
por Europa Press
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha aprobado una orden en que la fija servicios mínimos de cara a la huelga turística que se va celebrar este jueves y viernes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Así, se establece, por ejemplo, que en el departamento de pisos y limpieza habrá 1 retén por establecimiento y día --15% de plantilla-- y un 25% en Recepción y Conserjería y Mantenimiento.
En los restaurantes se garantizará cada día de huelga el montaje de 1 buffet en desayuno, almuerzo y cena para los clientes alojados con un mínimo del 15% de plantilla por establecimiento, turno y día, mismo porcentaje para Cocina.
Además se deja claro que los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para el mantenimiento de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-ley 17/1977.
La Consejería establece que debe existir una "razonable proporción" entre los servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios, "evitando que los servicios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos razonables".
Asimismo ve necesario fijar servicios mínimos porque hay muchos establecimientos alojativos con una ocupación del 95% lo que implica un gran aumento del número de personas afectadas, incluidos niños o personas con algún tipo de discapacidad sobre los que puede incidir negativamente la falta o carencia de algunos de los servicios que normalmente se prestan.
Igualmente y en cuanto al mantenimiento, se hace necesario "salvaguardar" el derecho de los usuarios a la prestación esencial de los servicios, "sin que resulte incompatible con el derecho fundamental de los trabajadores a defender sus intereses a través de la convocatoria de huelga".
Tanto Comisiones Obreras como Sindicalistas de Base ya han advertido de que los servicios mínimos son ilegales y los van a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).