Francisco Montero: Es una "infamia" salarial de 19 años la que padecen los Técnicos Superiores Sanitarios

Detrás de cada tratamiento de radioterapia, de cada análisis genético o de cada transfusión de sangre, se encuentra la figura del Técnico Superior Sanitario (TSS). Sin embargo, este colectivo profesional, esencial para el funcionamiento de cualquier hospital moderno, vive sumido en lo que Francisco Montero, secretario general de SIETeSS (Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios), califica sin ambages como una "infamia".

En una entrevista en el programa "A Buenas Horas con José Luis Martín", Montero pone voz a miles de profesionales que no solo exigen una mejora laboral, sino el cumplimiento estricto de la ley. La situación es, cuanto menos, paradójica como asegura: España, que presume de ser el motor económico de Europa, mantiene a sus técnicos sanitarios en un limbo administrativo y económico que dura ya casi dos décadas. "No queremos que nos regalen ningún título, sino poder estudiar más para tener una titulación acorde a las necesidades del sistema", explica Montero, subrayando que la formación actual está vetada fuera de nuestras fronteras, impidiendo el desarrollo profesional en el espacio europeo.

Del Grupo B a la Disposición Transitoria que se volvió eterna

Para entender el hartazgo del colectivo, es necesario retroceder en el tiempo. La genealogía de este conflicto se remonta a 1984, cuando la Ley de Función Pública clasificó a los técnicos superiores como bachilleres, ignorando que su formación técnica requiere dos años adicionales de especialización. Aunque en 2005 el Ministerio de Administraciones Públicas prometió un grupo propio de clasificación, la realidad se torció en 2007 con la publicación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

El artículo 76 del EBEP reconocía, por fin, que los técnicos superiores debían estar encuadrados en el Grupo B. No obstante, la letra pequeña —esa que Montero recomienda mirar siempre— contenía una trampa: la Disposición Transitoria Tercera. Esta cláusula establecía que el cambio no se haría efectivo hasta que se regularizaran los nuevos títulos universitarios en España. A pesar de que el Espacio Europeo de Educación Superior se cerró en nuestro país en el año 2010, esa transitoriedad se ha convertido en permanente.

"Llevamos 18 años con un recorte de sueldo y de cotización para las pensiones que es una infamia", denuncia Montero. La gravedad del asunto reside en que, aunque los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas recogen las cuantías destinadas al Grupo B, ese dinero no llega a los bolsillos de los trabajadores. El secretario general de SIETeSS es tajante al preguntarse: ¿Dónde está ese dinero? ¿A qué se ha dedicado?. No se trata de una falta de fondos, sino de una falta de voluntad política para abonar lo que ya está presupuestado.

El impacto económico y profesional

La repercusión de este bloqueo administrativo no es solo una cuestión de estatus profesional; es una sangría económica diaria. Según los datos aportados por Montero, la diferencia salarial por no estar correctamente clasificados oscila entre los 200 y 400 euros mensuales, dependiendo de la antigüedad. Si multiplicamos esta cifra por los 19 años de retraso que acumula el conflicto, la cifra resultante es, en palabras del líder sindical, "brutal".

Este perjuicio económico tiene un efecto dominó que llega hasta el final de la vida laboral. Las cotizaciones inferiores se traducen en pensiones más bajas. "Las pensiones de los compañeros que se han ido jubilando hubieran cambiado, serían superiores si esto se hubiera hecho como corresponde en un estado de derecho", lamenta Montero. Mientras tanto, estos profesionales perciben salarios que, en muchos casos, rozan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), situándose en torno a los 1.300 euros.

Pero el problema no es solo el dinero. Existe una barrera académica que impide a los técnicos españoles competir en igualdad de condiciones con sus homólogos europeos. El título español es, según Montero, el único de una sociedad avanzada que no reúne las condiciones mínimas del espacio europeo. Esto se traduce en un veto profesional: los técnicos españoles no pueden trabajar fuera de España porque su titulación no es reconocida al nivel de grado universitario que ya existe en el resto del continente. Las sociedades científicas médicas han respaldado esta petición de elevar la formación a grado, reconociendo que la complejidad de las funciones actuales —como determinar enfermedades genéticas o preparar sangre transfusional— así lo exige.

Hacia la huelga indefinida

Ante el silencio de la administración, el colectivo ha decidido que "ya está bien". La unidad de los técnicos superiores sanitarios es ahora más fuerte que nunca, como demostró la manifestación en Madrid que congregó a 18.000 personas de toda España. A pesar de los intentos de las administraciones por frenar las reclamaciones mediante condenas en costas —que en Madrid llegaron a sumar más de 21.000 euros para disuadir las demandas judiciales—, el colectivo ha decidido ir a la huelga indefinida.

La fecha marcada en el calendario es octubre. La elección no es casual; coincide con la posibilidad de que se prensente los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Francisco Montero advierte que no aceptarán más promesas vacías ni acuerdos que luego se incumplen, como el firmado en 2022 por la entonces ministra María Jesús Montero, que prometía la plena implantación de la clasificación profesional para 2023. "No se puede llenar el boletín de frases bonitas y luego no ejecutarlo", señala con dureza.

Para que la huelga se desconvoque, la exigencia es clara y meridiana: pago efectivo. Ya no sirven los documentos firmados ni los nuevos marcos normativos que diluyan las competencias. El sindicato exige una instrucción clara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que fije una fecha inmediata para empezar a retribuir como Grupo B.

Entrevista completa: