por Politican
La reconstrucción de La Palma, cinco años después de la erupción volcánica, no puede medirse únicamente por las obras terminadas ni por las ayudas concedidas. Kilian Sánchez, senador del PSOE por la isla, explica en el programa "Primera Clave" de Politican.es que el verdadero balance exige observar también la recuperación social, la actividad económica y la capacidad de construir un modelo de futuro que no dependa indefinidamente de la emergencia.
Kilian Sánchez destaca la entrada en vigor de una nueva bonificación del sesenta por ciento del IRPF para las personas con residencia legal y efectiva en La Palma durante el ejercicio de dos mil veintiséis. Según explicó, la rebaja ya se había aprobado para los ejercicios de dos mil veintidós, dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro y dos mil veinticinco. El senador presentó esta continuidad como parte de un conjunto de medidas estatales que incluye una habilitación de cien millones de euros para la reconstrucción agrícola y moratorias hipotecarias destinadas a autónomos y agricultores.
El cercano quinto aniversario de la erupción sirve como punto de partida para evaluar el camino recorrido. “Parece que fue ayer, pero no, han pasado ya cinco años; cinco años de trabajo de reconstrucción, cinco años de recuperar vidas”, afirmó Sánchez. La frase refleja una recuperación que, en su opinión, no se limita a reponer bienes materiales. También comprende experiencias truncadas, proyectos personales y una dimensión social cuyo restablecimiento necesita más tiempo.
El senador aseguró que los resultados de la reconstrucción pueden observarse en varios indicadores económicos de la isla. Citó la afiliación a la Seguridad Social, la matriculación de vehículos y el consumo de bloques comunicado por la Federación de Empresarios de La Palma como señales de movimiento inversor y actividad constructiva. “Eso significa que se está haciendo una reconstrucción, que hay dinero, que se está moviendo el dinero y que hay un flujo económico en la isla de La Palma lo suficientemente importante”, sostuvo.
Sin embargo, su diagnóstico incluye una advertencia: La Palma no debe vivir exclusivamente de las rentas asociadas a la reconstrucción. “Creo que sí tenemos que ser inteligentes para poder trabajar más a largo plazo”, señaló. Esa perspectiva conduce a tres prioridades. La primera es reforzar la ciencia y la innovación alrededor del Observatorio del Roque de los Muchachos y de la posible implantación del Telescopio de Treinta Metros, una inversión que, de acuerdo con el senador, superaría los mil millones de euros. La segunda consiste en promover un turismo de calidad, diferenciado del turismo de masas y coherente con la identidad palmera. La tercera es ampliar la formación superior.
Kilian Sánchez agradeció las medidas al presidente Pedro Sánchez y a los ministros responsables, pero reservó su reconocimiento al Ejecutivo autonómico hasta que se materialicen las actuaciones. “Mi agradecimiento al Gobierno de Canarias será cuando desarrollen las medidas que se han aprobado. Nosotros hemos aprobado estas medidas, hemos puesto el dinero y hemos hecho una habilitación presupuestaria”, afirmó.
El senador insistió en que la negociación institucional debe desembocar en resultados verificables: “Felicitaré al Gobierno de Canarias cuando ejecute de manera adecuada estas partidas”. Y resumió su posición con una frase directa: “No es solo pedir, sino también hay que cumplir”. La ejecución presupuestaria aparece así como el criterio con el que Sánchez propone medir la responsabilidad de cada Administración.
La experiencia de Kilian Sánchez como antiguo director del Área de Salud de La Palma explica la atención que presta al transporte sanitario urgente y no urgente. Recordó que, durante la etapa de Ángel Víctor Torres al frente del Gobierno de Canarias, se renovó el parque móvil mediante un nuevo contrato y se incorporaron equipamientos tecnológicos. Con el paso de los años, considera que aquel impulso ha perdido continuidad.
Su crítica se dirige a tres frentes: las condiciones laborales, las retribuciones y el estado de los vehículos. Durante la entrevista aludió a una denuncia del sindicato USO según la cual habría vehículos en La Palma incapaces de superar los sesenta kilómetros por hora. Sánchez utilizó ese dato para subrayar el riesgo que puede representar cualquier retraso en una emergencia: “Un minuto puede costarle la vida a una persona”.
Más allá de la advertencia, planteó dos demandas concretas al Gobierno de Canarias: mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y sacar un nuevo contrato que permita renovar los vehículos. La calidad del servicio, según su argumento, depende tanto de una flota adecuada como de profesionales protegidos y reconocidos.
Como secretario de Sanidad de la Ejecutiva Federal del PSOE, Kilian Sánchez defendió la propuesta de Estatuto Marco para el personal sanitario. La presentó como una actualización pendiente desde dos mil tres y destacó posibles avances en clasificación profesional, guardias, conciliación familiar, plantillas, recursos humanos y acceso a la formación. “Yo defiendo que es un buen Estatuto Marco”, resumió.
Ante la posibilidad de una huelga médica indefinida, Sánchez diferenció entre el conjunto de las profesiones sanitarias y los sindicatos médicos que reclaman una regulación propia. Su posición es contraria a fragmentar el marco laboral por categorías: “Nosotros defendemos un Estatuto Marco en el que esté incorporada toda la profesión sanitaria”. A su juicio, crear un texto exclusivo para médicos conduciría a plantear normas separadas para enfermería, fisioterapia y las demás profesiones.
El dirigente socialista reconoció el derecho de los convocantes a defender sus reivindicaciones, pero afirmó que la huelga estaría respaldada por un veinte por ciento de la profesión médica. También explicó que, una vez publicada la norma, las comunidades autónomas dispondrían de cinco años para adaptarla a su realidad. Con ello quiso responder a la idea de que el texto impondría una regulación rígida: “No es un Estatuto Marco que viene a asfixiar a las comunidades autónomas; en ningún caso. Es un Estatuto Marco que viene a fijar unas bases mínimas de garantía para todas las comunidades autónomas”.
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