Canarias tramita el procedimiento para conceder, por primera vez, ayudas económicas a víctimas de violencias sexual

El Gobierno de Canarias se encuentra tramitando el primer decreto que regula en la Comunidad Autónoma el procedimiento para la concesión y el pago de ayudas económicas destinadas a víctimas de violencias sexuales con insuficiencia de recursos económicos. La nueva norma, que recoge el informe positivo del Consejo General de Servicios Sociales, permitirá hacer efectivo en Canarias el derecho reconocido en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, estableciendo un procedimiento específico para la tramitación, resolución y abono de estas prestaciones.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, destacó que “con este decreto damos un paso más para garantizar que los derechos reconocidos por la legislación se traduzcan en una protección real y efectiva para las víctimas de violencias sexuales”. En este sentido, señaló que “la recuperación de una víctima no puede entenderse sin favorecer también su autonomía económica, eliminando obstáculos administrativos y facilitando el acceso a los recursos públicos a quienes más los necesitan”.

El decreto establece que podrán acceder a estas ayudas las víctimas de violencias sexuales que cumplan los requisitos previstos en la normativa estatal y estén empadronadas en cualquiera de los municipios de Canarias. Asimismo, determina el procedimiento que seguirá el Instituto Canario de Igualdad para la gestión de las solicitudes, la documentación necesaria, los plazos de resolución y las modalidades de pago de la prestación.

La norma contempla que la condición de víctima pueda acreditarse mediante resolución judicial, informe del Ministerio Fiscal o a través del sistema de acreditación administrativa previsto en la legislación estatal, incluyendo informes emitidos por los servicios especializados de atención a las víctimas de violencias sexuales. Además, simplifica la tramitación administrativa mediante la consulta electrónica de datos cuando exista autorización de la persona solicitante, reduciendo la carga documental y agilizando el procedimiento.

Entre las novedades del decreto figura la tramitación prioritaria de aquellas solicitudes correspondientes a víctimas que se encuentren en situaciones de especial urgencia o vulnerabilidad social y económica, acreditadas por los recursos especializados de atención integral, con el fin de garantizar una respuesta más rápida en los casos de mayor necesidad. Asimismo, el texto regula la posibilidad de solicitar la prórroga de las ayudas cuando proceda, su compatibilidad con otras prestaciones y el procedimiento de reintegro en los supuestos previstos por la normativa.

El decreto incorpora también una disposición transitoria para garantizar que las solicitudes presentadas desde la entrada en vigor del desarrollo reglamentario estatal puedan tramitarse conforme al nuevo procedimiento, evitando que las personas solicitantes vean perjudicado su derecho por la aprobación de esta regulación.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias establece el marco normativo necesario para gestionar estas ayudas en el ámbito autonómico e integra esta prestación en el conjunto de recursos del Sistema Canario de Prevención e Intervención Integral contra la Violencia de Género, reforzando la coordinación institucional y la atención integral a las víctimas de violencias sexuales.