Sucedió tal día como hoy en 2016: El Gobierno volverá a reclamar al Estado los 17 millones recaudados en las Islas por las tasas judiciales

Tal día como hoy el portal de noticias del Gobierno de Canarias publicaba la siguiente noticia:

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, afirmó hoy que el Gobierno de Canarias volverá a reclamar al Gobierno estatal, en la próxima Conferencia Sectorial de Justicia, los 17 millones de euros  recaudados en las Islas por la aplicación de la Ley de Tasas Judiciales. Afonso valoró la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional (TC) de declarar nulas por inconstitucionales las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas. El consejero recordó que esta ley impidió que toda la ciudadanía pudiera defender sus derechos ante la justicia en igualdad de condiciones.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo canario valora la decisión del Tribunal Constitucional de declararlas nulas por inconstitucionales

La aplicación de la polémica Ley de Tasas Judiciales, manifestó Afonso, generó a las arcas del Estado la cantidad de 639 millones de euros. Una recaudación que alcanzó más de 17 millones euros en Canarias y de los cuales «no recibimos ni un solo euro». Las cantidades recaudadas por ese concepto «tenían que haber revertido a la justicia y en concreto a la justicia gratuita, algo que no ha sucedido», lamentó.

La sentencia adoptada por unanimidad por el TC, que estima parcialmente el recurso presentado por el PSOE y que declara inconstitucionales las tasas aprobadas en noviembre de 2012, supone señaló Afonso, «un varapalo a la política judicial del PP y a su burdo intento de privatizar la Justicia».

Las tasas judiciales aprobadas por el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón han producido, durante el tiempo que han estado en vigor, un efecto disuasorio en la ciudadanía a la hora de acudir a los tribunales de Justicia, insistió el consejero.

Afonso recordó que el Gobierno de Canarias interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional al entender que la ley establecía unas tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional que se consideran lesivas del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución Española.