por Politican
El próximo 1 de julio no es una fecha cualquiera para el tejido empresarial. Se marca en el calendario como el inicio de un cambio fundamental en la normativa que regula las compras en el exterior, una transición que busca adaptar los criterios europeos a la singularidad fiscal del Archipiélago. Para profundizar en lo que esto supondrá para el consumidor y, sobre todo, para el comerciante local, hemos conversado en el programa "A Buenas Horas con José Luis Martín" con Antonio Luis González, presidente de Fedeco (Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias), quien analiza con una mezcla de rigor periodístico y cercanía la compleja situación que atraviesa el sector.
Según explica González, la normativa responde a la necesidad de Europa de trasponer leyes pendientes de adaptar, en un contexto donde "según nos levantamos, no sabemos qué nos vamos a encontrar según lo que piense Estados Unidos y lo que pase en Oriente Medio". En este escenario, la entrada en vigor de la nueva regulación del comercio electrónico el 1 de julio pretende poner orden en un sistema que, hasta ahora, permitía que las mercancías de menor cuantía entrasen en las islas con una exención fiscal que el sector considera insostenible.
Hasta la fecha, cualquier mercancía con un valor declarado inferior a 150 euros gozaba de una exención fiscal del IGIC. Si bien esto funcionaba en el modelo de comercio tradicional, la irrupción masiva de plataformas digitales ha transformado esta ventaja en un problema de dimensiones mayúsculas.
El problema no reside en la compra de productos específicos que no se encuentran en Canarias, algo que el representante de Fedeco considera "lógico". El conflicto surge cuando bienes y servicios que sí están disponibles en las islas se piden fuera para evitar el pago de impuestos. "El que está aquí tiene que pagar independientemente de la creación de riqueza y empleo", asevera González, subrayando el agravio comparativo que sufren los establecimientos locales frente a las grandes plataformas internacionales, principalmente asiáticas.
Estas plataformas operan con una ventaja que va más allá de lo meramente impositivo. Mientras un comercio local se enfrenta a reseñas negativas, hojas de reclamación y estrictas políticas de devolución si no cumple con los estándares, el consumidor parece ser más permisivo con lo que viene de fuera. González señala que existe una competencia desleal no solo a nivel fiscal, sino también en el trato y las exigencias. El comerciante local, que tributa y genera riqueza en Canarias, a menudo ve cómo se le exige inmediatez, mientras que el consumidor está dispuesto a esperar días por un paquete extranjero simplemente por ahorrarse unos céntimos que, al final, no revierten en la economía canaria.
Para entender la magnitud del desafío, Antonio Luis González ofrece un dato visual y contundente que supera cualquier cifra económica abstracta: "Todos los días entra un avión a Gando y otro a Los Rodeos de mercancías de origen extranjero". Este flujo constante de carga aérea destinada exclusivamente al reparto domiciliario evidencia un volumen de negocio que escapa al control fiscal tradicional.
González rechaza las cifras que hablan de cientos de millones de euros porque considera que son difíciles de cuantificar debido a la "picardía" del sistema: es curioso ver cómo muchísimos paquetes declaran valores de 130, 140 o 149 euros para evitar inspecciones y aranceles. Por ello, prefiere centrarse en la volumetría: dos aviones diarios cargados de mercancía para repartir en Canarias es un ejemplo mucho más gráfico del impacto que el comercio online no regulado tiene sobre el sector.
Además, el presidente de Fedeco pone el foco en la precariedad y lo "invitante" de los costes logísticos. A menudo, el coste de distribución y logística es superior al valor del propio bien que contiene el paquete. "Estamos hablando de que a lo mejor son 60, 80 o 90 céntimos por el servicio de puerta", explica, calificando esta situación como completamente inviable y fruto de una cultura donde el consumidor ha dejado de dar valor a las cosas. Esta desvalorización llega al punto de que, en muchas ocasiones, las devoluciones ni siquiera se recogen, fomentando una picaresca que perjudica la salud del sistema económico.
Lo que Fedeco y el resto de asociaciones comerciales han solicitado al Gobierno de Canarias no es un privilegio, sino la aplicación de la normativa para que todos los actores económicos contribuyan de manera solidaria. "La fórmula es que juguemos todos con las mismas cartas, no con cartas marcadas", sentencia González. La petición es clara: que la normativa se adapte al sistema fiscal canario para que cualquier objeto que llegue a casa de un consumidor cumpla con las mismas obligaciones que el comercio de proximidad.
El sector comercial en Canarias, que abarca desde el pequeño comercio y las grandes superficies hasta ferreterías, librerías y hostelería, espera que la publicación en el boletín oficial sea inminente. González señala que un ejemplo claro de la desventaja actual es el sector de las librerías: en Canarias entran libros, pero no salen, debido a que los costes de colocar un libro fuera son a menudo mayores que la propia edición.
"Esperemos que sea con carácter de urgencia la aprobación", desea el presidente de Fedeco. El sector se encuentra en una situación de desventaja total y considera que la aplicación del IGIC a estas compras es una cuestión de "salud para el propio sector y la propia economía de Canarias". Con el 1 de julio a la vuelta de la esquina, el comercio canario espera que el Gobierno actúe a tiempo para evitar quedarse en "fuera de juego", buscando un sistema equitativo y solidario donde la calidad y la eficiencia sigan siendo las señas de identidad del empresario local.
Entrevista completa: