El PSOE exige al Gobierno de Clavijo activar la venta de las viviendas públicas para dar solución a cerca de 10.000 familias canarias

El Pleno de la Cámara regional ha aprobado por unanimidad este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista para que al Gobierno de Canarias cumpla y aplique íntegramente el Decreto 1/2023, de 19 de enero, y active el procedimiento previsto para facilitar el acceso a la propiedad de las viviendas protegidas de titularidad de la Comunidad Autónoma y de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN), para acabar con la incertidumbre de cerca de 10.000 familias que llevan décadas residiendo en viviendas públicas.

La iniciativa ha estado defendida por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, quien recordó que muchas de estas familias llevan veinte, treinta o incluso más años viviendo en estas viviendas, pagando sus alquileres y cumpliendo con sus obligaciones. “Hoy no estamos hablando solamente de viviendas, ni de un decreto, ni de un procedimiento administrativo. Estamos hablando de familias”, afirmó.

Franquis señaló que en determinados contratos y anexos suscritos por el propio Gobierno de Canarias se reconocía la posibilidad de acceder a la propiedad una vez cumplidos los requisitos y realizados los correspondientes trámites administrativos. Por ello, defendió que la situación afecta también a principios como la confianza legítima, la seguridad jurídica y la responsabilidad de las administraciones públicas.

Además, recordó que el Decreto 1/2023 fue aprobado precisamente para facilitar el acceso a la propiedad de determinadas viviendas protegidas que permanecen en régimen de alquiler.

En este sentido, subrayó que la norma establece un procedimiento concreto y que su Artículo 3 determina que el Instituto Canario de la Vivienda debe realizar las ofertas de venta mediante resolución, identificando las promociones o viviendas afectadas y fijando los plazos y la documentación necesaria.

“Estamos pidiendo algo mucho más sencillo: que el Gobierno cumpla la norma que él mismo aprobó”, afirmó Franquis, quien destacó además que este procedimiento ya ha sido utilizado por la propia Administración.

El portavoz socialista denunció que, pese a ello, existen familias que reciben comunicaciones en las que se les informa de que determinadas promociones no tienen prevista su oferta en venta, mientras continúan esperando una respuesta después de haber presentado escritos y reclamaciones ante las instituciones.

La iniciativa socialista plantea que el Gobierno identifique públicamente qué promociones y viviendas están incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto 1/2023 y cuál es la situación administrativa de cada una de ellas. Asimismo, reclama que las familias reciban información “clara, homogénea y jurídicamente rigurosa”, sin obligarlas a acudir al Parlamento de Canarias para obtener respuestas que debería proporcionar directamente la Administración.

Franquis hizo hincapié en las viviendas de titularidad de Visocan, al recordar que el propio Decreto 1/2023 contempla expresamente estas viviendas. Por ello, reclamó también la aplicación efectiva del Artículo 5 y que el Instituto Canario de la Vivienda incorpore en sus presupuestos los recursos necesarios para financiar las bonificaciones previstas en la norma.

“No podemos aceptar que una cuestión presupuestaria termine convirtiéndose en una excusa para no aplicar una norma”, señaló.

El portavoz socialista defendió que la emergencia habitacional exige no solo construir nuevas viviendas públicas, sino también cumplir las obligaciones existentes con las familias que ya residen en ellas. “No tiene sentido construir un discurso sobre el derecho a la vivienda mientras se mantiene en la incertidumbre a familias que llevan décadas esperando”, sostuvo.

Franquis insistió en que la PNL no pretende crear privilegios ni regalar viviendas, sino garantizar que se aplique un procedimiento previsto en una norma vigente. “Pretende que el Gobierno ejerza sus competencias y cumpla con su responsabilidad”, afirmó.

“Una vivienda pública no es solamente cuatro paredes. Es el hogar de una familia”, concluyó, reclamando al Ejecutivo autonómico que deje de aplazar la respuesta, identifique las viviendas afectadas, informe a sus residentes y abra, cuando legalmente corresponda, el camino para que puedan convertirse en propietarios de la vivienda que durante décadas ha sido su hogar.