Torres celebra que el CGPJ analice si Peinado cometió una falta y ve un "despropósito" vincular a escoltas en fugas

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya acordado remitir al promotor de la acción disciplinaria, por posible falta grave de desconsideración, el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que afirmó que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de España.

Durante unas declaraciones a los medios de comunicación, el canario calificó de "despropósito absoluto" este tipo de referencias contenidas en el auto judicial, al tiempo que consideró que resulta inadmisible sugerir que los escoltas puedan participar o ser cómplices de una eventual huida.

Por ello, valoró que el CGPJ haya acordado la apertura de un "expediente disciplinario" al entender que se trata de una afirmación que "sobrepasa cualquier límite lógico", en línea, dijo, con las críticas expresadas también por organizaciones sindicales policiales.

Preguntado por si considera que este tipo de resoluciones forman parte de una persecución contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Torres insistió en que se trata de una situación que considera un "despropósito" y defendió que corresponde ahora a los órganos competentes valorar y corregir los posibles excesos.

Asimismo, reivindicó el principio de separación de poderes y la presunción de inocencia, subrayando que no son conceptos vacíos, sino pilares fundamentales del Estado de derecho y de la defensa de la democracia.

En esa línea, criticó que determinados partidos políticos emitan juicios de culpabilidad cuando las investigaciones judiciales se encuentran todavía en fases iniciales.

"Si realmente defendemos la separación de poderes, debemos ser mucho más respetuosos con los procesos en marcha, con el derecho de las personas a defenderse y con la obligación de que las pruebas sean contundentes y concluyentes", observó.

Finalmente, sostuvo que quienes tienen la responsabilidad de dictar sentencias son los jueces y tribunales, y no las formaciones políticas.