El TC se pronuncia esta semana sobre el recurso del Gobierno contra el protocolo canario para menores migrantes

El Tribunal Constitucional se pronunciará en el Pleno de esta semana sobre el recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra el protocolo de menores migrantes aprobado por el Ejecutivo canario.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que está previsto que la mayoría del tribunal respalde la ponencia del magistrado del ala conservadora Ricardo Enríquez, que propone estimar parcialmente el recurso del Gobierno al considerar que no cabe duda de que el acogimiento de personas menores es un asunto de asistencia social y, por tanto, de competencia estatal.

Moncloa impugnó los apartados segundo, tercero y sexto del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 2 de septiembre de 2024 en relación con los menores migrantes, y la Resolución de la Dirección General de Protección de la Infancia y las Familias de 10 de septiembre, por la que se establece el protocolo territorial de estos menores en Canarias.

La corte de garantías lo admitió a trámite el pasado 8 de octubre al mismo tiempo que ordenó suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, si bien ya estaban desactivados cautelarmente por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El nuevo protocolo implica que antes de la entrega del menor a las autoridades de las islas se haga su previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del fiscal.

Confirmada la disponibilidad de plaza, la recepción del menor por parte de la comunidad autónoma se hará en las comisarías de la Policía Autonómica de Canarias o, donde no existan, en los lugares habilitados.

Para la Fiscalía, que fue quien llevó el asunto a la jurisdicción ordinaria el pasado 18 de septiembre, este protocolo supone la "ausencia de atención inmediata" a la situación de desamparo patente en los menores migrantes que llegan desde el mar a las costas del archipiélago.

En concreto, denuncia vulneraciones del derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como del derecho fundamental a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Carta Magna.

El ministro Ángel Víctor Torres anunció el pasado 24 de septiembre que el Gobierno llevaría al TC el protocolo canario después de que el Consejo de Estado dictaminara que "existen fundamentos jurídicos suficientes" para recurrirlo.

El Consejo de Estado señaló que "las dificultades que pudieran existir en la identificación y determinación de edad" de estos inmigrantes, así como "la insuficiencia o saturación de los medios autonómicos disponibles para atenderlos", no son circunstancias que "permitan justificar un eventual rechazo de la comunidad autónoma a la recepción de los menores localizados en su territorio ni demorar la atención inmediata que los mismos puedan requerir".