por Europa Press
El nuevo fiscal superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover, ha situado la lucha contra la violencia de género y la protección de los menores migrantes como dos de las principales prioridades de su mandato al frente del Ministerio Fiscal en las islas.
Durante su discurso en el acto de toma de posesión del cargo que tuvo lugar este pasado martes en el antiguo Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria bajo la presidencia de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, defendió la necesidad de reforzar los recursos especializados para atender a las víctimas de violencia machista y avanzar en la igualdad de la respuesta judicial en todo el archipiélago.
En este sentido, Serrano-Jover apostó por impulsar la creación de una tercera Unidad de Violencia sobre la Mujer en Tenerife y reclamó que ninguna víctima reciba una atención de menor calidad por razón de la isla en la que reside.
Asimismo, abogó por la puesta en marcha en Tenerife de un órgano judicial especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia, siguiendo el modelo ya implantado en Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de evitar la "revictimización" de los menores y garantizar una respuesta judicial "especializada, integral y humana".
El nuevo fiscal superior también destacó el papel de las Oficinas de Atención a las Víctimas y defendió su presencia en todas las áreas judiciales del archipiélago para garantizar asistencia jurídica, psicológica y social desde el primer momento a quienes hayan sufrido un delito.
PROTECCIÓN DE LOS MENORES MIGRANTES: "PRIORIDAD ABSOLUTA"
Por otro lado, Serrano-Jover se refirió a la crisis migratoria y subrayó que la protección de los menores migrantes no acompañados constituye una "prioridad absoluta", apostando por reforzar los recursos de la Fiscalía y la coordinación con las administraciones y entidades implicadas.
"No se puede desconocer la realidad sociológica que en numerosos momentos azota a la sociedad canaria con enorme virulencia. Canarias es, desde hace años, la puerta de entrada de miles de personas migrantes a Europa. Esa realidad no es solo un desafío logístico o institucional: es, ante todo, una cuestión de derechos fundamentales", observó.
Al respecto, entendió que la llegada masiva de personas en situación de extrema vulnerabilidad, "entre ellas, un número significativo de niñas, niños y adolescentes no acompañados", exige una respuesta coordinada, eficiente y "profundamente humana" del Ministerio Fiscal.
Por ello, el fiscal superior dijo que debe consolidarse y reforzarse el modelo de actuación que ha permitido que la Fiscalía canaria "sea hoy un referente reconocido en la gestión de esta crisis".
"Eso significa --continuó-- mantener los refuerzos de fiscales y personal auxiliar necesarios, fortalecer la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía autonómica, la Dirección General de Protección de la Infancia y las Familias, los institutos de Medicina Legal, los colegios de abogados, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en primera línea".
Para Serrano-Jover, la protección de los menores no acompañados es una "prioridad absoluta", abogando por garantizar procedimientos médico-legales garantistas para la determinación de la edad biológica, supervisar las condiciones de acogida, asegurar la documentación y atención de los menores y prevenir la vulneración de derechos fundamentales en los procesos de derivación a la Península son compromisos que la Fiscalía Superior tiene que asumir "de manera irrenunciable".
REIVINDICA EL TRABAJO DE FISCALES Y FUNCIONARIOS EN CANARIAS
Además, reivindicó el trabajo que desarrollan fiscales y funcionarios en Canarias pese a las dificultades derivadas de la dispersión territorial del archipiélago, la elevada carga de trabajo y las limitaciones materiales existentes en algunos ámbitos.
En este sentido, aseguró que uno de sus objetivos será reforzar la coordinación entre las distintas fiscalías de las islas para garantizar una actuación homogénea y eficaz del Ministerio Fiscal.
Finalmente, apostó por impulsar la modernización tecnológica de la Administración de Justicia mediante la implantación plena del expediente judicial electrónico y nuevas herramientas de gestión que permitan conocer en tiempo real la actividad de las fiscalías.