El CES apuesta por simplificar la Ley del Suelo de Canarias para ganar seguridad jurídica sin perder garantías

El Consejo Económico y Social de Canarias (CES) ha apostado por una actualización de la Ley del Suelo que simplifique el marco normativo, elimine duplicidades administrativas y refuerce la seguridad jurídica para agilizar el desarrollo económico y territorial del archipiélago, según ha recogido el 'dictamen cuatro/2026' aprobado por el pleno de la institución.

En un comunicado, el presidente del CES, José Carlos Francisco, ha defendido que simplificar la ley "no significa reducir controles, sino eliminar burocracia innecesaria y mejorar la coordinación entre administraciones".

Además, ha afirmado que la actualización de la norma es una oportunidad para simplificar un marco normativo que hoy resulta "excesivamente complejo" y ha añadido que se necesita una regulación "más clara, más coordinada y que aporte seguridad jurídica sin renunciar a la protección del territorio".

Por su parte, entre las principales recomendaciones del dictamen destaca la elaboración de un texto refundido que integre en una única norma la Ley cuatro/2017, de trece de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, junto con todas las modificaciones aprobadas desde su entrada en vigor.

Aquí, el CES ha señalado que esta medida incrementará la seguridad jurídica, facilitará la aplicación de la legislación y ofrecerá un marco normativo más claro tanto para las administraciones públicas como para las empresas y la ciudadanía.

UNA ACTUALIZACIÓN QUE RESPONDA A RETOS CLAVE

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional y Planificación Económica, Elena Vela, ha destacado la necesidad de que la actualización responda a retos clave como la movilización efectiva de suelo residencial para facilitar la construcción de vivienda, especialmente protegida.

De igual modo, ha subrayado la importancia de mejorar el régimen aplicable al suelo industrial, agilizar los procedimientos y aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en la tramitación administrativa, siempre bajo la supervisión del personal funcionario.

El documento ha contemplado como necesario fortalecer los recursos humanos y técnicos de las administraciones públicas, especialmente de los ayuntamientos con menor capacidad, para que puedan asumir con eficacia las nuevas competencias.

Finalmente, el dictamen también ha apostado por reforzar la participación ciudadana y la implicación de los agentes económicos y sociales durante la elaboración del planeamiento urbanístico, de manera que la agilización de los procedimientos no suponga una reducción de la transparencia.