Unidas se puede reclama equilibrio territorial y más participación vecinal ante las infraestructuras insulares en Valle de Guerra

Unidas se puede llevará al próximo pleno una moción para reclamar criterios de equilibrio territorial, participación vecinal y retorno comunitario en la implantación de infraestructuras supramunicipales o insulares en los entornos rurales del municipio, especialmente en zonas como Valle de Guerra.

La iniciativa, impulsada por el concejal Saúl Alberola, surge en un contexto de creciente preocupación vecinal por la acumulación de proyectos de carácter insular en el nordeste lagunero, entre ellos el futuro Centro de Protección Animal “Tierra Azul” promovido por el Cabildo de Tenerife en la finca Presas del Campo, así como otras infraestructuras estratégicas vinculadas al abastecimiento y gestión territorial.

Desde Unidas se puede aclaran que la moción no plantea un rechazo simplista a las infraestructuras públicas, sino la necesidad de abrir un debate serio sobre cómo se toman las decisiones territoriales, qué participación tiene la ciudadanía y qué beneficios obtiene el territorio que asume los impactos.

“Los pueblos y barrios rurales de La Laguna no pueden ser vistos únicamente como espacios disponibles para ubicar infraestructuras que nadie quiere cerca”, afirma Alberola. “La cohesión territorial también significa repartir de forma justa las cargas, pero también las inversiones y las oportunidades”.

La formación recuerda que Valle de Guerra mantiene desde hace años importantes demandas vecinales relacionadas con servicios públicos, movilidad, espacios comunitarios o mejoras urbanas, mientras aumenta la percepción de que el territorio soporta cada vez más presión vinculada a proyectos supramunicipales.

“Existe una sensación creciente entre vecinos y vecinas de que determinadas decisiones se toman desde despachos alejados del territorio y sin escuchar suficientemente a quienes viven allí”, señala el concejal.
La moción pone especial énfasis en la necesidad de reforzar la participación ciudadana desde las fases iniciales de los proyectos, evitando que la información llegue cuando las decisiones estratégicas ya están prácticamente cerradas.

“La participación no puede limitarse a publicar documentos técnicos difíciles de interpretar y abrir un plazo de alegaciones”, sostiene Alberola. “Tiene que existir información clara, escucha activa y espacios reales de diálogo con la población afectada”.

Entre las propuestas recogidas en la iniciativa se encuentra instar al Cabildo de Tenerife y al resto de administraciones competentes a reforzar los mecanismos de participación y transparencia, así como garantizar que los proyectos de carácter insular incorporen medidas de retorno comunitario, mediante inversiones en servicios públicos, movilidad, equipamientos o actuaciones que mejoren la calidad de vida de la población residente.

La moción también plantea incorporar criterios de evaluación integral del impacto territorial y social de estas infraestructuras, teniendo en cuenta no solo cuestiones técnicas o ambientales, sino también aspectos relacionados con la cohesión territorial, la percepción vecinal y el equilibrio entre cargas e inversiones públicas.

“Las infraestructuras públicas deben responder al interés general, pero eso no puede hacerse ignorando a las comunidades que conviven con ellas”, explica Alberola. “La planificación territorial necesita más diálogo, más transparencia y más respeto hacia los pueblos y barrios rurales”.

Desde Unidas se puede defienden que La Laguna debe liderar un modelo de gobernanza territorial más equilibrado, donde los núcleos rurales sean reconocidos como comunidades con identidad propia y derecho a participar activamente en las decisiones que afectan a su presente y su futuro.