El PP exige la dimisión de Ángel Víctor Torres tras las conclusiones del dictamen de la comisión de investigación del ‘caso mascarillas’

El Grupo Parlamentario Popular exigió este lunes la dimisión inmediata del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras la aprobación del dictamen final de la comisión de investigación sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia, al considerar acreditadas responsabilidades políticas por la gestión de los contratos vinculados a la trama corrupta y condenada Ábalos, Koldo y Aldama cuando ejercía como presidente del Gobierno de Canarias.

En rueda de prensa, el diputado Fernando Enseñat, denunció la reacción del PSOE de Canarias, y de Ángel Víctor Torres en particular, tras hacerse público el dictamen, reprochándole que haya optado por "hacerse la víctima, querer tomarles el pelo a los canarios, negarlo todo sin dar una sola explicación y menospreciar el trabajo del Parlamento de Canarias calificándolo de circo o amaño".

Frente a esa actitud, Enseñat defendió los hechos probados de las 114 páginas del dictamen y sus 17 conclusiones, insistiendo en que "Torres debe asumir sus responsabilidades políticas y dimitir inmediatamente".

El diputado popular sostuvo que el expresidente "no puede seguir escondiéndose detrás de un lo niego todo y todo es falso" cuando, recordó, "estamos hablando de más de 20 millones de euros de dinero público y de sus presuntos tratos de favor, irregularidades y privilegios a una trama corrupta, en lo más duro de la pandemia".

Durante su intervención, Enseñat enumeró algunas de las cuestiones que Torres sigue sin explicar a los canarios, entre ellas la entrada de la trama en el Archipiélago, la adjudicación y modificación de contratos, los pagos realizados a empresas vinculadas a la organización, la intervención política en expedientes administrativos o los mensajes intercambiados con Koldo durante la pandemia.

“Como recoge el dictamen: sin Torres la trama no hubiera podido operar en Canarias", afirmó Enseñat, a la vez que señaló que el expresidente también debe responder por la creación de un órgano "alegal, sin control y sin transparencia" para gestionar la emergencia sanitaria, por el cese de la entonces consejera de Sanidad, Teresa Cruz, y por la permanencia de Conrado Domínguez al frente del Servicio Canario de la Salud pese al estallido del caso RR7.

"Los canarios merecían un presidente que actuara con la honorabilidad y la responsabilidad que exigían los momentos más duros del COVID. En cambio, tuvieron a Torres, Ábalos, Koldo y Aldama", afirmó Enseñat, quien concluyó que "Ángel Víctor Torres debe dimitir no solo por los hechos recogidos en el dictamen, sino porque faltó y falló a la responsabilidad que los canarios esperaban de su presidente".

Las piezas del puzle encajan

Por su parte, la diputada Jennifer Curbelo aseguró que las conclusiones de la comisión de investigación adquieren ahora una dimensión aún mayor tras conocerse los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos y Koldo García.

"Hoy conocemos el libro completo", afirmó, explicando que existen "tres capítulos fundamentales" que conforman un mismo relato: "la comisión de investigación del Parlamento de Canarias, los informes de la UCO y la demoledora sentencia del Tribunal Supremo con la mayor condena de la democracia a un exministro".

Según explicó, la comisión parlamentaria permitió revertir la "la ley del silencio que el PSOE impuso cuando gobernaba Canarias" y acreditar la existencia de responsabilidades políticas durante la gestión de los contratos sanitarios de la pandemia.

"La conclusión de esta comisión es clara: hay responsabilidad política, aunque nadie la haya asumido hasta ahora", aseguró.

Curbelo destacó que el dictamen identifica tres momentos claves para entender lo que pasó durante la pandemia: la sustitución de los órganos legalmente establecidos por un "comité fantasma", los ceses injustificados de los responsables de Sanidad que garantizaban la legalidad de los procedimientos y la inverosímil atribución de toda la responsabilidad a una única funcionaria para contratar libremente más de 90 millones de euros.

La diputada popular sostuvo además que los informes de la UCO desmontan las versiones ofrecidas durante la comisión y evidencian "el muy alto nivel de injerencia política" del entonces presidente y de su viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, en los contratos relacionados con la trama.

"A partir de esta segunda pieza ya no estamos ante interpretaciones ni intuiciones. Estamos ante conversaciones contrastadas, mensajes y audios cuya autenticidad ni siquiera ha podido negar el propio Ángel Víctor Torres", señaló.

Respecto a la sentencia del Tribunal Supremo, Curbelo afirmó que constituye "la pieza más contundente", al condenar a quienes encabezaban la organización criminal que, según sostuvo, "entró en Canarias porque alguien les abrió la puerta".

"Ya no se puede seguir desacreditando a este Parlamento, ni a la UCO, ni a una sentencia histórica del Tribunal Supremo", manifestó.

Para la diputada popular, la imagen completa que ofrecen el dictamen parlamentario, los informes policiales y la resolución judicial conduce a una única conclusión política: "Las responsabilidades penales las determinan los tribunales, pero las responsabilidades políticas las exige la democracia. Y esas siguen pendientes, tanto en Madrid como en Canarias".

El Grupo Parlamentario Popular reiteró finalmente que el dictamen aprobado por el Parlamento acredita hechos de extraordinaria gravedad y defendió que Torres debe asumir las responsabilidades políticas derivadas de su gestión al frente del Gobierno de Canarias durante la pandemia.