La razón de las renovables

La transición energética hacia modelos sostenibles se ha convertido en una necesidad urgente, respaldada tanto por la evidencia científica como por la creciente inestabilidad geopolítica. Ya no se trata de una cuestión ideológica o de largo plazo, sino de una transformación imprescindible ante los riesgos de mantener un sistema basado en combustibles fósiles. Desde hace décadas, organismos internacionales y la comunidad científica han advertido sobre esta problemática, aunque los avances hacia un modelo limpio siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del desafío.

El impacto más visible del actual modelo energético es el calentamiento global. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la temperatura media global ha aumentado aproximadamente 1,1 °C desde la era preindustrial, lo que ha intensificado fenómenos extremos como olas de calor, incendios forestales, sequías prolongadas e inundaciones. A ello se suma la grave contaminación atmosférica: la Organización Mundial de la Salud estima que cerca de siete millones de personas mueren cada año por exposición a aire contaminado, gran parte derivado de la quema de combustibles fósiles. Estos datos reflejan no solo un problema ambiental, sino también una crisis de salud pública global.

Además del impacto climático y sanitario, el modelo energético actual presenta una fragilidad estructural significativa. La dependencia de recursos concentrados en regiones geopolíticamente inestables ha generado tensiones económicas y políticas, especialmente en Europa. Durante años, el continente dependió en gran medida del gas procedente de Rusia, situación que quedó en evidencia tras la invasión de Ucrania en 2022. Este conflicto desencadenó una crisis energética sin precedentes recientes, en la que el precio del gas llegó a multiplicarse por más de cinco, afectando tanto al coste de la electricidad como a la economía de hogares e industrias.

A esta situación se han sumado tensiones en Oriente Medio, la última es la guerra de Irán, que han impulsado los precios del petróleo en los mercados internacionales. El barril de Brent ha superado los 100 dólares en varios momentos recientes, mostrando la volatilidad de un sistema energético dependiente de factores externos. Esta inestabilidad impacta directamente en la inflación, el crecimiento económico y la seguridad energética de los países importadores. Por eso Europa acaba de lanzar un plan de diez puntos para reducir la demanda.

En este contexto, el responsable de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, ha advertido que “la guerra de Irán ya es la mayor amenaza de la historia para la seguridad energética”, y numerosos expertos coinciden en que un escenario con el petróleo a 200 dólares haría al mundo “infinitamente más pobre y con menos empleo”.

Ante este panorama, la transición hacia energías renovables aparece no solo como una respuesta ambiental, sino también como una estrategia de soberanía energética y estabilidad económica. Tecnologías como la solar, la eólica o la hidráulica ofrecen ventajas clave: son recursos autóctonos, abundantes y cada vez más competitivos. Los datos lo confirman: según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), el coste de la electricidad solar fotovoltaica ha caído cerca de un 85 % desde 2010, mientras que la eólica terrestre ha reducido sus costes en torno a un 55 %. En muchas regiones, estas tecnologías ya resultan más baratas que los combustibles fósiles incluso sin subsidios. Además, el sector de las renovables emplea a más de 13 millones de personas en todo el mundo, con previsión de duplicarse en las próximas décadas.

Sin embargo, el despliegue de estas energías no avanza al ritmo necesario para cumplir los objetivos climáticos internacionales. El Acuerdo de París establece la meta de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C, lo que requiere una reducción drástica de emisiones en esta década.

En Europa, el debate energético se ha intensificado tras las crisis recientes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a afirmar que reducir la energía nuclear había sido un error, lo que refleja la complejidad del contexto actual. En Canarias la ultraderecha ha llegado a plantear la instalación de pequeñas plantas nucleares en el mar..

Pese a estas divergencias, responsables internacionales insisten en no desviar el foco de las energías renovables. Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha señalado que los conflictos bélicos evidencian la urgencia de acelerar la transición energética. En sus palabras, “cada crisis es un recordatorio de que la dependencia de los combustibles fósiles no solo es insostenible desde el punto de vista climático, sino también peligrosa desde una perspectiva geopolítica”.

El consenso científico es claro: la transición energética debe ser rápida, estructural y sostenida. No basta con aumentar la generación renovable, sino que es necesario transformar sectores clave como el transporte, la industria y el consumo energético. En este proceso, resultan fundamentales la electrificación verde y flexible, el almacenamiento mediante baterías, el hidrógeno verde y la mejora de la eficiencia energética.

Asimismo, la transición debe abordar las desigualdades globales en el acceso a la energía. Mientras en los países desarrollados el foco está en la descarbonización, en muchas regiones millones de personas aún carecen de electricidad. Garantizar una transición justa e inclusiva es esencial para que los beneficios de las nuevas tecnologías se distribuyan de manera equitativa. Desde el punto de vista económico, esta transformación representa una gran oportunidad: el Fondo Monetario Internacional estima que una transición acelerada podría generar millones de empleos y favorecer el crecimiento global a medio plazo.

En definitiva, la transición hacia energías limpias no es opcional, sino imprescindible. Las evidencias científicas, los datos económicos y la realidad geopolítica coinciden en señalar la insostenibilidad del modelo actual. Las crisis recientes han evidenciado las debilidades de un sistema dependiente de recursos finitos y concentrados en regiones conflictivas, reforzando la necesidad de avanzar hacia un modelo más resiliente, justo y seguro.

En este contexto, uno de los debates más frecuentes es el impacto paisajístico de las energías renovables. Aunque es legítimo proteger el entorno, no puede priorizarse una visión estática del paisaje frente a la urgencia de la transición energética. Las infraestructuras renovables tienen un impacto en gran medida transitorio y reversible, mientras que los efectos del cambio climático son acumulativos y, en muchos casos, irreversibles. Por tanto, avanzar hacia energías limpias es también una forma de preservar el entorno a largo plazo.

Otra fuente de oposición a las renovables surge cuando la población local no percibe beneficios directos. Para reducir este rechazo, es fundamental repartir mejor el valor generado. Esto implica ofrecer beneficios económicos como participación en proyectos o descuentos en la factura eléctrica, así como promover modelos comunitarios que aumenten la implicación ciudadana. También son importantes las compensaciones visibles, como inversiones en infraestructuras, y una participación real desde las fases iniciales de los proyectos.

La percepción de justicia resulta determinante: cuando los beneficios se distribuyen de manera equilibrada, disminuye el conflicto social. Finalmente, una comunicación clara, centrada en impactos concretos como ahorro, empleo o mejoras locales, es más eficaz que los argumentos abstractos. En conjunto, la clave para el éxito de la transición energética radica en pasar de un modelo percibido como impuesto a uno basado en la implicación activa de la ciudadanía.

España ha afrontado mejor la crisis energética derivada de las tensiones en torno a Irán que otros países de la Unión Europea gracias a su mix energético. La alta penetración de energías renovables, como la solar y la eólica, ha reducido su dependencia de combustibles fósiles importados, más expuestos a la volatilidad internacional. Esto ha permitido contener mejor los precios de la electricidad y mitigar el impacto sobre hogares y empresas, favoreciendo una mayor estabilidad económica y un crecimiento superior al de otras economías europeas.

Igualmente,  ha reforzado su apuesta por las renovables con el nuevo Real Decreto-ley 7/2026, que destaca por ampliar el radio del autoconsumo compartido hasta los 5 km y ofrecer deducciones fiscales del 20% en instalaciones solares y aerotermia. Además, se han movilizado 2.000 millones de euros en ayudas para la industria limpia y se ha fijado el objetivo de alcanzar los 16.000 MW en almacenamiento por baterías. Todo esto se enmarca en la actualización del PNIEC, tras haber logrado el hito histórico de cubrir el 100% de la demanda peninsular con fuentes limpias en abril de 2025.

Pero se siguen olvidando de  dar un paso importantísimo, comprometido además con Gran Canaria: poner en marcha cuanto antes  la subasta para hacer posible la implantación de la eólica marina en nuestra isla. Esto, Salto de Chira y su ampliación a Las Niñas, la geotermia y un nuevo concurso de concurrencia competitiva donde se premie la generación de un sistema flexible y almacenamiento, garantizaría nuestra soberanía energética. Están tardando.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria