lunes 08 de junio de 2026 - Edición Nº1042

Parlamento | 8 jun 2026

Coalición Canaria

Coalición Canaria reclama al Estado una hoja de ruta para cumplir la financiación universitaria prevista en la LOSU

05:01 |La diputada del Grupo Nacionalista, Vidina Espino, defenderá una PNL en el próximo Pleno para reclamar al Estado alcanzar el objetivo de inversión universitaria del 1% del PIB recogido en la LOSU


por Politican


La diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (Coalición Canaria), Vidina Espino, defenderá en el próximo Pleno del Parlamento de Canarias una Proposición No de Ley (PNL) para impulsar un gran acuerdo institucional y social que garantice una financiación suficiente, estable y sostenible para las universidades públicas canarias.

 

La finalidad de esta propuesta es estar en línea con el objetivo establecido por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de alcanzar un mínimo de financiación pública equivalente al 1% del Producto Interior Bruto antes de 2030.

 

La iniciativa parte de la premisa de que las universidades públicas son una infraestructura estratégica para el futuro de Canarias y un elemento esencial para afrontar los grandes retos económicos, sociales y tecnológicos del Archipiélago.

 

"En un territorio ultraperiférico como Canarias, nuestras universidades no son solo centros de formación superior; son motores de innovación, investigación, transferencia de conocimiento, cohesión social y generación de oportunidades para miles de jóvenes canarios", señala la iniciativa. 

 

La PNL recuerda que la propia Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), reconoce la necesidad de avanzar hacia un modelo de financiación universitaria suficiente y sostenible. Asimismo, establece como objetivo común del Estado, las comunidades autónomas y las universidades destinar, como mínimo, el 1% del PIB a la educación universitaria pública antes de finalizar la década.

 

Sin embargo, advierte de que, a día de hoy, existe una importante incertidumbre sobre el marco de aplicación y desarrollo efectivo del citado mandato legal. "La ley fijó una meta ambiciosa, pero falta concretar quién aporta los recursos, cómo se distribuye el esfuerzo financiero y cuál será la hoja de ruta para alcanzarla", explica.

 

En este sentido, la PNL reclama al Gobierno de España la reactivación inmediata de la comisión de trabajo creada para desarrollar el artículo 55 de la LOSU, cuyos trabajos permanecen paralizados desde octubre de 2025.

 

La iniciativa también plantea consolidar en Canarias un modelo de financiación plurianual para las universidades públicas, que aporte estabilidad y permita planificar inversiones, mejorar la calidad docente e investigadora, reforzar la internacionalización, impulsar la innovación y fortalecer la empleabilidad, con el objetivo de que dicho modelo pueda alcanzar su plena operatividad a partir del ejercicio 2027.

 

Además, el Grupo Nacionalista defiende que cualquier debate sobre financiación universitaria debe tener en cuenta las singularidades de Canarias como región ultraperiférica, insular y fragmentada.

 

"Mantener dos universidades públicas en un territorio fragmentado como el nuestro implica unos sobrecostes estructurales que deben ser reconocidos y contemplados en cualquier modelo de financiación estatal", sostiene la Proposición.

 

Además, recuerda que la inversión en educación superior no debe analizarse únicamente desde una perspectiva presupuestaria, sino como una apuesta estratégica de país.

 

"Invertir en universidades es invertir en talento, en productividad, en investigación, en innovación y en oportunidades para las futuras generaciones. Es una de las mejores herramientas que tenemos para diversificar nuestra economía y construir una Canarias más competitiva y preparada para los desafíos del futuro", destaca.

 

Por ello, la iniciativa parlamentaria de Coalición Canaria propone promover un gran acuerdo institucional y social en defensa de las universidades públicas canarias, implicando al Gobierno de Canarias, al Estado, a las propias universidades, sus consejos sociales, los agentes económicos y sociales y al conjunto de la sociedad civil.