Gran Canaria exige al Gobierno regional que blinde las universidades públicas de las Islas y garantice su viabilidad económica y crecimiento

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria decidió este pasado viernes, en su sesión ordinaria de mayo, exigir al Gobierno de Canarias que blinde las dos universidades públicas de las Islas y que destine, como mínimo, el 1% del PIB a la educación superior antes de 2030. El objeto de esta medida es consolidar su fortalecimiento y garantizar su viabilidad económica de cara al futuro.

El acuerdo se alcanzó a instancia de las dos formaciones que integran el actual Gobierno insular, Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista y Partido Socialista Canario-PSOE, a través de una moción que fue apoyada por Coalición Canaria y el Partido Popular, frente al “no” de VOX.

De este modo, la Corporación insular reclamó al Ejecutivo autonómico el cumplimiento pleno del mandato legal que establece el artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en materia de financiación y que, con ello, apoye sin fisuras a las universidades públicas del Archipiélago.

“Sin recursos, es imposible demandar una mayor calidad y una mayor incorporación a la investigación y al desarrollo del tejido económico de Gran Canaria. Por tanto, es absolutamente necesario que la universidad pública cuente con lo que, además, establece la legislación”, afirmó el presidente del Cabildo, Antonio Morales, en la sesión plenaria. “Y hay culpables de que esto no suceda. Quien no pone ese 1% del PIB necesario para la universidad es el Gobierno de Canarias y le estamos exigiendo que cumpla su obligación”.

Asimismo, aseguró que “también reclamamos que el contrato-programa con las universidades se ponga en marcha antes del verano, tal y como se había comprometido el Gobierno canario”, porque, si no es así, a las instituciones académicas no les da tiempo a programar el presupuesto para el próximo curso. “Sin financiación asegurada, es imposible planificar y contratar, investigar y generar un programa de continuidad para los próximos años”, sentenció.

En esta misma línea, el Pleno aprobó hacer un llamamiento a la sociedad canaria en su conjunto, tanto a la ciudadanía, las fuerzas políticas y las instituciones públicas y privadas como a las organizaciones sociales, para que se sumen a la campaña iniciada por la Plataforma en Defensa de las Universidades Públicas de Canarias en favor de alcanzar estos objetivos.

Porque, según recoge el texto de la moción, “está en juego el porvenir de nuestra juventud, el progreso de nuestra tierra y la esencia misma de una sociedad culta, próspera y cohesionada, así como el derecho de las próximas generaciones a formarse aquí, a investigar aquí y a construir su vida aquí”.

Por tanto, tal y como sentencia la propuesta refrendada, “defender la universidad pública canaria es defender el futuro de Canarias. Nos encontramos en una encrucijada: o actuamos conjuntamente para fortalecer nuestra educación superior pública, o permitiremos que décadas de avances se desvanezcan”.

El “ascensor social” de las Islas

Uno de los argumentos que esgrime el Grupo de Gobierno insular y que ha sido secundado por el Pleno es que la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) “han protagonizado y liderado las mayores transformaciones de la historia reciente de nuestra tierra”. Es más, el texto incide en que ambas instituciones han funcionado como el motor de la transformación y el progreso social de las Islas, al elevar el nivel formativo y multiplicar la productividad, el empleo cualificado y la cohesión social a través de sus investigaciones.

Pone de relieve, asimismo, que han operado como un “poderoso ascensor social” que permitió el acceso a la educación superior a generaciones de canarios, incluyendo a miles de mujeres cuyo talento pudo destacar sin depender de su género o apellido, y recalca, además, que han demostrado que la inversión en conocimiento científico y profesionales cualificados es clave para el futuro del Archipiélago.

Frente a estas realidades, denuncia que, en los últimos tiempos, estas instituciones académicas han sido atacadas y desacreditadas, e incluso se ha cuestionado su valor y se ha llegado a considerarlas un gasto superfluo.

Por ello, alerta de que estas tendencias deslegitiman y debilitan las universidades y, así, erosionan un pilar de la democracia y del progreso social. De hecho, constata que, tras la crisis de 2008, la educación superior pública “ha sufrido un estrangulamiento presupuestario en numerosos territorios”.

Para revertir este escenario, el Pleno del Cabildo tomó la decisión de proponer un pacto social y político que dote a las universidades canarias de fondos suficientes y estables. “Solo garantizando esta suficiencia financiera podremos asegurar la calidad docente e investigadora, la igualdad en el acceso y la consecución de los objetivos sociales encomendados a la universidad”, defiende la iniciativa, que concluye reclamando una senda de crecimiento presupuestario que refuerce la financiación básica incondicionada, bajo la premisa de que “una universidad bien financiada es una universidad independiente”.