
por Europa Press
La Diputada del Común, Lola Padrón, tildó este pasado lunes de "grave" y "preocupante" la gestión de la discapacidad en Canarias dado que las quejas han aumentado un 94% y hay islas donde se "eterniza" la certificación de grados, caso de Tenerife, donde se han documentado algunos casos de hasta casi cinco años cuando el plazo legal debe oscilar entre los tres y los seis meses.
En la presentación del informe anual correspondiente a 2024 en comisión parlamentaria ha comentado que estos retrasos avanzan en la "pobreza invisible" dado que "puede marcar" el acceso a un empleo público o un recurso social, que en caso de no contar con la discapacidad reconocida, debe ser cubierto por las familias. "Muchas familias están por debajo del umbral de la pobreza y no se contabiliza", ha señalado.
En esa línea ha insistido en que el estado del bienestar "no está funcionando" y se genera un "daño irreparable" a las personas afectadas que no pueden acceder al empleo público o deben costear servicios sanitarios.
"Es un tema gravísimo", ha señalado, subrayando que hay 603 personas esperando para se valore su discapacidad y que la progresión va en aumento, pues en 2025 "las cifras no parecen mejorar", de ahí que haya reclamado "reforzar" los equipos de valoración.
El informe anual recoge un total de 30.165 quejas, algo más de 3.000 más sobre el informe anterior (+8%), y con un grado de resolución por encima del 71%, con Tenerife en cabeza con casi la mitad.
Del desglose se puede observar que el 91 por ciento de las consultas se realizaron por teléfono o internet, 1.688 de forma personal, 8.906 telefónicamente, 18.564 a través de email/web, 60 por correo postal y 947 por registro electrónico.
Padrón ha avanzado que trabajan en un plan estratégico para reducir el "papeleo" en la gestión de las quejas y ha reclamado "consenso" para ampliar la plantilla de asesores --los encargados tramitar las quejas-- y reponer las jubilaciones, petición que hizo extensivas a las áreas de servicios sociales de las instituciones públicas.
Ha dicho que en dependencia "no se mejora" tampoco, con 471 quejas nuevas, subrayando que faltan recursos para gestionar las demandas, una situación que se ve agravada con el "retraso" del Ingreso Mínimo Vital y la renta canaria de ciudadanía.
LA SITUACIÓN DE LOS MENORES ES "SANGRANTE"
Padrón ha hecho mención especial a la situación de la vivienda porque "empobrece" a las familias canarias fruto del "fracaso" en la planificación al no prever el crecimiento demográfico y no desarrollar una oferta de vivienda social o vivienda privada.
Asimismo ha tildado de "mínimas" las ayudas del Gobierno regional a los ciudadanos y reprochado la falta de coordinación entre Visocan y el Icavi, al tiempo que no ha cargado los problemas solo en el área social ya que hay muchos retrasos en aspectos urbanísticos que dificultan la concesión de licencias o la reforma de planes generales.
Ha reconocido que no puede dar "recetas mágicas" para resolver el problema de la vivienda pero reconoce que hay mucho "malestar social".
Padrón ha apuntado que la situación de los menores es "sangrante", con una pobreza infantil del 44% y una ley de infancia "pendiente de actualizar", ya que hacen falta planes individualizados y hay menores con discapacidad que necesitan apoyo. "Si no, se produce una discriminación real", ha afirmado.
En cuanto a la sanidad ha comentado que aumentan las quejas de oficio en el acceso a las especialidades y hay un "claro empeoramiento" en los dos hospitales de Tenerife por más que hayan mejorado los datos en operaciones quirúrgicas, aparte de que ha puesto el foco en el millar de pacientes con alta hospitalaria que ocupan una cama de agudos.
La Diputada del Común sí ha exigido un aumento de la inversión en servicios sociales, que "debe ser una apuesta que vaya más allá de las consejeras", poniendo como ejemplo que País Vasco, con una población similar, dedica 838,22 euros pero cápita y Canarias 378 euros.
Padrón ha valorado la labor del tercer sector porque "está sacando las castañas del fuego" a las instituciones públicos pero ha afirmado que hay que hacer un "catálogo de empresas" porque "no se puede hacer negocio con los servicios sociales".