El Cabildo de Gran Canaria aprueba el nuevo Reglamento de gestión para optimizar el servicio a la ciudadanía

El Pleno insular dio esta semana su visto bueno por mayoría y de forma definitiva al Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Cabildo de Gran Canaria (ROGA), que moderniza el que actualmente está en vigor y lo adapta a los cambios normativos y fácticos que se han producido desde que fue aprobado, en 2016. Con esta iniciativa, la Corporación insular busca transformar la organización institucional, actualizar su marco jurídico de funcionamiento y alinearse con los principios y orientaciones recogidos en el Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública de la Corporación insular, para dar respuestas al contexto actual y optimizar los servicios que presta a la ciudadanía isleña.

Esta iniciativa, que fue aprobada tras resolver las reclamaciones y sugerencias presentadas durante el trámite de información pública, “actualiza los mecanismos de gestión, evita duplicidades y es valiente a la hora de adaptarse a los tiempos actuales y de afrontar los cambios que necesita este Cabildo, para el futuro de su organización”, como manifestó en la sesión Teodoro Sosa, consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, área impulsora de la reforma del ROGA actual.

Con esos objetivos, el nuevo Reglamento pone el foco en la planificación y dirección por objetivos; en la simplificación, la reducción de cargas administrativas y la digitalización; en la eliminación de los trámites procedimentales que no aporten valor, y en facilitar que la ciudadanía no tenga que entregar documentos que ya obren en poder de las administraciones públicas.

También busca racionalizar la contratación pública y constituir una Central de Contratación, que impulse sistemas más ágiles y dinámico, y a la que puedan adherirse los municipios de Gran Canarias de menos de 20.000 habitantes; y refuerza el sistema de integridad institucional, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, destinado a promover instituciones sólidas, por lo que incluye las últimas exigencias legales en materia de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.