Jennifer Curbelo cuestiona el Plan Estatal de Vivienda: “No se puede imponer una hoja de ruta sin las comunidades autónomas”

La política de vivienda en España atraviesa uno de sus momentos más críticos, y el reciente anuncio del Gobierno central sobre la puesta en marcha del Plan Estatal de Vivienda, dotado con 7.000 millones de euros, ha generado reacciones como la de Jennifer Curbelo, diputada del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias y Secretaria Ejecutiva Regional de Vivienda del PP, quien se muestra cauta y crítica ante una medida que, a su juicio, nace con vicios de forma y falta de consenso. Para la parlamentaria, el problema no es solo la cuantía económica, sino la metodología de un Gobierno que, asegura, suele actuar bajo el modelo de la “imposición”.

En entrevista en el programa "A Buenas Horas con José Luis Martín", Curbelo subrayó que, más allá de las cifras, lo fundamental es la ejecución y el respeto a las competencias. “Me fijaría en otras cuestiones, no solo en la parte económica... hemos visto a lo largo de toda la legislatura como el Gobierno de España ha incumplido todas las transferencias que ha acordado con el Gobierno de Canarias”, afirma con contundencia. La preocupación de la diputada radica en que este plan se ha gestado, según sus palabras, “por la puerta de atrás”, sin una negociación real con las comunidades autónomas, que son quienes ostentan el desarrollo de las competencias en esta materia.

La falta de consenso con las comunidades: Un plan “por la puerta de atrás”

Uno de los puntos más controvertidos destacados por Jennifer Curbelo es la ausencia de diálogo institucional en la elaboración del plan nacional. Para la diputada popular, resulta incomprensible que una medida de tal calado se apruebe en un Consejo de Ministros sin haber convocado previamente las conferencias sectoriales pertinentes. Según Curbelo, el Estado tiene competencias básicas, pero la competencia y el desarrollo en sí de la vivienda corresponden a las comunidades autónomas, un principio que parece haberse ignorado en esta ocasión.

La diputada es clara al respecto: “No se puede hacer un plan de vivienda sin contar con la opinión y con el trabajo y con las propuestas que hagan cada una de las comunidades autónomas”. Esta falta de coordinación no solo es una cuestión de jerarquía administrativa, sino de eficacia práctica. Curbelo argumenta que es imposible que el Estado determine las necesidades concretas de cada territorio sin escuchar a quienes gestionan el día a día. Aunque el plan estatal funcione como un “paraguas nacional”, la realidad es que sin la incorporación de las necesidades autonómicas, el documento corre el riesgo de ser un brindis al sol que dificulte su ejecución real.

Además, la parlamentaria critica que el Gobierno central obligue a las autonomías a incrementar de forma exponencial su participación con fondos propios en un plan en el que no han podido participar activamente. Para Curbelo, esto es una muestra más del modus operandi de Pedro Sánchez, que dificulta que el plan responda a las necesidades reales de la población. A pesar de considerar que contar con una guía nacional es “relativamente positivo” para poder fiscalizar la acción del Gobierno, insiste en que el problema de raíz no se soluciona únicamente con este tipo de anuncios.

Modificaciones legislativas: El nudo gordiano de la oferta de vivienda

Para el Partido Popular y para Curbelo, la solución a la crisis habitacional no pasa solo por inyectar dinero, sino por realizar modificaciones legislativas de calado. La diputada señala que la actual Ley Nacional de Vivienda, con medidas como el tope de los alquileres o las zonas tensionadas, no está funcionando. Al contrario, estas políticas han provocado que la oferta, ya de por sí escasa, se retrotraiga. “Son medidas que lo que han hecho es retrotraer la oferta... y no se ven reflejadas en este plan estatal”, explica.

Curbelo lamenta que iniciativas presentadas por su partido, tanto en el Congreso como en el Senado, se encuentren paralizadas. Entre ellas, destaca:

    - La ley antiocupación propuesta por el Partido Popular.

    - La modificación de la Ley del Suelo para reducir plazos y agilizar el urbanismo.

    - Iniciativas para conseguir una administración mucho más ágil que permita poner viviendas en el mercado en el menor tiempo posible.

La parálisis de estas reformas en la mesa del Congreso, tras ser aprobadas en el Senado, es vista por la diputada como un obstáculo insalvable para resolver el problema de raíz. Sin una administración ágil y un marco legal que fomente la seguridad jurídica, la construcción de vivienda seguirá siendo un proceso lento y farragoso que no logra cubrir la demanda actual.

El cambio de paradigma en Canarias: Gestión propia frente a la herencia recibida

En el ámbito regional, Jennifer Curbelo defiende la gestión que el actual Gobierno de Canarias (CC-PP) está realizando en una situación de emergencia habitacional. A pesar de no llevar directamente la cartera de Vivienda, la diputada asegura que su partido realiza una labor constante de fiscalización y aportación de ideas, tanto internamente con sus socios de gobierno como en el Parlamento. Un ejemplo de ello es el decreto de agilización 3/2024, que busca simplificar los procedimientos administrativos para impulsar la construcción.

Curbelo rechaza frontalmente las críticas de la oposición que sugieren que el actual Ejecutivo solo está “inaugurando” proyectos del anterior gobierno socialista. Según la diputada, el anterior mandato, el del llamado Pacto de las Flores, se caracterizó por una falta de ejecución real. “No es que nos dejaron casas hechas... quien ha dado el impulso y quien ha materializado y ejecutado o está en ejecución ese plan canario que apenas se había ejecutado hasta junio de 2023, ha sido este nuevo gobierno”, afirma.

La situación de partida en Canarias es alarmante: el archipiélago cuenta con un parque de vivienda pública de menos de un 1%, frente al 2,5% de media nacional y el 8% de media europea. Curbelo denuncia que durante años no hubo una política real de vivienda pública y que muchos terrenos cedidos por ayuntamientos nunca llegaron a convertirse en edificios. Frente a esto, defiende que la actual legislatura marca un antes y un después, fijándose en modelos de éxito de otras comunidades como Madrid o Andalucía, y logrando que las calificaciones provisionales de vivienda suban de forma exponencial.

Los jóvenes y la emergencia social: Un proyecto de vida en pausa

La cara más amarga de esta crisis es la de los jóvenes canarios. Como una de las diputadas más jóvenes de la Cámara, Curbelo empatiza profundamente con una generación que, a pesar de esforzarse y tener un empleo, no puede independizarse. La tasa de emancipación en las islas es preocupante, retrasándose en muchos casos hasta más allá de los 35 años.

“Es un denominador común en esta generación que le hemos dicho que se esfuerce y que trabaje, que consiga un trabajo y aún así no pueden acceder a una vivienda”, lamenta Curbelo. Para combatir esta realidad, el Gobierno canario trabaja en medidas como la vivienda asequible incentivada, buscando bajar los precios para que jóvenes con sueldos normales puedan acceder a un hogar. La diputada reconoce que el problema es muy grave, con más de 25.000 demandantes de vivienda pública en las islas, y recalca que tener un trabajo y un sueldo hoy en día ya no es garantía de poder alquilar o comprar.

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