por Politican
José Miguel González, economista y director de consultoría en Corporación 5, en entrevista en el programa "A Buenas Horas con José Luis Martín", el experto ha desgranado los pilares que sostienen —y los que amenazan con derribar— la estabilidad de las islas, abordando desde el polémico absentismo laboral hasta la crisis habitacional que define a una generación.
Uno de los puntos más críticos de la actualidad económica en el archipiélago es el incremento de las bajas laborales. Según González, nos encontramos en máximos históricos, especialmente tras la pandemia de 2020. Pero el problema no es solo el volumen, sino la incapacidad de los agentes sociales para ponerse de acuerdo en el origen del mal.
"El diagnóstico está hecho. Ahora reconozcamos que hay un problema y, a la hora de reconocer un problema, nos sentemos para establecer las soluciones pertinentes", afirma con rotundidad. Sin embargo, el obstáculo reside en que, ante un mismo dato, surgen interpretaciones diametralmente opuestas. Mientras una parte del sector empresarial sospecha de un uso fraudulento del sistema, otros sostienen que la población enferma precisamente por las deficiencias de ese mismo sistema.
El papel de los facultativos de la sanidad pública ha estado bajo la lupa. No obstante, González defiende su posición aclarando que "no son adivinos ni inspectores". La responsabilidad del médico es con la salud de la persona y deben creer en la palabra del paciente. El conflicto surge en la interacción con las mutuas, agentes profesionales de igual nivel pero vinculados al ámbito empresarial.
Un dato revelador aportado por el economista subraya una anomalía en el sistema: Canarias es el lugar donde menos propuestas de alta médica emitidas por las mutuas son aceptadas por el sistema público. Esta falta de equiparación en el criterio médico genera un cuello de botella que alimenta la incertidumbre. González no aboga por cambiar la legislación nacional para otorgar a las mutuas la capacidad de dar altas, pero sí reclama una "equiparación en el criterio médico" para evitar el enquistamiento de los casos de enfermedades comunes.
Si el absentismo es un problema de interpretación, la vivienda es una realidad física y asfixiante. José Miguel González utiliza una metáfora potente para describir la situación habitacional en Canarias: es la soga que limita la emancipación, el progreso social y la retención del talento.
A diferencia del absentismo, donde no hay acuerdo en el diagnóstico, en la vivienda el problema es transparente: falta oferta. "El fuego ya se inventó, no estemos reinventando el fuego. La solución es construir más viviendas", sentencia. Sin embargo, advierte que esta solución, aunque identificable, no es inmediata, requiriendo un horizonte de entre 3 y 5 años para materializarse.
La crisis de la vivienda no es solo un indicador económico; es un veneno para la estructura social. González señala cómo se están creando unidades familiares cada vez mayores porque los jóvenes no logran emanciparse, dependiendo de la suerte de heredar la propiedad de sus padres. Esto genera un efecto dominó: si no hay donde vivir, el talento profesional se fuga o simplemente no llega, lastrando la capacidad competitiva de las islas.
En el ámbito fiscal, los datos también son llamativos. En el primer cuatrimestre del año, la recaudación del IGIC en Canarias alcanzó los 1.038 millones de euros, un incremento del 7%. Ante la pregunta de por qué el Gobierno no se atreve a bajar los tipos impositivos si las arcas están llenas, González ofrece una lección de macroeconomía aplicada.
"Disminuir impuestos no significa necesariamente disminuir la recaudación", explica el economista, pero el problema reside en la normativa pública. La regla de gasto establece que, si se reduce la recaudación por una decisión normativa (bajar el impuesto), se debe reducir el gasto público de forma equivalente. Por tanto, bajar el IGIC no es solo una cuestión de voluntad política para abaratar la vida de los ciudadanos, sino que impactaría directamente en los recursos disponibles para servicios públicos.
González sostiene que, para bajar el IGIC, habría que incrementar la productividad del sector público, permitiendo que con menos recursos se haga lo mismo o más. Sin embargo, de cara al último tramo de la legislatura y con un proceso electoral en el horizonte, se muestra escéptico ante cualquier medida disruptiva en este sentido.
Al analizar el futuro inmediato, González observa una economía que ha aprendido a convivir con el caos. Factores como la inestabilidad política en las grandes potencias o los conflictos geopolíticos en Oriente Medio ya están integrados en los modelos económicos. "La variable incertidumbre, por fortuna, ya está incorporada dentro de los modelos. Esto te hace ser algo más timorato en las expectativas", comenta.
Un fenómeno curioso que resalta el director de Corporación 5 es la desconexión entre la política y la economía real, algo que él denomina como la "italianización" del sistema. A pesar de las actuaciones erráticas de líderes internacionales como Donald Trump o las crisis en Reino Unido, la realidad de las empresas y las personas sigue su propio curso, como por ejemplo con:
Verano y Turismo: El verano está "vendido" gracias a una demanda interna que ha reaccionado positivamente por el sostenimiento de las rentas y el empleo.
Inflación (IPC): El reciente repunte del 0,6% mensual se explica por la reincorporación del IVA en la electricidad a nivel nacional, que en Canarias afecta debido a la compensación del REF. "Ojo avizor, porque la escala del precio del petróleo indica que esto no se ha acabado".
Fin de los Fondos Europeos: González advierte sobre la futura "inexistencia de los Next Generation", lo que obligará a una reestructuración de la inversión pública.
A las puertas de un nuevo curso político, González no espera grandes sorpresas. "Hay cosas que, cuando funcionan, es mejor no tocarlas", afirma respecto a un empleo que sigue manteniendo tasas positivas. No obstante, insiste en que la vivienda será el "arma arrojadiza" de la próxima campaña electoral. Aunque no es responsabilidad directa de un solo gobierno, la habilitación de suelo y la colaboración privada serán los campos de batalla.
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