El Pleno del Parlamento convalida el decreto ley de medidas en materia territorial y urbanística y acepta la propuesta del Gobierno de tramitarlo como proyecto ley

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha asegurado en el Parlamento de Canarias que los decretos para la recuperación de La Palma “miran al presente y futro de la isla y crearán el primer precedente normativo para atender futuras erupciones en Canarias, que se complementará con la ley de volcanes que se empezará a tramitar en febrero”.

La consejera hizo estas afirmaciones en su intervención ante el Pleno celebrado este pasado miércoles para convalidar decreto ley 9/2023 de medidas en materia de ordenación territorial y urbanística para la recuperación de La Palma, que entró en vigor el pasado 19 de diciembre.

El decreto recibió el aval de la mayoría del Pleno que, además, aceptó el planteamiento de Nieves Lady Barreto de tramitarlo como proyecto de ley, “para incorporar las mejoras que se consideren necesarias y para dar mayor seguridad jurídica a la reconstrucción”. La consejera lamentó, sin embargo, que tanto Nueva Canarias como el PSOE no votarán a favor de la convalidación.

“En la pasada legislatura, el anterior Gobierno trajo al Parlamento once decretos leyes sobre La Palma y a pesar de que la oposición hizo decenas de propuestas para mejorarlos, nunca aceptaron ninguna y tampoco aceptaron tramitarlos como proyecto de ley. A pesar de eso, siempre votamos a favor de todos los decretos del Pacto de las Flores porque pusimos por delante del conflicto político dar solución a los problemas de La Palma para poder caminar”.

Cabe recordar que el decreto recibió hace tan solo una semana el refrendo de todos los cabildos insulares en la Comisión General de Cabildos del Parlamento (con la excepción de Gran Canaria, que no participó en la comisión), con el apoyo también unánime de los representantes de todos los grupos parlamentarios.

El decreto cuenta, además, con un informe jurídico favorable, emitido antes de su aprobación en diciembre, y con el aval del Consejo Consultivo, que en su dictamen aprecia la extraordinaria y urgente necesidad que justificaba el decreto ley y que concluye que el contenido del mismo se adecúa a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico.

Nieves Lady Barreto señaló ante el Pleno que con un solo decreto no se da respuesta a la totalidad de los afectados y que, para ello, el Gobierno ha establecido una hoja de ruta compuesta por un total de cuatro decretos. “Todo lo que quede sin resolver en uno, se resolverá en el siguiente”, aseguró, al tiempo que manifestaba su gratitud y la de todo el Gobierno de Canarias “con todos los palmeros que durante dos años lucharon para que se les reconociera de manera justa sus derechos como afectados”.

La consejera recordó que el decreto ley en materia territorial y urbanística convalidado hoy por el Parlamento es el primero de la hoja de ruta trazada por el Gobierno de la que forman parte otros tres decretos más: uno en materia agraria, otro en materia vivienda y otro para la reactivación de la actividad comercial e industrial.

Recalcó, por otro lado, que el decreto reconoce el derecho de lo afectado a percibir una compensación económica por el valor de lo perdido y lleva aparejado el plan de pagos que se pondrá en marcha con los 150 millones con los que cuenta el Gobierno de Canarias este año (50 millones de fondos propios y 100 millones del Estado).

Asimismo, la norma garantiza el derecho de propiedad de los afectados sobre sus parcelas y reconoce el derecho de los causahabientes de los afectados ya fallecidos, además de modificar el decreto 2021 para que los afectados puedan trasladar su derecho a la reconstrucción a cualquier parte de la isla y hacerlo extensible a las segundas viviendas y viviendas vacacionales.

Por su parte formaciones como Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) enmendarán, en el Parlamento, el decreto ley 9/2023 de reconstrucción de La Palma del Gobierno para dar “soluciones” a las realidades de “todos” los afectados por la erupción del volcán Tajogaite. El portavoz parlamentario de NC-BC, Luis Campos, defendió que, a las personas perjudicadas sin exclusiones, se les reconozcan sus derechos con medidas adaptadas a sus situaciones singulares.

El grupo canarista, en el pleno extraordinario de este miércoles, se abstuvo en la convalidación del Decreto Ley 9/2023 de Medidas en Materia Territorial y Urbanística para la Recuperación Económica y Social de La Palma, pero apoyó su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Luis Campos defendió la necesidad de seguir arbitrando soluciones tributarias, económicas y legislativas con el fin de que “todos los afectados recuperen sus derechos, pero no con las mismas medidas para todos”.

Frente al discurso del Ejecutivo de CC y el PP, el portavoz canarista sostuvo que “no es cierto” que el decreto solucione todas las situaciones provocadas por el volcán. Para NC-BC, la norma gubernamental genera “más incertidumbres que soluciones”.

Aseguró que no resuelve, de manera eficaz, la situación de quienes tienen una propiedad en la colada de más 10 metros frente a las situadas en una menor profundidad. Sin embargo, denunció que la propuesta gubernamental “sí es eficaz para quienes más recursos económicos tienen”. Se refería a quienes tengan la posibilidad de pagarse la instalación de los servicios de luz, agua, saneamiento y demás necesarios para poder habitar en su propiedad hasta que los proyectos urbanísticos sean aprobados. Se generan dos situaciones completamente distintas, recriminó el parlamentario canarista.

Para NC-BC, el decreto ley antepone sus medidas a cualquier tipo de planificación previa en materia urbanística. Justificada la necesidad de adoptar soluciones extraordinarias ante acontecimientos tan singulares como una erupción volcánica, Luis Campos apoyó la posibilidad de reubicar una vivienda habitual en suelos rústicos de protección agraria o de protección ambiental. Pero rechazó que esta excepcionalidad beneficie a quienes pretenden reedificar segundas residencias y viviendas de alquiler vacacional en los citados suelos.

“Todos asumimos”, observó el portavoz de NC-BC, que la recuperación del medio de vida, de la primera vivienda justifica claramente la aplicación de soluciones extraordinarias y urgentes. Pero, para una vivienda vacacional, en opinión de Luis Campos, se pueden arbitrar otros mecanismos a través de acuerdos con la administración pública para crear bolsas de suelo que permitan un planeamiento “ordenado que evite la dispersión” y el consecuente consumo indiscriminado del territorio por las infraestructuras complementarias necesarias.

“No se trata”, planteó Luis Campos, de “abandonar a nadie, pero las medidas “no pueden ser las mismas para todo el mundo”. En Nueva Canarias-BC, “no cuestionamos los derechos de las personas afectadas a recuperar lo que la lava se llevó por delante”. Por este motivo, el grupo canarista propondrá enmiendas de mejora que den soluciones a las situaciones singulares de los afectados.

“Lo haremos con la voluntad de llegar a acuerdos”, subrayó, con el resto de los grupos del Parlamento con el objetivo de aprobar una ley que mejore el decreto y permita una reconstrucción sostenible acorde con los intereses generales de la ciudadanía de La Palma.

La diputada por La Palma del Grupo Parlamentario Socialista Alicia Vanoostende criticó en el Pleno de la Cámara regional la convalidación por parte del Gobierno de Canarias del Decreto Ley 9/2023, de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de la Palma, al considerar que el Ejecutivo “vuelve a olvidarse” de las personas afectadas por la erupción volcánica y “no cumple” con la isla.

Vanoostende intervino en el debate sobre el decreto de reconstrucción de la isla, en el que el Grupo Parlamentario Socialista ha votado abstención. “No nos gusta este Decreto, ni a nosotros ni a muchas de las asociaciones de afectados, pero somos un partido de gobierno que aboga por la política constructiva. Lo que pedimos es el compromiso para que se tramite como proyecto de ley y que podamos presentar las enmiendas y modificaciones para que finalmente incluyan a todas las personas. A los grupos que apoyan al gobierno les solicitamos altura de miras, predisposición para negociar, dejar las siglas políticas y pensar en lo importante, que son las personas afectadas”.

La diputada socialista reiteró que este documento se ha elaborado “desde el oscurantismo, de espaldas a la ciudadanía”, y sin hacer caso ni siquiera a las propuestas planteadas por las personas afectadas durante el breve periodo de exposición pública. “El actual Gobierno de Canarias olvida los borradores redactados en la anterior legislatura, que estaban consensuados con todas las personas afectadas y que ofrecían seguridad jurídica, para bendecir un decreto de CC que dejaría en el limbo, en el mejor de los casos, a la mayor parte de las personas que sufrieron las graves consecuencias de la erupción”.

Además, denunció que la labor del gobierno en estos primeros seis meses ha sido “decepcionante”, y que “no ha cumplido” con La Palma, porque además de este decreto, aún no se han pagado las ayudas de pérdida de cosecha ni se han convocado nuevas ayudas para reconstruir fincas en los bordes de la colada.