Gran Canaria exige al Gobierno regional que paralice la instalación de granjas marinas en el litoral de La Aldea y Artenara

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria manifestó este pasado viernes su rotundo y unánime rechazo a la instalación de granjas marinas en el litoral de La Aldea de San Nicolás y Artenara, dentro de la Zona de Interés Acuícola GC-9, si no se aseguran la preservación de todos los espacios marinos existentes en la zona y la salvaguarda de la pesca artesanal.

Con esa premisa, la Cámara insular decidió exigir al Gobierno de Canarias que paralice o deje sin efecto de inmediato cualquier autorización destinada a la implementación de este tipo de proyectos en la zona, debido a las afecciones que ocasionarían sobre el medioambiente y el territorio.

La iniciativa propuesta por los dos grupos que conforman el actual Gobierno de la Isla, Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista y el Partido Socialista Canario-PSOE, fue defendida en el Pleno por el consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo. En su argumentación, hizo hincapié en la necesidad de extremar la cautela respecto a la ubicación que se ha propuesto para la instalación acuícola en el litoral de La Aldea de San Nicolás, debido a las particularidades marítimas del lugar y la proximidad de espacios naturales de un elevado valor ambiental y paisajístico.  

Es más, el documento incide en que la idoneidad del emplazamiento proyectado para esos viveros es muy dudosa, dadas las particulares condiciones marítimas de esta zona, caracterizada por una elevada exposición al oleaje y a las dinámicas oceánicas.

El texto aprobado subraya que implantar estas infraestructuras en ese litoral requiere un análisis específico, al tratarse de un espacio costero de alta sensibilidad, por su extrema proximidad a diversos espacios naturales protegidos, como la Reserva Natural Especial de Guguy, la Reserva Natural Integral de Inagua, el Parque Natural de Tamadaba, la Zona de Especial Protección para las Aves de la Franja Marina Mogán-La Aldea, la Zona de Especial Conservación de Sebadales de Guguy y la Micro Área Marina Protegida de La Aldea de San Nicolás.

En este sentido, el Cabildo advierte de que las directrices del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC) no eximen de exigir las máximas garantías, puesto que un impacto negativo resultaría desastroso para un patrimonio natural que mantiene un elevado grado de conservación y que apenas ha sufrido procesos de antropización.

Por ello, reclama al ejecutivo autonómico que adopte cualquier decisión sobre estos proyectos tras una evaluación exhaustiva de todos los informes técnicos y ambientales preceptivos, con el fin de garantizar el máximo nivel de protección del medio marino y del entorno natural.

Y, además, le insta a articular procesos de información, diálogo y participación pública amplios, transparentes y efectivos, que permitan recoger y valorar las aportaciones de la ciudadanía y de los sectores afectados.

Respaldo al sector de la acuicultura

En el documento respaldado por todas y todos los miembros de la Cámara, se deja muy claro que el Cabildo reconoce que la acuicultura constituye una actividad económica respaldada por organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), considerándola una herramienta fundamental para la seguridad alimentaria, la diversificación de la producción pesquera y la generación de empleo en los territorios costeros.

Es más, asegura que comparte la importancia de seguir explorando alternativas económicas sostenibles que permitan diversificar la economía de Canarias y generar nuevas oportunidades laborales. “No dudamos de que la acuicultura, desarrollada bajo criterios rigurosos de sostenibilidad ambiental y social, puede contribuir a la creación de riqueza y empleo”, se asevera en el documento.

Sin embargo, dado que la competencia en esta materia recae en el Gobierno de Canarias, todas las organizaciones políticas con representación en el Cabildo le demandan la realización de un análisis minucioso y vinculante de todos los efectos que el sector acuícola podría generar en el medio marino, paisajístico, medioambiental, social y económico de la zona, apelando firmemente al principio de precaución antes de autorizar cualquiera de estos proyectos.