El Parlamento convalida el decreto que suspende las sanciones por residir en zonas turísticas

El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó este pasado martes, con los votos a favor de los grupos del cuatripartito --CC, PP, ASG y AHI-- y el rechazo de la oposición, la convalidación del decreto-ley de residencialización que suspende las sanciones y abre la puerta al cambio de uso para que las viviendas afectadas no sean turísticas. Asimismo, se ha rechazado la opción de que se tramite como proyecto de ley.

La consejera de Turismo, Jessica de León, ha admitido que es una "problemática compleja" derivada de la "grave inacción" de los últimos años y ha preguntado a los diputados si estarían dispuestos a "prevaricar".

Ha comentado que "ningún inspector va a por nadie" y que hay "denuncias cruzadas" y ahora se trata de suspender las sanciones en curso para "proteger" a los afectados mientras los ayuntamientos adaptan sus planeamientos." Es una medida de respiro", ha indicado.

Además ha cargado contra las fuerzas que "miraron para otro lado en el Gobierno" y les ha afeado que "no vengan a buscar votos con el sufrimiento de la gente" cuando los propietarios "llevan 13 años desprotegidos".

A su juicio, si se derogara la ley habría hasta 10.000 empleos afectados por la unidad de explotación. "Mirar para otro lado nos ha costado 3.500 millones de euros, nos ha costado 943 millones en recaudación fiscal y 88.000 puestos de trabajo", ha señalado.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha comentado que el Gobierno trata de dar respuesta a un problema "muy complejo" que ha generado "muchas distorsiones, temores y dudas" entre los propietarios y entiende que no se puede "mirar para otro lado".

Ha indicado que el decreto es una "oportunidad" para personas que están "en un limbo" y ayudará también a paliar la falta de vivienda y ha solicitado al Ejecutivo que abra una oficina de apoyo para resolver dudas y acompañar a los afectados en el proceso.

Melodie Mendoza (ASG) ha valorado que el decreto aumenta la seguridad jurídica al habilitar un marco legal que permite a los ayuntamientos definir la especialización de uso y suspender las sanciones.

Ha defendido que se logra un "equilibrio razonable" entre la "persecución" a los propietarios y la ordenación del uso del suelo. "Este decreto camina en la buena dirección", ha explicado.

VOX DICE QUE CREAN UN "GALIMATÍAS"

Paula Jover (Vox) ha reprochado a la consejera que no haya firmado el decreto y que el Consejo Municipal de Canarias no ha sido consultado cuando San Bartolomé de Tirajana, por ejemplo, se puede enfrentar hasta unas 16.000 reclamaciones.

Ha criticado al Parlamento por no "posponer" el debate y acusado al Ejecutivo de generar un "galimatías" jurídico cuando era preferible derogar artículos.

"Es la cuarta vez que usted tiene la oportunidad de estar a la altura de demostrar que el Gobierno lo está en materia de urbanismo y de conciliación del urbanismo con la ciudadanía, y no lo han hecho", ha espetado a De León. Además ha comentado que su grupo no va a participar de la "trampa" de este "decretazo", que ha tildado de "sinsentido".

Esther González (NC-BC) ha mostrado su "decepción e indignación" con el decreto porque "condena" a los afectados con una "separata" de la ley de alquiler vacacional "más perversa y lesiva" para los propietarios.

Ha comentado que durante su mandato "solo ha logrado dos manifestaciones y una huelga en Semana Santa" y el decreto "no suspende nada" porque se siguen incoando los expedientes y se obliga a los propietarios a que acudan a su ayuntamiento a declararse "ilegales" y pedir el cambio de uso de toda la parcela.

David Morales, del Grupo Popular, ha reprochado al 'Pacto de las Flores' que iniciara los procedimientos de sanción en plena pandemia sanitaria por importe de hasta 9.000 euros y defendido que el decreto interviene con "precisión quirúrgica, jurídica y legislativa" para resolver el problema, al suspender las sanciones y eliminar el riesgo de expropiación.

José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha comentado que los ayuntamientos están informados porque la medida también se incluye en la ley de alquiler vacacional y sostiene que el decreto es una "buena forma" para resolver el problema.

Ha comentado que no entiende las "algarabías" de algunos grupos cuando muchas personas "compraron sabiendo que compraban en un complejo turístico" que se dividió en apartamentos "y allá se las componga el que compre".

SANTANA (PSOE): EL DECRETO "NACE MUERTO"

Gustavo Santana (PSOE) se ha preguntado si el Gobierno gobierna para "determinados sectores económicos", ha subrayado que el decreto "nace muerto" y es una "locura" y no entiende como el Ejecutivo sigue adelante, al tiempo que ha cuestionado la "carga" que se coloca a los ayuntamientos.

En su opinión, "los afectados que tienen pruebas suficientes para decir que lo que está haciendo el Gobierno es recaerle con todo su fuerza ejecutiva y normativa para hacerle ceder incluso en su dignidad personal y económica y social".

Asimismo ha criticado a la consejera por su "desconocimiento" de la planificación urbanística de San Bartolomé y ha augurado que los afectados se defenderán "hasta el final" y no van a cumplir el decreto porque sería "vender su dignidad".