Juan Carlos Lorenzo (CEAR): "El Pacto Europeo de Migración y Asilo no nos gusta"

Este 12 de junio se pone en marcha el Pacto Europeo de Migración y Asilo, una norma que ha generado un intenso debate que trasciende las oficinas de Bruselas para instalarse, con especial crudeza, en los territorios que conforman la frontera sur del continente. En este contexto, Juan Carlos Lorenzo, coordinador Territorial de CEAR Canarias, crítica en el programa "A Buenas Horas con José Luis Martín" un acuerdo que, según sus palabras, plantea más interrogantes que soluciones para la gestión humanitaria en el archipiélago.

Una arquitectura legal que "fragiliza derechos" y prioriza el retorno

Para Juan Carlos Lorenzo, el diagnóstico sobre el nuevo marco normativo europeo es directo y desolador. Al ser consultado sobre la postura de su organización, el coordinador no duda en señalar que, desde CEAR, se han manifestado de una manera contundente: "No nos gusta", afirma con rotundidad. La base de este rechazo radica en la esencia misma del documento, el cual, lejos de fortalecer la protección internacional, parece haber sido diseñado para blindar fronteras a costa de las garantías individuales.

Lorenzo sostiene que el pacto "fragiliza derechos", especialmente cuando la estrategia global descansa sobre dos pilares que CEAR considera insuficientes y peligrosos: la externalización de fronteras y el retorno forzoso. Según el experto, el acuerdo apuesta por el retorno "casi como única opción para las personas que no se encuentren en el marco del asilo". Esta visión reduccionista de la migración ignora la complejidad de los tránsitos humanos y las necesidades de protección que pueden surgir más allá de las categorías rígidas de la burocracia europea.

Lo que resulta especialmente alarmante para las organizaciones sociales es que este pacto se va a aplicar, en palabras de Lorenzo, "desde un punto de vista de intervención mínima". No estamos ante un marco legal que tenga como prioridad la defensa de los derechos humanos, sino ante un instrumento pensado principalmente para los territorios de frontera sur. En este sentido, la preocupación por la deriva ética de la Unión Europea es palmaria: la prioridad ha dejado de ser la acogida digna para convertirse en una gestión eficiente de la expulsión.

El peligro de la insularidad: Canarias como "espacio de retención"

Uno de los puntos más controvertidos se refiere a la utilización de la geografía insular como una herramienta de control migratorio. El diseño del Pacto parece tener una fijación particular con los territorios fronterizos, y muy especialmente con los archipiélagos. Lorenzo es incisivo al señalar que el acuerdo está pensado para que, si los territorios son isleños, sea "mejor porque los convertimos en un espacio de retención como isla".

Esta estrategia de "islas-cárcel" o espacios de contención tiene consecuencias devastadoras tanto para los proyectos de vida de las personas migrantes como para la estabilidad de las sociedades de acogida. Al limitar la movilidad de quienes llegan a las costas canarias, se genera una presión insostenible en el territorio. Lorenzo advierte que esto "hace que la gente tenga las imposibilidades de poder moverse", creando un tapón humano en el que personas que anteriormente podían esperar solo unas semanas antes de ser derivadas o devueltas, ahora podrían enfrentarse a periodos de hasta seis meses de incertidumbre y encierro de facto.

Esta realidad sitúa a Canarias en un contexto de incertidumbre absoluta, una sensación que Lorenzo reconoce compartir plenamente con el Gobierno de Canarias. La falta de claridad sobre cómo se aplicarán estos plazos y bajo qué condiciones de dignidad se mantendrá a las personas en las islas es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la comunidad autónoma en los próximos meses.

La necesidad imperativa de una escucha activa a las autoridades regionales

En medio de este escenario, Juan Carlos Lorenzo subraya la importancia de la cohesión entre los distintos niveles de administración. Aunque las competencias en materia de migración y asilo no son de carácter autonómico, la realidad es que el impacto de estas políticas se experimenta en el ámbito local. Lorenzo se muestra alineado con el Gobierno de 
Canarias al exigir que se tenga en cuenta a las autoridades de las islas.

"Allí donde el pacto va a tener aplicabilidad, allí hay que hablar con las autoridades regionales, locales", afirma el coordinador de CEAR. El argumento es de una lógica aplastante: son estas instituciones las que están "a pie de terreno". Aunque no sean ellas las encargadas de ejecutar la ley federal o europea, son las que van a "experimentar de qué manera se desarrolla con las consecuencias que puede tener para la convivencia y para la comunidad".

La exclusión de las voces regionales en la negociación del pacto, que se ha venido gestando desde el año 2020, se percibe como un error de gobernanza. Para Lorenzo, es vital considerar el territorio porque es precisamente allí "donde las cosas suceden". Ignorar la visión de quienes gestionan el día a día de la acogida y la integración no solo es una falta de respeto institucional, sino una receta para el fracaso de cualquier política pública que pretenda ser efectiva y humana.

Hacia una gobernanza colaborativa: El valor de la experiencia social

La crítica de Juan Carlos Lorenzo no se detiene en la falta de diálogo con las instituciones políticas; también se extiende a la marginación de la sociedad civil organizada. A pesar de que las entidades sociales han intentado incidir desde hace cuatro años en el desarrollo del pacto, sus aportaciones para que la aplicación del mismo sea "lo más amable y garantista posible" no han encontrado el eco esperado en las esferas de decisión.

Lorenzo califica como una "mala praxis" el hecho de que no se desarrolle lo que él denomina una gobernanza colaborativa. Este concepto implica que las administraciones de diferentes niveles y los agentes intervinientes, como las entidades sociales, formen parte integral del proceso. No se trata solo de una cuestión de cuotas de poder, sino de aprovechar la capacitación técnica de quienes están en contacto directo con la realidad migratoria.

"Aquellos que estamos trabajando en el día a día con la gente también sabemos, tenemos una experiencia, una capacitación y tenemos algo que aportar en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas en materia de migración y de asilo", sentencia Lorenzo. Su mensaje es una llamada de atención sobre la pérdida de conocimiento que supone ignorar a las ONG en la toma de decisiones. Al final, el derecho a ser oído no debería ser un privilegio, sino un requisito indispensable para construir un sistema de asilo que, además de ser irreversible, sea justo y funcional.

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