El PP denuncia el retraso de las 63 viviendas de alquiler social en El Secadero

El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha denunciado el retraso en la construcción de las 63 viviendas públicas destinadas a alquiler social en el barrio de El Secadero, en Las Palmas de Gran Canaria, un proyecto impulsado en el mandato pasado por el Consorcio insular de Viviendas, gestionado entonces por Podemos y en la actualidad por el PSOE.

El Consorcio de Viviendas de Gran Canaria presentó hace casi dos años, en noviembre de 2022, el estudio urbanístico para la ordenación volumétrica de la parcela Vp09 de El Secadero donde está previsto levantar las 63 viviendas, y en febrero de 2023, hace año y medio, la Comisión de Hacienda autorizó el gasto plurianual para la construcción de los edificios, que asciende a 7,89 millones de euros.

Sin embargo, como reconoció hace unos días el propio presidente del Consorcio de Viviendas, Augusto Hidalgo (PSOE), en respuesta a una pregunta escrita del Grupo Popular, “el proyecto denominado 63 viviendas de promoción pública en edificios energéticamente eficientes en la parcela Vp09 El Secadero se encuentra actualmente en fase de redacción”. 

De esta forma, se incumplen una vez más los plazos anunciados por el Cabildo de Gran Canaria, cuya previsión inicial era que las obras arrancaran antes de finalizar 2023 y que las casas estuvieran terminadas en marzo de 2026. “A este ritmo, mucho nos tememos que llegaremos al final del mandato en junio de 2027 y las viviendas no estarán ejecutadas”, vaticina el PP.

La previsión inicial del Cabildo de Gran Canaria era invertir 3,64 millones de euros a lo largo de este año, el mismo importe en 2025 y 606.950 euros en 2026 para la ejecución del proyecto, que cuenta con una financiación de 2,69 millones del programa Next Generation de la Unión Europea.

Además del retraso que acumula ya este proyecto, el PP reprocha al gobierno de NC y PSOE en el Cabildo de Gran Canaria que no haya construido ni una sola vivienda de promoción pública en los últimos nueve años. “Pero más grave todavía es que en todo este tiempo ni siquiera ha implementado medidas que contribuyan a facilitar el acceso a una vivienda a precios asequibles”, subrayan los populares.

En este sentido, el Grupo Popular recuerda que tanto NC como PSOE votaron en contra de una moción en la que se planteaban, entre otras medidas, destinar a los ayuntamientos de la Isla partida inicial de 5 millones de euros con cargo a remanentes de tesorería para que puedan así adquirir viviendas terminadas o prácticamente finalizadas para destinarlas al alquiler social.

Cabe recordar que, aunque la competencia para la construcción de viviendas públicas reside en el Gobierno de Canarias, el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria contempla entre sus objetivos la participación en la promoción y gestión de viviendas en general, competencias que pueden avalar la dotación de recursos económicos para propiciar que los inmuebles existentes se pongan en el mercado del alquiler.