NC-BC considera “absolutamente inaceptable” utilizar el problema del acceso a la vivienda como “excusa para privatizar la gestión del urbanismo”

La diputada de Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández presentó este pasado jueves, en el Parlamento, un paquete de 24 enmiendas a un proyecto de ley del Gobierno de Fernando Clavijo con el objetivo de frenar la privatización de las licencias urbanísticas y reforzar el control público del suelo en el Archipiélago. Hernández denunció que el Proyecto de Ley para la Agilización de la Tramitación de Licencias Urbanísticas y el Impulso de la Construcción de Viviendas es una “privatización encubierta del urbanismo”, que no resuelve el grave problema de acceso a la vivienda. Las propuestas de mejora de NC-BC incluyen una fiscalidad social para facilitar el acceso a la residencia habitual, con “menos impuestos para vivir y más para especular”. Rebajas fiscales para jóvenes y para la compra o alquiler del inmueble habitual y un aumento de la presión tributaria, principalmente, a los fondos de inversión, incluidos los extranjeros, y entidades bancarias. También el Plan de Alquiler Seguro para movilizar una parte de las 211.000 viviendas vacías existentes en las islas.

Carmen Hernández explicó que el Ejecutivo de CC y el PP presenta esta iniciativa, que procede de un decreto ley en vigor, como una medida para agilizar licencias y facilitar la construcción de viviendas, pero en realidad traslada funciones públicas al sector privado. Para NC-BC es “absolutamente inaceptable” utilizar el problema del acceso a la vivienda como “excusa para privatizar la gestión del urbanismo”.

Cuestionó además la justificación del Gobierno sobre los retrasos en las licencias urbanísticas. “No se deben solo a los informes técnicos municipales, sino a una suma de factores, como proyectos incompletos o informes sectoriales. La solución no es privatizar los informes técnicos”, subrayó.

Cinco bloques de enmiendas

Las enmiendas de NC-BC se organizan en cinco bloques. El primero defiende el interés general y el control público del urbanismo eliminando los artículos que permiten que colegios profesionales o entidades privadas sustituyan a los informes técnicos municipales. Hernández advirtió de que esta fórmula podría vulnerar principios constitucionales al trasladar funciones públicas al sector privado.

El segundo bloque propone soluciones públicas para agilizar licencias mediante el refuerzo de las oficinas técnicas municipales, la promoción de la colaboración entre administraciones, utilizar empresas públicas y mancomunar servicios urbanísticos entre ayuntamientos.

El tercer paquete de medidas defiende la autonomía municipal al plantear que cualquier Ayuntamiento que quiera recurrir a informes externos debe ser aprobado previamente en pleno.

El cuarto bloque elimina artículos que regulan, de forma incorrecta, la responsabilidad patrimonial, lo que podría generar problemas de inconstitucionalidad al invadir competencias estatales.

Facilidades para acceder a una vivienda

El último bloque aborda el acceso a la vivienda que, según NC-BC, el proyecto de ley deja sin resolver. A pesar de CC, el PP, la ASG y la AHI que sostienen al Ejecutivo de Clavijo en el Parlamento, Carmen Hernández mantiene que hay que reconocer la vivienda como derecho subjetivo, movilizar viviendas vacías para alquiler asequible y aplicar una fiscalidad social para reducir el coste de acceso a la residencia habitual y penalizar la especulación.

Entre las medidas tributarias destacan el aumento de la deducción autonómica en el IRPF por arrendamiento del 24% al 35% y ampliar la edad beneficiaria hasta los 40 años. Reducir al 3% el impuesto de Transmisiones para la compra de vivienda habitual, aplicar un IGIC superreducido del 1% para vivienda y elevar hasta el 20% el impuesto de Transmisiones a grandes tenedores, fondos de inversión incluidos los extranjeros y entidades bancarias que compren edificios completos con fines especulativos.

Carmen Hernández concluyó que las enmiendas del grupo nacionalista progresista buscan invertir la lógica del Gobierno de las dos derechas canarias. “Nosotros planteamos lo contrario. Menos impuestos para vivir y más para los especuladores”, resaltó la parlamentaria de Nueva Canarias-BC.