Canarias dice que la anulación del TS del registro de alquileres de corta duración confirma la "inseguridad jurídica"

El Gobierno de Canarias ha considerado que la decisión del Tribunal Supremo (TS) de anular el registro único estatal de alquileres de corta duración "confirma las advertencias que desde hace un año" se ha realizado desde la comunidad autónoma sobre la "inseguridad jurídica y la invasión competencial que suponía la norma impulsada" por el Ministerio de Vivienda.

Señalan que la sentencia avala precisamente uno de los principales argumentos defendidos antes de su entrada en vigor por la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, y es que el reglamento europeo "no obligaba a implantar un registro estatal único ni alteraba el reparto competencial existente entre el Estado y las comunidades autónomas".

Por ello, subrayan que la "duplicidad administrativa" generada por el Ejecutivo central "fue, por tanto, una decisión política y no una exigencia" de Bruselas, según ha informado la Consejería regional de Turismo en nota de prensa.

En este sentido, exponen que De León trasladó hace un año en el Parlamento autonómico "su preocupación" por el escenario de "auténtica incertidumbre" generado por la aplicación del Real Decreto de Ventanilla Única Digital para el registro y control de alojamientos turísticos de corta duración.

En concreto, desde Canarias se advirtió de la "falta de claridad" sobre los requisitos exigidos a los propietarios, las "dudas" existentes sobre qué tipos de alojamientos debían registrarse y la "ausencia" de información sobre la coordinación entre la futura ventanilla única estatal y los sistemas autonómicos existentes.

De esta forma, tanto los cabildos insulares como el propio sector turístico "habían alertado del colapso administrativo" derivado de la doble inscripción, así como de las "dificultades materiales" para cumplir con los plazos establecidos por el Gobierno central.

CANARIAS ACOGE LA DECISIÓN DEL TS "CON SATISFACCIÓN"

Por su parte, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, señala que la Consejería de Turismo y Empleo acoge la decisión del TS "con satisfacción pero no con alegría" porque "triunfa" el Estado de Derecho y "se esgrimen argumentos coincidentes con los defendidos por Canarias y anticipados incluso por el propio Consejo de Estado".

Si bien, Rodríguez ha lamentado "el tiempo perdido por la falta" de diálogo del Gobierno de España con las comunidades autónomas y con el sector, así como el "enorme perjuicio y desasosiego" causado a miles de operadores, especialmente en municipios rurales, de medianías o afectados por el reto demográfico.

En este sentido, recuerda que el Real Decreto "obligaba en muchos" casos a realizar inscripciones registrales con elevados costes económicos que dejaban fuera de la actividad turística a pequeños propietarios sin capacidad para asumir esos gastos. En este marco, expone que desde el primer momento se advirtió "no solo de que era una medida ilegal, sino también injusta y desproporcionada".

Asimismo ha mostrado "su preocupación" por las consecuencias sufridas por "muchos" propietarios a quienes se les revocaron números provisionales o fueron "señalados" públicamente como si desarrollaran una actividad ilegal cuando "la ausencia de un número estatal de registro no convierte ni la actividad ni el inmueble en ilegal".

Finalmente expuso la necesidad de que las normas se elaboran "desde el rigor jurídico, el respeto al reparto competencial y al ordenamiento europeo y nacional", para lamentar que se optara por planteamientos "más ideológicos, economicistas y contrarios a los principios de simplificación" administrativa y reducción de cargas.

Así el Gobierno de Canarias subraya que comparte la necesidad de ordenar y regular la actividad del alquiler vacacional, matizando que por ello impulsó la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas y ha participado activamente en todas las reuniones técnicas convocadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

De todas formas, desde la Consejería regional de Turismo se incide en que cualquier regulación debe "construirse desde el diálogo, el consenso y el respeto" a las competencias autonómicas, especialmente en territorios como Canarias, donde el turismo constituye el principal motor económico y social.

Canarias había solicitado una prórroga de la entrada en vigor del real decreto y también había presentado un recurso contra la norma "por las dudas jurídicas y operativas que ahora vienen a quedar reforzadas" tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo.

Por ello desean que "impere la razón" y el Gobierno de España abra ahora una etapa de "diálogo constructivo y rigor jurídico", evitando procesos normativos impulsados "desde la pura ideología o desde planteamientos electoralistas y propagandísticos".