El PSOE denuncia que el Gobierno no garantiza las plazas sociosanitarias para personas con discapacidad: “72 familias están esperando por ustedes”

La portavoz de Derechos Sociales del Grupo Parlamentario Socialista, Elena Máñez, denunció este pasado miércoles que el Gobierno de Canarias no está garantizando las plazas sociosanitarias para personas en situación de dependencia solicitadas por el Cabildo de Gran Canaria, a pesar de que dichas plazas están solicitadas desde noviembre de 2023 y en disposición de abrir las puertas desde enero de 2024. “Hay 72 familias y 72 personas con discapacidad intelectual en Gran Canaria esperando por ustedes”. 

La diputada socialista intervino en una pregunta del Grupo Socialista en comisión parlamentaria sobre los motivos por los que no se han financiado las 72 plazas solicitadas por el Cabildo de Gran Canaria para atender a personas con discapacidad intelectual mayores de 21 años, en la que criticó que la excusa del Ejecutivo canario ha sido que están negociando con Hacienda. “Lleva seis meses negociando y lo que tiene que hacer es garantizar el derecho a estas familias”. 

Máñez acusó al Gobierno de CC y PP de darle “poco valor” a los derechos sociales de la ciudadanía, en lo que calificó como el “modo canario” de los nacionalistas. “Su modo de actuar se basa en titulares propagandísticos en los medios, pero un bluf en la gestión, en breve se cumplirá un año de su mandato y no han resuelto ni uno solo de los problemas de la ciudadanía”. 

En este sentido, recordó el “anuncio publicitario” que realizó el Gobierno canario en diciembre pasado sobre la plena inclusión y la necesidad de garantizar las plazas en recursos para las personas con discapacidad que al cumplir los 21 años tienen que dejar los recursos especializados educativos, pero la realidad es que existen 72 plazas disponibles desde enero de 2024 sin respuesta por parte de la consejera. “Lo que tienen que hacer es poner los recursos para hacer efectivas estas plazas. Otro fracaso de su gestión, dar titulares no es gestionar”. 
 

La diputada recordó la urgencia de poner en marcha estas plazas, por la lista de espera existente, una urgencia que ha sido reiterada por el Cabido de Gran Canaria en la comisión bilateral de seguimiento del convenio. “Estas plazas están disponibles desde enero y lo que contestan es que no tienen dinero y que están negociando con Hacienda, lo que impide incluirlas en el Convenio de Dependencia. Si no se incorporan en el convenio, no se pueden poner en marcha para que las entidades puedan contratar al personal y darles garantía de continuidad. Estas plazas comprometidas con el tercer sector están a la espera de que usted las incorpore en el convenio”, alertó.
  
 
Además, añadió que a estas 72 plazas se suman tres residencias en Teror, Tarazona en Santa María de Guía y Tamaraceite (Las Palmas de Gran Canaria), que están en fase de finalización inmediata. “Nos preguntamos qué va a pasar con esas plazas, porque si no están en el convenio, no se podrán sacar a concurso y no podrán abrir las puertas”. Son residencias que se enmarcan en el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, a las que se sumarán el resto de las plazas comprometidas a lo largo de este año. En total, la previsión trasladada al Gobierno de Canarias es la creación de 837 nuevas plazas, y a día de hoy no hay garantías de que se vayan a incorporar al Convenio de Dependencia. 

 
Máñez destacó el trabajo que se realizaba en la anterior legislatura con el Gobierno del Pacto de las Flores, donde los centros y residencias que se iban terminando, se iban incorporando en el Convenio y por tanto se podían poner a disposición de las personas en situación de dependencia para paliar el déficit de plazas sociosanitarias existentes. “Tememos que esto no solo pasa en Gran Canaria”. 

Canarias tiene un déficit de 9.400 plazas sociosanitarias, el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias finaliza este año, “y sería un drama que los centros sociosanitarios finalizados por los cabildos no se puedan poner en marcha por la incapacidad de gestión de la consejera de Bienestar Social y la falta de voluntad política del Gobierno de CC-PP”.