El Gobierno da luz verde al 'Decreto Canarias' con ayudas para La Palma y uso de 600 millones del superávit

El Consejo de Ministros aprobó este pasado martes el llamado 'Decreto Canarias' que incluye medidas fiscales para la reconstrucción de La Palma como la bonificación del 60% del IRPF para residentes entre 2022 y 2026 y una partida de 100 millones de euros para cubrir principalmente la pérdida rentabilidad de agricultores y ganaderos y la construcción de obras.

El decreto, expuesto en rueda de prensa por el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, implica también una moratoria para los agricultores de los tres municipios afectados por la erupción (Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte) que habían solicitado préstamos y no computar las subvenciones del Posei para fijar los rendimientos netos de los autónomos --se aplicarán ingresos de 2019 y no de 2020--.

Igualmente, y junto a otras siete comunidades, se le permitirá a Canarias utilizar 600 millones del superávit de 2025 a inversiones sostenibles en 2026 y 2027, caso de las relacionadas con la vivienda.

El Ejecutivo ha regulado la norma para permitir a las comunidades autónomas con una deuda sobre PIB inferior al 12,4% --a cierre de 2025-- destinar esos superávit presupuestarios de ejercicios anteriores, a inversiones que no computarán a efectos del cumplimiento de la regla de gasto --en lugar de destinar esos recursos a reducir deuda, como marca ahora la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria--.

Con los datos disponibles hasta la fecha, estas medidas benefician a ocho comunidades, como son Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Balears, Cantabria y Galicia.

En total, supone que estos territorios podrán destinar más de 4.000 millones de superávit presupuestario a inversiones para fortalecer los servicios públicos.

Las IFS son aquellas inversiones que en el largo plazo tengan un impacto positivo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de las Comunidades Autónomas que permiten, durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

Estas inversiones deben ser económicamente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión y no computan en el gasto del ejercicio en que se ejecutan a efectos de la aplicación de la regla de gasto, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Además, para poder beneficiarse de esta regla especial del destino del superávit presupuestario, las administraciones territoriales han de cumplir con el período medio de pago a proveedores previsto en la normativa sobre morosidad.