El PSOE acusa al Gobierno de Canarias de negar a 10.000 familias el derecho a adquirir su vivienda pública

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha denunciado que el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, mantiene bloqueado el procedimiento que permitiría a cerca de 10.000 familias canarias adquirir en propiedad las viviendas protegidas en las que llevan décadas viviendo en régimen de alquiler.

Franquis realizó estas declaraciones tras los encuentros mantenidos con representantes de la Plataforma Ciudadana de Viviendas Sociales en Lucha y de la Plataforma 289 Vivienda por Derecho de Lomo de los Frailes, con quienes abordó la situación de las familias afectadas y el incumplimiento, a juicio de los socialistas, de la finalidad del Decreto 1/2023, aprobado durante el anterior Gobierno de Canarias.

Para el portavoz socialista, la situación es “especialmente grave” porque el Decreto 1/2023 continúa vigente y establece el marco para desarrollar el procedimiento de acceso a la propiedad de estas viviendas.

Para Franquis “Fernando Clavijo ha decidido guardar en un cajón un decreto que sigue plenamente vigente. No lo ha derogado, no lo ha modificado y, sencillamente, se niega a aplicarlo. Es una decisión política injustificable que condena a miles de familias a una incertidumbre permanente”.

Una norma creada para facilitar la compra y no para impedirla

Franquis recordó que el Decreto 1/2023 fue aprobado para sustituir y actualizar el régimen establecido por el anterior Decreto 114/1999, adaptando el procedimiento a la legislación vigente y dotándolo de mayores garantías jurídicas.

En este sentido, rechazó que la derogación del Decreto 114/1999 pueda utilizarse como argumento para negar el acceso a la propiedad.

“La derogación del Decreto 114/1999 fue la sustitución de una norma por otra. Lo que desapareció fue el decreto anterior, no la posibilidad de acceder a la propiedad. Ese procedimiento quedó regulado por el Decreto 1/2023, que se aprobó precisamente para dar seguridad jurídica y hacer posible la adquisición de estas viviendas”, señaló.

El portavoz socialista subrayó que la propia denominación, el artículo primero y la exposición de motivos del Decreto 1/2023 dejan clara su finalidad, orientada a regular y facilitar el acceso a la propiedad de las viviendas protegidas mediante un procedimiento con mayores garantías de seguridad jurídica, transparencia y eficacia.

El problema no es jurídico; es una decisión política

“El problema no está en la ley. El problema está en un Gobierno que no aplica la ley que tiene vigente. No existe ningún artículo que prohíba vender estas viviendas. Lo que existe es una decisión política de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) de no activar el procedimiento que permitiría a miles de familias convertirse en propietarias de sus hogares”, afirmó.

Franquis calificó además de “especialmente grave” el contenido de las comunicaciones remitidas por VISOCAN a las familias afectadas, al considerar que trasladan un mensaje que no se ajusta ni al contenido ni a la finalidad del Decreto 1/2023.

El portavoz socialista puso el foco especialmente en la respuesta trasladada por VISOCAN en la que se afirma que “no existe previsión alguna de ofertar la venta” de determinadas promociones.

“Esta frase es muy reveladora. No demuestra que exista un impedimento legal para vender las viviendas; demuestra que el Gobierno no tiene previsto hacerlo. El problema, por tanto, no es la inexistencia de un procedimiento, sino la decisión de no ponerlo en marcha”, señaló.

Franquis recordó que fue el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres el que aprobó el Decreto 1/2023 para actualizar el régimen jurídico y ofrecer una respuesta a las familias que llevaban años esperando poder acceder a la propiedad de sus viviendas.

“El Gobierno de Ángel Víctor Torres aprobó una norma para dar una solución a miles de familias. El Gobierno de Fernando Clavijo no la ha derogado ni la ha modificado. Simplemente no la aplica. Esa es la evidencia de que estamos ante una decisión política y no ante un problema jurídico”, añadió.

Exigencias del PSOE

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista exige al Gobierno de Canarias activar de inmediato el procedimiento previsto en el Decreto 1/2023 mediante la publicación de las resoluciones de oferta de venta de las promociones afectadas, así como garantizar a las familias afectadas “una información clara y jurídicamente rigurosa, evitando comunicaciones que puedan inducir a interpretar que la derogación del Decreto 114/1999 eliminó la posibilidad de acceder a la propiedad”.

Además, los socialistas piden que se dé una “respuesta definitiva y con seguridad jurídica” a las cerca de 10.000 familias que esperan poder adquirir las viviendas en las que llevan décadas viviendo.

El PSOE llevará la situación al Parlamento

Franquis anunció que el Grupo Parlamentario Socialista llevará esta situación al Parlamento de Canarias mediante distintas iniciativas de control e impulso político.

En concreto, el PSOE solicitará la comparecencia del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, para que explique por qué el Gobierno de Canarias no ha activado las resoluciones de oferta de venta previstas en el Decreto 1/2023, y también presentará una Proposición No de Ley (PNL) para exigir el cumplimiento íntegro del Decreto 1/2023 y la activación inmediata del procedimiento de oferta de venta, con el objetivo de garantizar el acceso a la propiedad de las viviendas a las más de 10.000 familias afectadas.

En la misma línea solicitará la comparecencia de las plataformas de afectados para que puedan trasladar directamente a la Cámara regional la situación que están viviendo miles de familias canarias.

Franquis concluyó reclamando al presidente del Gobierno de Canarias que adopte una decisión clara: “La ley existe, el procedimiento está regulado y las familias llevan años esperando. Fernando Clavijo tiene que decidir si cumple el Decreto 1/2023 o si asume públicamente que ha decidido cerrar la puerta a cerca de 10.000 familias canarias que aspiran legítimamente a convertirse en propietarias de las viviendas en las que llevan décadas viviendo. Lo que no puede hacer el Gobierno es mantener vigente una norma y, al mismo tiempo, negarse a aplicar el procedimiento que establece”.