Javier Valentín: "Al Gobierno de Canarias le interesaba el efecto llamada porque con 40.000 viviendas vacacionales en octubre de 2023 este texto no se justificaba pero con 20.000 viviendas más como hay ahora sí"

El alquiler vacacional en Canarias se ha convertido en uno de los temas más candentes del panorama político y económico actual. La nueva normativa propuesta por el Gobierno de Canarias ha generado un aluvión de críticas y reacciones por parte de los propietarios de viviendas vacacionales y asociaciones del sector. Javier Valentín, vicepresidente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), explica en el programa "A Buenas Horas con José Luis Martín" que la situación se ha convertido en "una auténtica purga y una carrera de obstáculos" para los propietarios que ya operaban en el sector.

El espíritu de la ley: un freno a nuevas viviendas vacacionales

Según el Gobierno de Canarias, la nueva normativa establece que "no va a haber ni un alta más de vivienda vacacional nueva tras la entrada en vigor porque se condiciona a que el planeamiento del municipio lo prevea expresamente". En otras palabras, los ayuntamientos tendrán que modificar sus planes urbanísticos para permitir nuevas altas, un proceso que, según Valentín, puede tardar "años, si no décadas" en completarse.

Desde la ASCAV, consideran que el Gobierno ha creado un "efecto llamada" al no frenar las nuevas altas con antelación, permitiendo que "más de 20.000 viviendas se dieran de alta en el último año y medio". Esta situación se ha usado, según Valentín, para justificar "una normativa restrictiva que se va a cargar al 9% de las viviendas vacacionales, perjudicando a pequeños propietarios".

El impacto económico: ¿quiebra de las arcas públicas?

Uno de los puntos más controvertidos de la nueva ley es su impacto en la economía de Canarias. Según un informe de la Consejería de Economía, la eliminación de viviendas vacacionales podría suponer una pérdida de más de 107 millones de euros anuales en recaudación fiscal. Javier Valentín afirma que "la Consejería de Economía advirtió que la norma era un obstáculo impeditivo" debido a la merma en los ingresos por impuestos como el IGIC y el IRPF.

El falso mito de la escasez de vivienda por el alquiler vacacional

Uno de los argumentos más recurrentes para justificar la nueva normativa es que el auge del alquiler vacacional ha reducido la oferta de viviendas residenciales. Sin embargo, según datos de la propia Consejería de Turismo, de las 60.000 viviendas vacacionales registradas en Canarias, solo 48.000 se dedican al turismo. Es decir, hay 12.000 viviendas que no se comercializan de forma efectiva, según Valentín. Además, añade que, según un estudio reciente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la crisis de la vivienda responde a factores estructurales, como la falta de construcción de obra nueva y la alta demanda de inversores extranjeros.

"Llevamos más de 10 años sin construcción de obra nueva, mientras la población sigue creciendo", explica Valentín. Además, destaca que casi el 50% de las compraventas en Canarias son realizadas por extranjeros, lo que deja a los residentes locales en una posición de desventaja económica frente a compradores con ingresos significativamente más altos.

Una moratoria que llegó tarde

Desde ASCAV se solicitó hace más de un año una "moratoria de nuevas altas de viviendas vacacionales" para evitar precisamente el efecto llamada que ha provocado el gobierno como asegura. "Nosotros pedimos una moratoria antes de que se diera este boom de registros, pero no se nos hizo caso", lamenta Valentín. En contraste, afirma que el sector hotelero nunca ha pedido una moratoria para la construcción de más hoteles, lo que evidencia, según su opinión, un trato desigual entre ambos sectores.

Fraude y fiscalización: una regulación ya existente

El fraude en el alquiler vacacional es otro de los argumentos utilizados para endurecer la normativa. Sin embargo, Valentín recuerda que "las plataformas como Airbnb y Booking ya están obligadas a reportar los ingresos de los propietarios a Hacienda a través del modelo 238". Además, la ley ya establece que todos los alojamientos turísticos deben reportar los datos de los huéspedes al Ministerio del Interior, similar a los hoteles.

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