava
17:05 |La institución insular no descarta ninguna hipótesis sobre el origen de los hechos y reclama esclarecer por qué había personas ajenas en una instalación esencial para la seguridad hidráulica de Tenerife
por Politican
El Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT), presentará ante la autoridad judicial una denuncia por los hechos ocurridos la noche del pasado 26 de septiembre en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) comarcal de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, con el objetivo de que se investiguen hasta el último extremo y se determinen todas las responsabilidades que pudieran corresponder.
El Cabildo considera que la gravedad de lo ocurrido exige una investigación exhaustiva, sin descartar ninguna hipótesis sobre el origen de la incidencia.
La institución insular quiere conocer con absoluta precisión qué ocurrió, qué provocó la rotura de la conducción, cómo se produjo la salida del producto, qué actuaciones se llevaron a cabo desde el momento en que fue detectado el incidente, si se aplicaron correctamente los protocolos de seguridad y, especialmente, qué hacían personas ajenas a la instalación en sus dependencias.
La Corporación insular será contundente en la defensa de la seguridad de las infraestructuras hidráulicas de Tenerife y no se va a dar por válida ninguna explicación que no esté respaldada por hechos, pruebas e informes técnicos. El Cabildo quiere saber qué pasó y por qué pasó, y llegará hasta donde sea necesario para esclarecerlo.
En este sentido, el CIAT ha abierto un expediente de investigación a la empresa operadora, Aqualia, para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la incidencia y comprobar el cumplimiento de todas las obligaciones relativas a la explotación, vigilancia, seguridad y mantenimiento de la instalación.
Los hechos se produjeron el sábado 26 de septiembre en la EDAR comarcal de Punta Brava, concretamente en el circuito terciario destinado al tratamiento y regeneración del agua depurada para su posterior reutilización en el riego agrícola.
La incidencia provocó la salida de cloruro férrico diluido utilizado en el proceso de tratamiento del agua. El volumen derramado se estima inicialmente en menos de 1.000 litros.
Esta estimación inicial no permite cerrar el alcance del incidente. Por ello, el Cabildo reclamará que se determine con exactitud cómo se produjo la rotura, cuál fue el recorrido del producto, qué consecuencias tuvo y si existieron otros factores que pudieran haber contribuido a lo sucedido.
La institución insular subraya que no corresponde anticipar conclusiones antes de disponer de todas las pruebas, pero tampoco minimizar unos hechos que afectan a una infraestructura esencial y que deben ser esclarecidos con absoluta transparencia.
El Cabildo exigirá que se determine si existieron fallos de mantenimiento, incumplimientos de los protocolos de seguridad, deficiencias en la vigilancia de las instalaciones o cualquier otra circunstancia relevante, así como las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse.
Asimismo, la Corporación insular considera especialmente necesario esclarecer la presencia y acceso de personas ajenas a las instalaciones, determinar en qué circunstancias se produjo y comprobar si se vulneraron los sistemas y protocolos de seguridad establecidos.
Infraestructuras esenciales
Las infraestructuras hidráulicas son esenciales para Tenerife y deben funcionar con las máximas garantías de seguridad, mantenimiento y protección ambiental. No puede haber zonas grises cuando está en juego una instalación de estas características.
La empresa operadora tiene la obligación de garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones que gestiona y de cumplir estrictamente las condiciones establecidas para su explotación. El Cabildo exigirá el cumplimiento íntegro de esas obligaciones y, si la investigación determina que existieron responsabilidades, exigirá que sean depuradas hasta las últimas consecuencias.
La institución insular mantendrá su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con la autoridad judicial y pondrá a disposición de la investigación toda la información y documentación de la que disponga. El objetivo es inequívoco y se trata de saber exactamente qué ocurrió, determinar por qué ocurrió y garantizar que una situación de estas características no vuelva a producirse.
