por Politican
La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias aborda en el transcurso de una entrevista en el programa 'A Buenas Horas con José Luis Martín' un tema de soberanía y legalidad: la participación de Canarias en la gestión de sus aeropuertos, tal como establece el Estatuto de Autonomía. Fernández es clara al respecto: el Estatuto es una norma de rango orgánico y su cumplimiento no es opcional.
"Nuestro Estatuto de Autonomía no es un papel mojado", afirma en referencia al artículo 161. A pesar de las reticencias de entidades como Enaire o el Estado, el Gobierno de Canarias ha solicitado la convocatoria de la comisión mixta para definir el modelo de participación en los aeropuertos de interés general.
Frente a las opiniones de presidentes de empresas participadas que se oponen a la cogestión, María Fernández recuerda que la ley es taxativa: "Los responsables públicos tenemos la obligación de cumplir la ley". La normativa debe desarrollarse para que la comunidad autónoma tenga voz y voto en las infraestructuras que son los verdaderos pulmones económicos del Archipiélago.
El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la estrategia MOVIC, un documento ambicioso que busca proyectar la Canarias del futuro. María Fernández destaca que este plan no es solo un conjunto de normas ejecutivas, sino una herramienta para "soñar y proyectar qué Canarias queremos".
Fernández utiliza una metáfora para describir el proyecto: "A veces nos toca sembrar semillas de árboles que no nos darán sombra a nosotros, sino a futuras generaciones". Este enfoque a largo plazo es esencial porque la movilidad es un ente vivo que evoluciona con la tecnología, la inteligencia artificial y los cambios en los hábitos de vivienda.
Uno de los grandes desafíos es romper la dependencia del coche particular. En Canarias, el uso del vehículo privado es masivo, con indicadores preocupantes como que el 35% de las personas residen en un lugar distinto al que trabajan. Fernández aboga por recuperar hábitos del pasado, como compartir coche o fomentar los convenios laborales para el transporte de trabajadores a zonas turísticas o portuarias.
"Las vías, poner más carreteras, la experiencia nos ha dicho que no es la solución", sentencia con firmeza. La apuesta actual se centra en plataformas reservadas para guaguas, taxis y vehículos de alta ocupación (VAO) que permitan una circulación más fluida y eficiente.
La unificación tarifaria es otra de las grandes metas. Fernández confirma que se está trabajando para que el bono único de transportes sea una realidad tangible, habiendo transferido ya 1.130.000 € a los cabildos para desarrollos tecnológicos.
El reto no es solo técnico, sino de "cogobernanza". Poner de acuerdo a siete cabildos sobre cómo compensar los costes de prestación del servicio es una tarea compleja. Sin embargo, el objetivo es claro: que el bono residente canario evolucione de un título insular a uno verdaderamente archipelágico. "Es una evolución del bono residente canario que tenemos hoy, que es gratuito por la financiación del Estado, y lo seguirá siendo mientras dure esa financiación", asegura Fernández.
La introducción del transporte guiado (trenes) en Gran Canaria y Tenerife es, para la directora general, una necesidad imperativa. Lejos de competir con la guagua, Fernández defiende que ambos sistemas deben retroalimentarse. El tren actuará como un eje vertebrador de norte a sur, alimentado por guaguas, taxis y aparcamientos disuasorios en los intercambiadores.
"Nadie se imagina las grandes metrópolis sin un cercanías. Esto es lo mismo: un transporte puntual, seguro y que garantiza que vas a llegar a tu hora", afirma, disipando las dudas sobre la conectividad de los municipios alejados de la vía principal.
En contraste con los proyectos de futuro, Fernández se muestra especialmente crítica con la gestión de la Metroagua en Las Palmas de Gran Canaria. Como directora general, ha sido testigo de una gestión que califica de "nefasta".
"Es un proyecto absolutamente fallido. Me encantaría decir que en 2028 habrá una Metroagua, pero tal y como tenemos el proyecto ahora mismo, no la va a haber", declara tajantemente. Los problemas son múltiples: falta de conexión entre los tramos, puntos negros sin solución y la devolución de fondos públicos al Estado y al Gobierno de Canarias por incapacidad de ejecución.
Para Fernández, la irresponsabilidad de seguir invirtiendo en un proyecto sin salida es inaceptable: "Estamos mermando las arcas públicas de una manera absolutamente irresponsable; donde se pedían 10 se van a tener que devolver 20. Hay que parar ese proyecto y replanteárselo".
Entrevista completa: